Por Miguel Croceri
La frase del título pertenece a Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores, y la pronunció el 12 de junio, al lanzarse en un acto en General Rodríguez el “Frente Sindical para la Victoria – Cristina conducción”, según informó en su momento la Agencia Paco Urondo.
En esa ocasión, refiriéndose a la necesidad de generar nuevas expresiones político-sindicales, el dirigente dijo: “El recambio generacional en el sindicalismo que necesitaban Néstor y Cristina no está, porque los viejos se hacen bien los pelotudos. Este es nuestro momento, compañeras y compañeros, y tenemos que ir para adelante. Por eso ratificamos que vamos a volver con nuestra conductora, que es Cristina Fernández de Kirchner».
Desde el pasado sábado 24, cuando venció el plazo de presentación de listas para las elecciones legislativas venideras, Correa es uno de los tres precandidatos a diputados nacionales provenientes del sindicalismo que integran la nómina de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, la cual está encabezada por la expresidenta de la nación como precandidata a senadora.
El dirigente del gremio de curtidores, de 52 años, está en el décimo lugar de la lista. Antes aun, en el cuarto lugar, quedó postulada como aspirante a diputada Vanesa Siley, de 32 años de edad y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) de la ciudad de Buenos Aires. Además, el histórico dirigente docente Hugo Yasky, quien es secretario general de la CTA de los Trabajadores, ocupa el sexto puesto de la nómina.
Aunque Correa sea una persona de edad madura, Yasky un “veterano” en términos comparativos, y sólo Siley puede ser considerada joven, los tres representan un recambio generacional en el espacio del sindicalismo alineado políticamente con el kircherismo de modo explícito y en términos institucionales. Y, más allá de las motivaciones específicas que haya tenido la expresidenta y su equipo político para incluirlos en su lista de candidatos, el dato permite poner el foco en una de las grandes carencias de construcción política –de acumulación de fuerza propia– que tuvo el kirchnerismo: la falta de apoyos sólidos en las estructuras sindicales.
Trabajadores/as y burocracias
Argentina es un país con un movimiento gremial vigoroso, sobre todo desde los tiempos del primer gobierno de Juan Perón. A lo largo del tiempo ese vigor significó en alguna medida ciertas fortalezas de la clase trabajadora para disputar la distribución de la riqueza nacional frente a las clases propietarias, pero también la conformación de poderosas burocracias sindicales que degeneraron y degeneran –frecuentemente– la índole de los sindicatos como representación orgánica de los trabajadores.
Por otra parte, e inevitablemente, ese vigor tuvo sus altibajos y vivió transformaciones según las condiciones políticas –persecusión y/o terror bajo regímenes dictatoriales– o según la reconfiguración de la estructura productiva que tuvo cada etapa política del país –desindustrialización durante la dictadura 1976/1983, colapso del pleno empleo y bancarrota de la industria nacional durante el menemismo, etcétera–.
Pero a pesar de la importancia estructural de los gremios como organizaciones capaces de contrarrestar el poder de las corporaciones empresarias en una sociedad capitalista, para lo cual necesitan que haya altos niveles de ocupación y de remuneraciones salariales, y en ambos desafíos hubo inmensos avances entre 2003 y 2015, el kirchnerismo no tuvo respaldos sindicales firmes, leales y con arraigo extendido en las bases sociales industriales y de servicios, acordes al reparto de la riqueza nacional que benefició a las clases trabajadoras en ese periodo.
En términos de cómo estuvo repartida la riqueza nacional entre el capital y el trabajo, fue la época más próspera para los asalariados y asalariadas desde el peronismo fundacional (mitad del siglo XX), y con sólo una igualación semejante en 1974 (segunda época peronista), pero que fue muy fugaz y desembocó en un ajuste feroz a partir de 1975, prolegómeno de la barbarie social –además de humanitaria– que perpetró la dictadura.
Sin embargo, las fracciones dominantes del gremialismo acompañaron el proceso kirchnerista sólo hasta cierto punto, y en el segundo mandato de Cristina privilegiaron sus estrategias burocráticas y se pasaron a la oposición. Al final de ese periodo presidencial había cinco centrales sindicales (y aunque una de ellas, la que armó Luis Barrionuevo, era poco relevante en términos de fuerza sindical concreta, el apoyo del Grupo Clarín y de corporaciones empresariales le otorgaba una relevancia superior y todo contribuía al desgaste del Gobierno de entonces).
Así fue. Cinco centrales sindicales a fines de 2015, cuando terminó la presidencia de Cristina Kirchner: la CGT conducida por Hugo Moyano (gremio de Camioneros); la CGT dirigida por Antonio Caló (del sindicato metalúrgico, UOM) y Ricardo Pignanelli (del gremio de personal de fábricas automotrices, Smata); la CGT Azul y Blanca encabezada por Barrionuevo (del gremio de empleados de turismo, hotelería y gastronomía); la CTA Autónoma, al mando de Pablo Micheli (de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE); y la CTA de los Trabajadores, liderada por Hugo Yasky (de la confederación docente Ctera).
De todas ellas, sólo la última mantuvo una consecuente defensa de los gobiernos kirchneristas. De cinco centrales sindicales sólo una, y que tenía una representación real limitada, de forma predominante, a ciertas expresiones del gremialismo docente y de otros trabajadores estatales. La inserción de esa central en la actividad industrial y de servicios del sector privado de la economía, era –es– poco significativa.
Entre las otras cuatro centrales, la CGT encabezada por Caló y Pignanelli era reconocida legalmente como “oficial” por el Gobierno, e incluso se la denominaba como “oficialista”, pero funcionó como un aliado a desgano. Su respaldo al Gobierno se limitó a no realizar huelgas generales, pero evitó todo compromiso en las disputas más difíciles y épicas de Cristina Fernández de Kirchner.
Así fue, por ejemplo, ante los reiterados golpes de mercado que intentaron el caos económico y social mediante el encarecimiento o desabastecimiento de productos básicos. O también frente al ataque especulativo contra la moneda nacional y el aumento del dólar. O, peor aun, durante el patriótico enfrentamiento del país contra los fondos buitre.
En esos casos (por mencionar sólo unos pocos), esa CGT supuestamente “oficialista” mantuvo una inacción absoluta. Incluso hizo silencio total, no emitió ni siquiera un comunicado (que ya es pedir poco). Un Gobierno popular acorralado por factores de poder locales y extranjeros, que planteaba una lucha valiente contra los peligrosos formadores de precios o contra mafias de la usura financiera local e internacional, no tuvo el más mínimo apoyo de una central sindical que se presumía aliada. Con amigos así, quién necesita enemigos…
A su vez, las tres centrales sindicales difinidamente opositoras (CGT-Moyano, CGT-Barrionuevo y CTA-Micheli, para identificarlas por el nombre de sus principales dirigentes), cada cual con sus particularidades pero frecuentemente con acuerdos entre ellas, realizaron huelgas generales, continuas manifestaciones callejeras y acciones políticas diversas contra el Gobierno de Cristina Kirchner.
Su principal “bandera” era reclamar contra el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de los empleados con sueldos más altos, aproximadamente una décima parte del total de trabajadores/as en blanco. Se convirtieron, de ese modo, en representantes de la aristocracia de la clase trabajadora.
Nula importancia otorgaban al casi pleno empleo, y también a reivindicar la capacidad de compra de los sueldos, que creció en los primeros seis años del kirchnerismo y se mantuvo estable desde 2009 –en promedio y al margen de particularidades, y con la sola excepción de 2014– siguiendo la evolución de la inflación.
Macrismo y después…
La paradoja, en definitiva, fue que un Gobierno que elevó el nivel de vida de las y los trabajadores y de las clases populares en general careció de apoyos sindicales vigorosos. En las fracciones dominantes del gremialismo, los reflejos burocráticos fueron más fuertes que la defensa de los intereses de la clase que deberían representar.
Posteriormente, en un año y medio de gobierno de la derecha con Mauricio Macri como presidente, tanto las y los asalariados como el conjunto de las clases populares están sufriendo el colapso de los derechos recuperados durante el kirchnerismo. La traducción política que pueda tener ese deterioro social está por verse, y las elecciones legislativas de este año serán una instancia determinante. Lo que pase después es un enigma.
Hasta el momento, en la etapa macrista hubo realineamientos sindicales que todavía no están consolidados. Las dos CGT se unificaron bajo la conducción de un triunvirato, y su actuación fue complaciente con el Gobierno. Después de mucha presión desde las bases, realizaron un paro nacional el 6 de abril pasado, y eso fue todo. Hace varias semanas que sus principales dirigentes desaparecieron de la escena pública como líderes de la central sindical, y se dedican prioritariamente a sus carreras políticas personales.
El triunviro Juan Carlos Schmidt disputa una candidatura a diputado nacional por un sector antikirchnerista del peronismo de Santa Fe, y su colega Héctor Daer (quien en 2013 llegó a una banca de diputado como opositor al kirchnerismo, en la lista encabezada por Sergio Massa) es un activo miembro del equipo político de Florencio Randazzo. El restante miembro del triunvirato, Carlos Acuña, no realiza acciones públicas en condición de jefe cegetista.
A su vez, las dos CTA realizaron paros y movilizaciones de forma conjunta, y anunciaron que están en proceso de reunificación. Son las únicas centrales –a las cuales deben sumarse las expresiones gremiales identificadas con las izquierdas– que resisten la devastación del país.
Por último, una novedad importante en el mundo sindical bajo la presidencia de Macri fue la conformación de la Corriente Federal de Trabajadores, liderada por Sergio Palazzo (de la Asociación Bancaria) y en la cual militan los ahora precandidatos a diputados Vanesa Siley y Walter Correa.
Quizás la postulación de estos dos últimos y de Hugo Yasky en la lista de la Unidad Ciudadana que lidera Cristina lleve implícita la voluntad de reparar la grave carencia que tuvo el kirchnerismo cuando estuvo en el poder para consolidar apoyos potentes y leales desde las estructuras de representación de las y los trabajadores.
El futuro dirá si, efectivamente, los actuales realineamientos conducen a una renovación generacional en el sindicalismo, mientras “los viejos (dirigentes) se hacen bien los pelotudos”.
