Por Leandro Gianello
Luego de la brutal represión de la que fueron objeto familias asentadas en un predio en Abasto, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, consideró que su colega Pablo Raele actuó conforme a “intereses inmobiliarios” y que el accionar de la Policía bonaerense dejó “una secuela social muy profunda”.
Por otro lado, en declaraciones brindadas a la agencia AgePeBA, Arias indicó que el vicegobernador Gabriel Mariotto “realizó todos los esfuerzos necesarios” para tratar de detener el desalojo que tuvo lugar el jueves por la madrugada.
El juez, que había intentado frenar el desalojo de 750 familias en Abasto, agregó que a pesar de las gestiones que apuntaban a garantizar la permanencia pacífica de los ocupantes del predio y que parecía todo encaminado a una solución tranquila, “hoy a la mañana nos encontramos con un desalojo”.
Para Arias, la Justicia penal, representada por del juez de Garantías Nº 3, Pablo Raele, “actuó en beneficio de los intereses inmobiliarios”, criminalizando las problemáticas “de los sectores más postergados”.
“El desalojo estaba previsto para el miércoles y no se cumplió, de modo que debería haber caducado”, pero la policía procedió igual con la disposición anterior, “desconociendo la orden judicial que yo había dado de no intervenir en este caso”, denunció el magistrado.
Fue “un despliegue policial inusitado” en el que no se tuvo en cuenta que la gente no estaba ocupando un espacio urbano, plazas o viviendas particulares, “sino que era un predio en estado de abandono a partir de una empresa que quebró”, agregó.
A raíz de este accionar intempestivo, la fuerza represiva de la Policía bonaerense “ha dejado una secuela social muy profunda”, empeorando la situación de desamparo crónica que los sectores populares vienen enfrentando en el marco de la especulación inmobiliaria reinante en la zona.
Luego de los hechos del jueves, el juez se presentó en Abasto junto a la concejala platense Florencia Saintout y los legisladores provinciales Emilio López Muntaner y Gustavo Di Marzio para interiorizarse de la situación.
Por su parte, en declaraciones radiales, Saintout dijo que siente «orgullo de tener en la ciudad gente como el juez Arias acompañando a las familias» en este momento de desamparo institucional.
En otro sentido, la concejala aseguró que «no hay un sólo título de propiedad de Mattioli que hayamos podido ver», en referencia al empresario reclamante de esas tierras ociosas, y que “la figura de usurpación no corresponde”, ya que “la forma en que la inmobiliaria tomó la propiedad es muy dudosa».
En sintonía con el juez Arias, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria Nacional y Popular también opinó que «el desalojo se llevó a cabo bajo total ilegalidad».
Mientras tanto, Mariotto anticipó un pedido de juicio político a los responsables del desalojo, el juez Raele y la fiscal Betina Lacki, anunciando, además, que avanzarán el miércoles próximo con un proyecto de ley en el Senado para expropiar las cuarenta hectáreas en conflicto.
El acampe de vecinos sobre la Avenida 520 y 214 continúa en protesta por el violento desalojo, las detenciones y en espera de que se resuelva la expropiación de los terrenos “para que las familias puedan volver al lugar y comenzar con un emprendimiento urbanístico”, añadió Arias.
El innecesario accionar de la policía sobre una manifestación pacífica que estaba encaminada en negociaciones para resolver el problema habitacional de los ocupantes “es inexplicable”, ya que “semejante violencia institucional” no logró solucionar nada. “Ahora el predio quedó vacío y no tiene ninguna utilización”, concluyó el magistrado.
