Nélida Rojas, detenida desde el pasado 7 de abril, logró este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria. La jueza Cristina Pietrasanta, que semanas atrás había rechazado el habeas corpus presentado por la defensa, tuvo que hacer lugar al pedido luego una resolución de la Cámara del Crimen favorable a la dirigente mendocina de la Tupac Amaru.
En estos dos meses y medio, las pésimas condiciones del penal de Agua de las Avispas agravaron los problemas de salud de Rojas, quien a sus 62 años tiene varias operaciones de columna y está jubilada por incapacidad. No sólo debió soportar temperaturas bajo cero en la cárcel ubicada al pie de la Cordillera de los Andes, sino que además “era obligada a dormir sobre un colchón muy fino sobre una chapa de metal, lo que incrementaba su sufrimiento”.
“El frío afectó bastante todas sus enfermedades óseas, con permanentes dolores lumbares, así como la artrosis que padece en la cadera y en las rodillas”, detalló a Contexto el abogado Alfredo Guevara.
Rojas fue acusada por la fiscal Gabriela Chaves de asociación ilícita, extorsión y coacción agravada en concurso ideal con estafa. Las mismas imputaciones alcanzan al marido de la dirigente, Ramón Martínez, sus hijas Leonela y Carla, y su nuera Fanny Villegas, todos ellos con prisión domiciliaria.
Guevara calificó la causa como “un burdo invento” y adelantó que ahora la defensa trabajará para conseguir “la nulidad de todo lo actuado”.
“Lo que hay es una clarísima persecución política, porque se ha criminalizado la actividad habitual y normal de una organización, como cobrar una cuota social, hacer una copa de leche o realizar una movilización. Este es el núcleo de las acusaciones que pesan sobre la Tupac Amaru en Mendoza”, subrayó el letrado.
Si bien la defensa no tiene ninguna expectativa en la jueza Pietrasanta, confía en obtener la nulidad en la Cámara del Crimen o, eventualmente, en la Corte Suprema provincial.
“A medida que (las imputaciones) se vayan cayendo, quedará en evidencia la ingeniería de los dispositivos represivos del Gobierno provincial y de los sectores de la Justicia que son capaces de actuar como brazo ejecutor de la persecución”, afirmó Guevara.
El abogado también hizo énfasis en “la complicidad” entre el gobernador Alfredo Cornejo y su par de Jujuy, Gerardo Morales: “La criminalización en Mendoza se produce cuando empieza a crecer la presión internacional por la liberación de Milagro Sala. El objetivo es ir apuntalando la idea de que la Tupac Amaru es una asociación ilícita, y para ello instalan formas judiciales propias de la dictadura, algo que es gravísimo”.
La semana pasada, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión dictada en Jujuy contra Sala por un escrache a Morales en 2009. La líder de la Tupac no participó del hecho, pero los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani creyeron sin más en el testimonio de René Arellano, un empleado de Morales apodado el “Cochinillo”, que la señaló como “instigadora” de los huevazos que había recibido su jefe en aquella oportunidad.
Arellano ocultó su relación con el mandatario provincial y se contradijo en sus declaraciones. Sin embargo, para los integrantes de la Sala IV –los mismos que en 2015 beneficiaron con la falta de mérito al genocida civil Carlos Pedro Blaquier–, nada de eso “le quita veracidad” y “no impacta sobre el núcleo de su testimonio”.
Mientras tanto, el Gobierno de Mauricio Macri sigue incumpliendo la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde octubre del año pasado exige la “inmediata libertad” de Milagro. La Casa Rosada también desoye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otros organismos internacionales que se manifestaron en el mismo sentido.
