Agustín Ramírez fue un referente de la lucha por la tierra y la vivienda de los años ochenta en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Había iniciado su militancia social en las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y luego formó una agrupación denominada Equipo Social Latinoamérica Gaucha (ESLAGA), que editaba un periódico barrial con el mismo nombre.
El 24 de mayo de 1988, denunció al personal de la Comisaria de Rafael Calzada por la represión que habían sufrido los sin techo de esa localidad cuando intentaron ocupar unos terrenos. Días después, el 5 de junio, lo secuestraron, torturaron y asesinaron junto a su amigo Javier Sotelo, en el barrio San Martín de Solano.
La causa fue cerrada tras declarar inimputable al único acusado por el doble crimen, un ex policía de la Federal con problemas de salud mental, a quien apodaban “El Chanchero” porque cuidaba animales en la zona. Lo recluyeron en una institución psiquiátrica y, al poco tiempo, salió en libertad. Pero la familia de Agustín siempre apuntó hacia la Policía bonaerense, que aplicaba los mismos métodos de la dictadura al servicio de los intereses inmobiliarios.
Uno de los testigos clave apareció muerto con un balazo en la cabeza y ni siquiera llegó a declarar. Otro fue secuestrado, torturado y amenazado, por lo que decidió irse a vivir a Paraguay, donde murió años después. Sin embargo, en 2014 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aportó los legajos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), donde se reconoce la responsabilidad de la fuerza.
“En el mismo momento en que ocurre el asesinato comienza un seguimiento muy pormenorizado a todas las organizaciones barriales y partidos políticos que participaban del reclamo de justicia. Se investigó mucho a Agustín como militante, su ideología, pertenencia política y trayectoria, con la misma lógica que en los años de la dictadura. Y se lo siguió haciendo durante muchos años, cuando se inauguraba un mural en el barrio o se hacía un acto de recordación”, explicó a Contexto Sandra Raggio, directora de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM.
En esos documentos, la DIPPBA –disuelta en 1998– se refiere a Agustín como un “militante de izquierda que fue abatido el 05-06-88 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.
También señala que “fue el primero en objetar el Servicio Militar Obligatorio” y “uno de los cabecillas de un grupo de personas que se dedicaba a captar carenciados sin lugar de residencia para introducirlos en terrenos fiscales y así radicar asentamientos”, además de enumerar con lujo de detalles las actividades que desarrollaba en la revista Latinoamérica Gaucha.
“El móvil del homicidio es político y se da en el marco de una fuerte disputa entre los sectores populares y los negocios inmobiliarios, con la policía en el medio. Hay una clara continuidad de las prácticas de la dictadura en el caso Agustín Ramírez”, subrayó Raggio.
Con estos legajos, la familia busca ahora que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declare el caso como delito de lesa humanidad y exija al Estado argentino la reapertura de la causa.
La presentación ante el organismo interamericano se hizo este lunes y luego se ofreció una conferencia de prensa encabezada por la madre de Agustín, Francisca Quintana, el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, el titular de la APDH La Matanza, Pablo Pimentel, y el abogado de la causa, Alejandro Bois.
“Hay que esperar a que la CIDH se expida, pero esto nos da un poco de esperanza. Esperamos que se haga justicia”, dijo a Contexto Javier Ramírez, quien recordó a su hermano como “una persona de veintitrés años muy solidaria, que siempre ayudaba al que menos tiene y luchaba por la justicia social a través de las tomas de tierra”.
Javier también adelantó que el próximo domingo 11 de junio, a partir de las 15 hs, la Comisión Amigos y Familiares de Agustín Ramírez realizará un acto de homenaje con los vecinos de Solano en la Parroquia Las Lágrimas, ubicada en calle 829 entre 888 y 889.
