Por Gabriela Calotti
“Necesitamos que las penas se cumplan y que, una vez cumplida la condena, suceda la reinserción social”, afirmó el 26 de abril en el Senado de la Nación el legislador por Mendoza Julio Cobos, en representación del bloque Cambiemos al respaldar el proyecto de reforma de la Ley 24.660 de Ejecución Penal, desconociendo las consecuencias sociales que supone restringir el beneficio o derecho de las salidas anticipadas, transitorias o de libertad condicional. Pero además ignoró que la mayor parte de las personas privadas de libertad no están condenadas sino procesadas, y por ello no pueden acceder a esos beneficios o derechos. Frases grandilocuentes que no ponen en tela de juicio el funcionamiento del aparato judicial, penitenciario y político.
La iniciativa, impulsada por el diputado Luis Petri, también mendocino por la UCR-Cambiemos, había recibido media sanción en la Cámara de Diputados a fines de 2016. Tras su paso por el Senado, donde le introdujeron algunas reformas, volvió a la Cámara Baja donde espera su aprobación definitiva, pero todavía los bloques no fueron notificados sobre la fecha exacta de tratamiento, pudo saber Contexto.
“Nadie puede pensar que dejando más gente adentro de las cárceles, por más tiempo, vamos a lograr que se reinserten mejor en la sociedad. Más hacinamiento es más maltrato, menos resocialización, y (tarde o temprano) más violencia devuelta a las calles”, afirmó Guillermo Nícora, director del área de Cárceles y Política Penitenciaria del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en un artículo publicado en la página de esa organización.
La votación en el Senado pasó casi desapercibida. Con 48 votos a favor y 8 en contra, se avalaron las reformas introducidas y la iniciativa volvió a Diputados.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales le introdujo cambios, excluyó de la lista los delitos de homicidio simple y contrabando simple, pero incluyó los de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población.
Días antes de su aprobación en el Senado, magistrados y especialistas expusieron ante la Cámara, pero sus opiniones tampoco tuvieron eco en los grandes medios. El juez Sergio Delgado, camarista del Fuero Penal y Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y ex juez de Ejecución Penal, fue uno de los que explicó que con esta reforma casi ningún detenido/a podrá acceder a la readaptación en la vida en sociedad. Casi nadie va a poder acceder al régimen de progresividad penal.
“Lamentablemente, en el Senado no nos escucharon”, sostuvo el magistrado, para quien la defensa del diputado Petri “es profundamente equivocada”, pues “va a contramano de todo el conocimiento científico sobre la ejecución de la pena”.
En declaraciones al programa “Volver a las fuentes” de radio Del Plata, el magistrado afirmó que “es una trampa” decir que “para acceder a la ley será vinculante que el imputado o condenado haya cumplido dos terceras partes de la condena con calificación de conducta y concepto cinco”, pues esa premisa “ignora que la mayor parte de la gente que está en la cárcel no está condenada, sino procesada” y por lo tanto “no puede acceder a ese requisito”.
“Ahí hay un problema y es que las condenas deben ser flexibles y de cumplimiento progresivo”, sostuvo el juez, y agregó un dato revelador sobre el retroceso social que significa esta reforma. “El régimen estanco de ejecución de la pena se probó hace doscientos años. En el siglo XIX se probó la ejecución completa de la pena desde el primer día hasta el último y fracasó”, sentenció.
“Está constatado que la tasa de reincidencia es mayor cuando las personas salen el último día de su pena.”
“Está constatado que la tasa de reincidencia es mayor cuando las personas salen el último día de su pena”, en relación con quienes pueden acceder a un régimen progresivo de salida hasta obtener la libertad definitiva, subrayó.
“La persona que cumple la condena hasta el último día es más proclive a reincidir”, insistió el juez, para quien la progresividad abre camino a que “se reincorporen (a la sociedad en el afuera) con alguna posibilidad de éxito”.
Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP, Informe Anual 2015) consultados por Contexto, más de la mitad de las personas privadas de libertad están procesadas y aún no fueron condenadas. El 39% de la población carcelaria tiene entre 25 y 34 años de edad, y el 17% entre 21 y 24 años.
El juez precisó que las salidas transitorias se aplican al 5% de quienes llegan a la cárcel. El 95% no logra acceder a esas salidas transitorias aún cuando está probado que es el mecanismo con más alta probabilidad para reducir la tasa de reincidencia, precisó el juez.
“El egreso abrupto no es conveniente desde el punto de vista de la reincidencia”, afirmó Delgado. Además, desacreditó los datos que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich presentó ante el Senado al defender la reforma impulsada por el Ejecutivo. La funcionaria había dicho que el 90% de quienes cometen delitos sexuales reinciden al salir de la cárcel.
“Ese dato no es verdad”, retrucó el magistrado, que se apoyó en un estudio efectuado por un equipo que trabajaba en el Juzgado Nº 1 de C.A.B.A. y que dirigía Irene Corach, licenciada en Psicología de la UBA. “De 171 personas detenidas cumpliendo penas por delitos contra la integridad sexual, el porcentaje de reincidencia era del 18%, no del 90%”, sostuvo Delgado, antes de lamentar que los medios presenten “los casos que fracasan como si fueran la regla”.
El fiscal también cuestionó el “desaprovechamiento del tiempo penitenciario”, y destacó que el 80% de la población que está en la cárcel no está recibiendo ningún tratamiento, ni trabajo ni estudio. «El ocio regulado por los propios presos es la peor idea del régimen penitenciario”, remarcó.
Desoyendo las recomendaciones de los expertos, para la gobernadora María Eugenia Vidal, que tiene a su cargo las 55 unidades del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) donde están hacinados 35.889 personas privadas de su libertad (de las 75.000 de todo el país, incluidas las del Sistema Penitenciario Federal), la única solución es agrandar o construir más cárceles sin pensar en el uso del tiempo intramuros, impulsando iniciativas como esta, que restrinjan la reinserción paulatina, o limitando el acceso a la educación en las salidas transitorias.
A principios de mayo, el ministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, dijo que Vidal comprendió la “necesidad” de construir más cárceles y para ello promoverá inversiones privadas. Días más tarde, el Gobierno nacional le otorgó a Vidal un crédito por 500 millones de pesos para apurar esas obras.
“Dar herramientas a los internos para que puedan hacer su vida lejos del delito también es cuidar a los vecinos”, decía Vidal en la apertura de las sesiones legislativas el 1º de marzo, anticipando su estrategia para excluir a las y los privados de libertad de cualquier posibilidad de reinserción en el afuera. Cada palabra no es elegida al azar y contiene una enorme dosis de cinismo. ¿A qué herramientas se refería si las poquísimas que tenían las están recortando?
Nicora resume la situación hacia la que avanzan Macri y Vidal: “La reforma parece ignorar que más cárcel empeora la situación que se busca solucionar”.
