Por Mauro Forlani*
El titular de un artículo del diario paraoficialista Clarín pregunta de modo sugerente “Por dónde pasará la tijera del ajuste” (09/6/2017). Posteriormente, el desarrollo de dicho artículo señala: “Este año, el 56% del gasto público serán las prestaciones de la ANSeS (jubilaciones, AUH, pensiones) y el PAMI”; para completar: “A eso hay que sumar otro rubro de gasto que también tiene una alta inflexibilidad, los salarios públicos. Sumando los sueldos de los empleados estatales más las universidades, representan el 17% del gasto”.
Jubilaciones más sueldos estatales son el 73% del gasto.
Subsidios a servicios esenciales y obra pública, el resto.
La idea que complementa dicho artículo es cerrar el déficit público este año apenas por encima del 4%.
Una forma clásica de disminuir el déficit fiscal es devaluar la moneda nacional frente al dólar aplicando retenciones a las exportaciones de los comodities. De esta manera se vería beneficiado el sector exportador pero también el fisco con los ingresos extras de tal medida (1).
A su vez, esta medida estimularía al “campo” a liquidar la cosecha que tiene incauta esperando una devaluación pasadas las elecciones de octubre.
Una devaluación está dentro de los deseos de la burguesía agraria, la industria exportadora y las mineras, pero suscita rechazo en estos sectores la reedición de retenciones que afectan sus rentas extraordinarias; y en este sentido específico coincide el Gobierno que considera pertinente no aumentar la carga impositiva a segmentos de la economía que percibe dinamizadores del crecimiento, de las inversiones y, por efecto derrame, de la generación de empleo.
Aunque en la realidad concreta, como ha sucedido en este año y medio (con eliminación de retenciones a segmentos del agro y minería), ese efecto de “derrame” viene siendo limitado y reducido a algunas áreas rurales o semiurbanas con escasos beneficios para los trabajadores y barriadas populares de las grandes áreas metropolitanas.
El Gobierno podría devaluar a secas, sin reeditar las retenciones, y conseguir mayor capacidad recaudatoria por el 30% que cobra actualmente a la soja –»herencia» de la gestión anterior–, a la vez que ajustaría de modo no nominal los salarios achicando los costos laborales.
Sin embargo, es poco probable que Cambiemos, aun después de las elecciones, tome el sendero de ajuste macrodevaluatorio, no por piedad hacia los ingresos populares, sino porque ha ingresado a un esquema de dependencia estricta con el establishment financiero.
Veamos:
El macrismo después del sablazo del 60% inicial a la moneda nacional, apenas iniciada su gestión, ha ido autolimitando su capacidad de controlar la política cambiaria por el feroz endeudamiento en Lebacs a altas tasas de interés.
Renovar las Lebacs implica garantizarle al capital financiero cierta estabilidad en el valor de la divisa norteamericana.
Es sabido, los “inversores” en Lebacs son capitales financieros volátiles, golondrinas que de avizorar un escenario devaluatorio podrían no renovar sus bonos y generar una huida masiva hacia el dólar, vaciando las reservas del Banco Central de un suspiro.
Esto generaría, sin temor a exagerar, una especie de “golpe de mercado” indigerible para conservar la gobernabilidad.
Se trata de una verdadera bomba financiera en la que se metió el propio Gobierno mediante un fácil y descomunal endeudamiento.
Así, sin control de la política cambiaria, porque ahora el poder financiero decide el valor de la moneda, es el mismo poder financiero el que define las características del ajuste a realizar.
Y el recorte para intentar menguar el déficit fiscal y tener capacidad de pago para cubrir el endeudamiento pasa estrictamente por la reducción del gasto público, como señala el artículo de Clarín.
De allí la intransigencia del Gobierno a no ceder más del 20% de aumentos a docentes, personal público y jubilados a pesar de que se avizora una inflación que rondará entre 25%- 30% este año, por lo que los asalariados perderían nuevamente frente al aumento de precios como en 2016, año en el que se cerraron paritarias del 34%, con inflación del 42% (2).
Lo dicho explicaría en parte la brutalidad de recortar incluso pensiones de discapacidad, en tanto no se descarta un escenario, luego del octubre electoral, de “reformas” al sistema jubilatorio (desde la prolongación en los años de actividad laboral, hasta el regreso de la gestión privada), al mismo tiempo que, conjuntamente con paritarias estatales a la baja, se incrementen los recortes de subsidios a servicios esenciales, como la luz, el agua.
Ajustes necesarios, recorte imprescindibles en la percepción de Cambiemos, que demuestran las pleitesías y la dependencia de la actual gestión al poder financiero local e internacional.
(1) Recordemos que la duplicación, al menos, o el incremento del déficit público ha sido, en el primer año y medio, producto de ineficiente manejo macroeconómico del PRO, que además de perder capacidad recaudatoria con la eliminación o reducción de las retenciones a las exportaciones, perdió capacidad recaudatoria producto de sumergir al país en una recesión provocada por la caída de la demanda agregada y el consumo. Recesión o caída en el nivel de actividad que en los últimos meses parece haber tocado algún piso, pero con “rebotes” breves, que no alcanzan para pronosticar un crecimiento perdurable en el tiempo.
(2) Estos números promedio del 34% de paritarias de 2016 pertenecen a los trabajadores del sector público y a los registrados en la actividad privada. Mucha peor suerte les tocó a los trabajadores informales o en “negro”.
*Docente de Análisis de la Realidad Contemporánea (UNSL).
