El predio de la localidad platense de Abasto que comienza en la equina de la Avenida 520 y 214 es por estos momentos tierra arrasada. Donde hace apenas unas horas estaban 350 familias, unas 1.300 personas, ahora hay desplegada una implacable guardia de la Infantería de la Policía bonaerense.
El escenario cambió en un abrir y cerrar de ojos tras un violento desalojo, que incluyó detonaciones de escopeta, palos y retroexcavadoras. La solución final llegó cuando parecía que se iba a imponer el diálogo y la política; pero la Justicia desoyó los reclamos del vicegobernador Gabriel Matiotto y de legisladores y concejales kirchneristas que estuvieron en el lugar con gestiones contrarreloj para evitar la represión.
El infierno se inició a las 5 de la mañana de ayer, cuando comenzaron las balas de goma y los gases lacrimógenos, que dejaron el resultado de diez personas heridas y trece detenidos. “Nos agarraron durmiendo, llegaron 700 efectivos, entraron a las casas y les pegaron a mamás embarazadas”, denunció un vecino. Los demorados fueron liberados a última hora luego de varias horas de presión de dirigentes y militantes.
Con lo ocurrido, la sensación que se apoderó de todos los involucrados es que una vez más triunfó la presión de los más poderosos. «No puede prevalecer el interés de mercado de una inmobiliaria frente a los derechos de todos los habitantes», dijo Florencia Saintout, concejal del bloque Frente para la Victoria Nacional y Popular.
En concreto, se señala a la inmobiliaria Mattioli, que se adjudica la propiedad de los terrenos en pugna e impulsó la denuncia por ocupación. En la misma sintonìa se expresó Mariotto: “Esto fue para asignarle a Alberto Mattioli las hectáreas, en una medida que favorece intereses de un privado que ni siquiera acredita posición del terreno”.
Mariotto adelantó también que presentará un pedido de juicio político para el juez Pablo Raele y la fiscal Betina Lacki “por las irregularidades del fallo y por la acción represiva de la policía impulsados por ellos”, ya que fueron los responsables de cerrar el camino a la negociación. Hasta pasaron por arriba una medida cautelar que había emitido para cuidar a los más chicos el juez Luis Federico Arias del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1.
También se acercaron el senador provincial Emilio López “Taka” Muntaner (FpV), el diputado provincial Gustavo Di Marzio (FpV), los concejales Guillermo “Nano” Caro y Ludmila Kostiuk (FpV-NP), y referentes de organizaciones sociales y de derechos humanos, como Facundo Pérsico y Rosa Schonfeld de Bru. Saintout también cuestionó el “alarmante silencio de la Municipalidad de La Plata frente a uno de los peores atropellos a los derechos humanos en la ciudad de los últimos años”.
Los presentes criticaron la autonomización de las fuerzas de seguridad, ya que durante la tensa jornada Arias fue insultado y empujado por el comisario a cargo del operativo. Es que el avance de los uniformados se dio después de que el propio Mariotto en persona avisó que la salida iba a ser “gradual” y que estaba pronto a impulsar la expropiación de las parcelas.
Lo que sorprendió fue la saña de los agentes contra los vecinos que soñaban como poder establecer su hogar allí. Tanto, que las calles quedaron “sembradas” de cartuchos servidos. El ingreso de los infantes fue seguido por los tractores, que derrumbaron las precarias casillas y carpas que se habían establecido.
[quote_recuadro]
Muchas dudas y discriminación
Alberto Mattioli, responsable de la denuncia que desencadenó el violento desalojo en el predio de Abasto, apareció en escena con declaraciones donde se mostraba confuso, ofuscado y, por momentos, discriminatorio: “La mayoría de los que han usurpado la tierra son extranjeros. Muchos de ellos son bolivianos”.
En el programa de radio Un Cafecito, conducido por Marianela Tosetti por 221Radio, el martillero y dueño de la inmobiliaria de nombre homónimo se defendió de una manera ambigua: “Yo los compré, pero vamos a suponer que no los compré (sic). De todas maneras, quién le da derecho a la gente de meterse en un campo que no le pertenece”.
“La discusión no es si la firma Mattioli es el dueño o no es el dueño. Con qué derecho permitimos que gente se meta en terrenos que no corresponde”, insistió Mattioli, otra vez, con más dudas que certeza, como si fuera un dato menor de quién es el predio.
Durante el diálogo, el empresario también cuestionó que “habrían entrado agrupaciones políticas con fines electoralistas en el conflicto”. Además, agregó: “La ocupación fue barrial en principio, la bola se corrió y empezó a entrar gente ‘en masa’ de Olmos, Romero, El Peligro”.
Por último, sin muchas precisiones, aseguró que “ofrece quince hectáreas de la mejor tierra para que se construya un jardín de infantes” porque “hay que educar”. Mattioli reclamaría en nombre de la empresa Texlan, que adquirió los lotes en 1988 pero que en 2001 entró en cesación de pagos y luego quebró, cuando AFIP y Rentas de la Provincia pasaron a ser sus principales acreedores.
[/quote_recuadro]
