En 2003, solamente el 65% de los adultos mayores de nuestro país tenían cobertura previsional, es decir, cobraban una jubilación o pensión. En 2015, ese índice había trepado al 97%. Si en 2003 el número de jubilados era exactamente de 3.158.164, nueve años más tarde esa cifra ascendía a 5.735.083. En ese lapso, el Gobierno argentino impulsó una serie de leyes que permitieron recuperar un sistema previsional fuerte, solidario e íntegramente del Estado, financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) creado en el seno de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones.
Desde diciembre de 2015, la alianza Cambiemos “tanto en la ANSES como en el PAMI (obra social de jubilados y pensionados) no ha hecho más que socavar los derechos de los jubilados, quitar prestaciones y realizar ajustes”, dijo a Contexto la abogada Marina Valderrama al término de una charla en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata.
Al crear el FGS en 2007, los Gobiernos de Néstor Kirchner y de su sucesora ese mismo año, Cristina Fernández de Kirchner, habían establecido claramente el uso de sus fondos: invertir en empresas siendo el Estado un accionista minoritario y realizar emprendimientos como el Pro.Cre.Ar., que hizo realidad para miles de personas, principalmente jóvenes, el sueño de la casa propia.
El Gobierno de Mauricio Macri, en cambio, “dio vía libre al desfinanciamiento del sistema previsional a través del desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES”, cuestionó Valderrama. En efecto, rápidamente, Cambiemos se está encargando de aprovechar para beneficio de empresas privadas el FGS que a fines de 2015 contaba con un caudal de 770.000 millones de pesos.
En el marco de su llamada Ley “de Reparación Histórica” 27.260, y que muchos denominan “Ley de Estafa Histórica”, se estableció que pueden venderse las acciones que la ANSES tiene en diversas empresas como Telecom, Banco Macro, Edenor Pampa Energía, Camuzzi, Grupo Clarín, Metrovías, Molinos Río de La Plata y Petrobrás, entre otras.
“Cambiemos está desguazando la ANSES y poniendo en peligro el pago de jubilaciones y pensiones”, afirmó durante la charla la letrada al referirse al conjunto de medidas que impulsó el oficialismo, entre estas la “reparación histórica” que es claramente “el cercenamiento de derechos de los jubilados que hubieran podido hacer juicios previsionales”.
Para facilitarle la tarea, en septiembre del año pasado la Justicia rechazó un amparo colectivo que buscaba frenar la venta de los activos de la ANSES. Esa decisión judicial dio luz verde a Macri para beneficiar a los dueños de empresas privadas, es decir, sus amigos. Para entonces, ya analizaban en el Ejecutivo la venta de acciones en seis empresas.
“El primer desguace fue la venta del 12% de Petrobrás a Pampa Energy”, la eléctrica del multimillonario británico Joe Lewis, amigo de Macri, que se apropió del Lago Escondido, cerca de El Bolsón, donde, por ejemplo, se niega a acatar una orden judicial para que se habilite el acceso público al lago. Curiosamente, “las acciones de la ANSES vendidas a 10 pesos luego valían 18”, explicó Valderrama.
En mayo le siguió la venta de las acciones que la ANSES tenía en la empresa de agroquímicos Solvay Indupa (16,7%) por 69,2 millones de pesos, que pasó a controlar la brasileña Unipar Carbocloro, según el diario Ambito Financiero. Supuestamente ese dinero debería ir a las arcas de la ANSES, “pero no estamos del todo seguros”, advirtió Valderrama. “En mayo, el Estado emitió deuda por 16.000 millones de pesos pagados por la ANSES”, remató.
Desde 2003, sucesivas leyes fueron rearmando el sistema previsional para incluir, por ejemplo, a miles de mujeres que a partir de 2005 pudieron acceder a una jubilación de “amas de casa” mediante una moratoria a la que el macrismo puso fin en septiembre del año pasado. La Ley 25.994 de Prestación Anticipada, la Ley 26.222 que posibilitó volver al sistema estatal a quienes habían adherido al sistema de las AFJP, la Ley 26.425 que unificó el sistema previsional en un sistema de reparto, y la Ley 26.417 que estableció la movilidad jubilatoria, es decir, los aumentos obligatorios en marzo y en septiembre, marcaron los ejes de las políticas públicas hasta 2015.
La sustentabilidad del sistema previsional se basó justamente en políticas contrarias a las que lleva adelante Macri, que genera desempleo y reduce los impuestos a los que más tienen. El FGS se apoyaba en una importante recaudación tributaria de los que más tienen (por ejemplo, las retenciones al campo que Cambiemos voló de un plumazo), y en incrementos salariales por arriba de la tasa de inflación alentando el consumo interno. Con Cambiemos, los salarios están cada vez más abajo de la inflación real, que en 2016 fue del 45% y este año se espera superior al 25%, según expertos y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La ola de despidos en el sector público y en el privado, con el cierre de pymes por todo el país en 2016 y lo que va de 2017, repercutirá negativamente en el sistema previsional. “La cuestión previsional está muy atada a lo laboral, que va hacia la flexibilización” del trabajo “porque la idea de este Gobierno es bajar el costo laboral como sea”, explicó la letrada.
Hacia dónde quiere ir el macrismo
La flexibilización laboral, es decir, el chantaje de cobrar menos para conservar el trabajo, por ejemplo, va de la mano de la reforma previsional que quiere apurar la alianza Cambiemos, que contempla una vuelta a las temibles AFJP que instaló el entonces presidente Carlos Menem, que además elevó la edad jubilatoria y aumentó a treinta los años de aportes.
“Fue un engendro del sistema de capitalización. Dijeron que sería más eficiente y no fue así. Fue un gran negociado de bancos y financieras. Los fondos de los trabajadores fueron usados para préstamos”, al punto que “en 2001 el 80% de esos fondos estaban en títulos públicos que entraron en default”, es decir, lisa y llanamente, en quiebra, explicó la abogada que forma parte de la Comisión en Defensa de los Derechos de los Adultos Mayores del Instituto Patria.
“Ahora van por la reforma de la ley previsional. Quieren volver al sistema privado, aumentar la edad de la jubilación y eliminar las moratorias”, agregó Valderrama. Al mismo tiempo “crean la pensión universal para mayores de 65 años”, lo que significa claramente llevar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años, es decir, cinco años más que ahora.
El macrismo va por la misma senda que la derecha europea, por ejemplo, con el discurso de que aumentó la esperanza de vida y entonces se puede trabajar más tiempo.
“Las mujeres vivimos siete u ocho años más que los hombres en promedio, pero esto no quiere decir que nuestra condición de salud en todos los ámbitos sea mejor. Justamente, la mujer tiene menor nivel de aportes porque hemos tenido menos participación en la actividad productiva”, agregó Adriana Frávega, directora del Centro de Comunicación de Adultos Mayores. “Macri redujo los impuestos de los más ricos, que cada vez pagarán menos, y esto va a incidir en la movilidad de las jubilaciones”, añadió Valderrama.
“Todo esto es una violación de los derechos humanos de los adultos mayores”, sostuvo la letrada que creció en Abasto, antes de invitar a los y las presentes a leer la Convención sobre los Derechos Humanos de los Adultos Mayores que Argentina impulsó en 2015 en la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento vinculante pero cuya aplicación depende del Poder Judicial.
