Entre sumarios inventados y “acusaciones de corrupción” se encuentran algunas de las vías utilizadas por María Eugenia Vidal para dejar en la calle, en lo que va del último año, a unos 1.200 efectivos de seguridad interna del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB). Según denuncian, esto responde a un plan de recorte de personal en sintonía con la supuesta “depuración” de las fuerzas de seguridad enarbolada por la gestión provincial. Días atrás, personal de Salud del SPB también se manifestó por este mismo motivo frente al palacio de Gobernación de la provincia, y hoy continúa con un acampe de efectivos en Plaza San Martín.
“No tenemos indemnización ni convenio laboral, nuestros hijos ni siquiera pueden cobrar la asignación universal. Le estamos pidiendo a Vidal desde hace seis días que muestre la ‘transparencia’ que prometió en campaña para que la voten”, expresó un grupo de efectivos ubicado entre los más de mil despedidos en el último año.
“Estábamos trabajando como siempre y, de un día para el otro, nos hacen sumarios administrativos, que ellos caratulan como ‘faltas sin aviso’ solo por haber presentado los certificados de justificación con algunos días de retraso. Sólo por eso nos echan, en algunos casos con sumarios de hace siete u ocho años atrás”, dijo a Contexto Matías Molina, efectivo penitenciario presente ayer en el acampe donde otra decena de miembros del SPB se mantuvo en las puertas de Gobernación, vigilados por la Policía bonaerense, la Local y el cuerpo de Infantería.
Asimismo, agentes de seguridad penitenciaria femeninas se encadenaron en las rejas del palacio gubernamental en reclamo de respuestas.
“Estamos en la misma situación que en todas las áreas del Estado en el país. Todos los organismos están siendo recortados diciendo que somos ñoquis, que somos corruptos. Ellos quieren el negocio para ellos mismos. ¿Por qué no se fijan si desde que se lanzó la Reforma Penitenciaria en las cárceles cambió algo? Dicen que el Estado gasta 20 mil pesos en cada persona privada de su libertad y la gente les tiene que llevar para comer”, agregó Molina.
Cabe señalar que, esta semana, profesionales de la salud ubicados en el SPB también se manifestaron frente a la Gobernación para denunciar la serie de traslados arbitrarios, falta de insumos, sumarios injustificados aplicados por Vidal y que afectan a médicos, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Allí entregaron un petitorio y le reclamaron a María Eugenia Vidal, al ministro de Justicia Gustavo Ferrari y a los responsables del SPB Fernando Rozas y Javier Zoulemian que “revisen” las decisiones adoptadas y convoquen a una “mesa de diálogo”.
“Vidal nos quitó nuestro trabajo. Nadie nos da explicaciones. Nuestros sumarios fueron administrativos, no nos pueden tomar por ‘corruptos’ y echarnos por eso. Nos echan por recorte”, agregó a Contexto Dalila Morales, una efectiva femenina de la Guardia de Seguridad Exterior de la Unidad Penitenciaria Nº 43, notificada de su despido meses después de haber sido efectuado. “Trabajé once meses gratis”, explicó.
Morales, junto con tres mujeres más, algunas incluso embarazadas, se mantuvieron esposadas y encadenadas ayer en las puertas de Gobernación
En tanto, A los 1.200 efectivos despedidos se agregan 5 mil sumariados de todas las unidades penitenciarias de la provincia.
Cabe señalar que la policía ordenó a los manifestantes levantar el acampe en nombre de una orden “verbal” –sin ordenanza por escrito– del fiscal Álvaro Garganta.
