Por Pablo Roesler
“Si no se puede construir democratización en la fuerza policial o el sistema judicial, jamás vamos a poder construir seguridad democrática”, explicó Leonardo Grosso. El diputado nacional por el Frente para la Victoria (FpV) y referente del Movimiento Evita participará hoy a las 13hs en la mesa de apertura de la jornada “Mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito”, nombre del Tercer Encuentro Federal por una Seguridad Democrática, que se realiza en el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
“Hay que mostrar el contraste que aparece en la realidad, porque cada vez que se piden políticas de mano dura o se piensa la seguridad desde la demagogia punitiva, el costo social es de miles de pibes muertos o presos, que son todos pobres, y eso poco cambia la frecuencia delictiva. Entonces ahí hay una política de seguridad que ha fracasado y que trae un costo social enorme”, detalló Grosso.
El diputado inaugurará las jornadas junto al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, Victoria Montenegro y los legisladores Mónica Macha, Horacio Pietragalla y Pablo Ferrerya. “Este encuentro lleva por nombre ‘Mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito’ porque entendemos que la violencia institucional tiene que ver con la criminalización de la pobreza y de un sector de la sociedad, y con la discriminación”, adelantó Grosso antes del encuentro del que se espera que participen unas 4.000 personas.
En los paneles se discutirá sobre violencia policial, código de faltas y violencia penitenciaria, pero también sobre medios de comunicación, acceso a la tierra, a la vivienda y a la Justicia, organización popular o economía popular. ¿Cómo encajan esos temas en la campaña contra la violencia institucional?
Encajan de lleno, porque cada vez que hay un desalojo de tierras, por ejemplo en la provincia de buenos aires, la policía es la que regula hasta la toma o no de esas tierras, la Justicia es la que regula y defiende el interés de los terratenientes o los de los campesinos. La economía popular tiene regulación policial permanente: los manteros son malos si no le pagan coimas a la policía. Los jueces se dedican a perseguir banqueros pero poco hacen con los grandes evasores de la Argentina que son señores empresarios que viven en countries. Ahí está la discusión que nosotros venimos a dar en estos encuentros.
¿Cómo surgió la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que es la organizadora de este encuentro?
La campaña surgió hace cuatro años a partir del caso de Lautaro Bugatto, un chico asesinado en Almirante Brown por un policía que iba de civil. Esa fue la gota que rebalsó el vaso, lo que nos decidió a construir una iniciativa que nos permita llegar antes. Porque, si bien siempre acompañamos a las familias, estuvimos, movilizamos en estos casos, eso era llegar después. Y llegar antes significa hacer visible la problemática de que la violencia es institucional, y eso quiere decir que es sistemática y es sobre un sector de la sociedad determinado. La lanzamos en el Congreso de la Nación y construimos una asesoría gratuita de abogados que acompaña a los familiares, una red de organizaciones barriales en las provincias que acompañan la campaña y una red de familias de víctimas de gatillo fácil para que se acompañen en estas situaciones que, claramente, son muy difíciles de sobrepasar.
«La seguridad demagógica plantea seguridad con una parte de la población afuera: presa, perseguida o reprimida. Nosotros decimos que hay que construirla con toda la gente adentro».
¿Esta necesidad de llegar está relacionada con el cambio de época, porque el llegar después remite a las luchas por justicia en los casos de gatillo fácil de los noventa?
Exactamente. Tiene que ver con el cambio de época también en el sentido de que, como país, avanzamos muchos pasos en términos de distribución de la riqueza, de justicia social, de desarrollo económico del país, de conquistas de derechos por parte de los sectores populares. Entonces, hoy tenemos mejores condiciones para discutir qué es la violencia institucional. Hace quince años la policía mataba a los pibes igual que como sigue ocurriendo, pero estábamos ocupados haciendo merenderos porque los pibes se nos desmayaban de hambre en los brazos. Entonces hoy tenemos mejores condiciones materiales, subjetivas y de conciencia. La seguridad demagógica plantea seguridad con una parte de la población afuera: presa, perseguida o reprimida. Nosotros, como dice la presidenta sobre los números, decimos que hay que construir una seguridad pero con toda la gente adentro.
Este ncuentro se produce en un momento en el que la seguridad es uno de los temas de los candidatos del establishment, que proponen saturar las calles de policías. ¿Cómo se planta la campaña en un momento político así?
Nosotros nos planteamos algo que tiene que ver con el orden estratégico y que disputa un sentido de proyecto de país que va más allá de lo electoral. La centralidad de la campaña es que tenemos que conseguir una seguridad para todos. En esta época muchos hablan de saturación de patrulleros, de cámaras de seguridad, más armas, más policías, cuando esa política ya fracasó en el país y en el mundo entero. Lo único que se viene haciendo en materia de seguridad, salvo honrosas excepciones, es aumentar la cantidad de policías. Y en ese camino le estamos dando a la Policía bonaerense diez mil efectivos nuevos para meterlos en la boca del lobo. Son pibes que podrían ser los mejores policías y los metemos en una fuerza con connivencia del delito organizado, con sectores judiciales que están con el poder concentrado. Es mucho más complejo.
La Justicia ¿cómo encaja en este esquema de la seguridad democrática?
Salvo excepciones, la Justicia no encaja. Hay que democratizarla y tiene que ser accesible. Si no se puede construir democratización en la fuerza policial o el sistema judicial, jamás vamos a poder construir seguridad democrática. La policía dispara y los jueces también, cada vez que un juez deja libre a un policía que mató un pibe, cada vez que dejan preso a un chico por las dudas.
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La Jornada
El Tercer Encuentro comenzará a las 13hs en el Congreso de la Nación. Tras la mesa de apertura se realizará una clase magistral sobre seguridad democrática y popular, de la que participarán, entre otros, la embajadora ante la OEA, Nilda Garré, la procuradora Alejandra Gils Carbó y el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier. Luego, entre las 15 y las 17hs, se realizarán talleres que abordarán ejes temáticos sobre economía popular, medios de comunicación, acceso a la tierra, acceso a la vivienda, acceso a la Justicia, violencia policial y códigos de faltas, prevención de la violencia y estrategias de organización popular y violencia penitenciaria. En esos paneles participarán, entre otros, Jorge Taiana, Mariano Recalde, Cynthia Ottaviano y Martín Sabbatella. El cierre del encuentro será en las escalinatas del Congreso a las 18hs, y el documento final será leído por Susana Trimarco y Rosa Bru.
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