El cuerpo sin vida de Juan Fernando Amaya, miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP), fue a hallado a un lado de una de las ruta del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.
Amaya era uno de los miembros de las FARC que se encontraba detenido y había sido indultado por la medida que se tomó en el marco de los acuerdos de paz. Con su muerte, ya suman seis los miembros de esa organización asesinados desde que comenzó el proceso de paz.
En la década de 1980, se realizó un proceso de paz en Colombia que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los exguerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP), y en las elecciones de 1986 obtuvieron catorce parlamentarios, diecisiete diputados provinciales y 135 concejales. La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue una masacre. En corto tiempo, más de 5 mil miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. Cada muerte de un líder social trae al presente el fantasma de aquella masacre.
A ello hay que sumarle que, ante la queja de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos por los crímenes que los paramilitares comenten contra sus referentes, en una actitud entre cínica y grotesca, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, declaró que “en Colombia no existe el paramilitarismo”.
El analista de política internacional Jorge Kreyness aseguró a Contexto que “hay un incumplimiento de los acuerdos por parte del Estado que no ha dado suficientes garantías, ni ha respondido a los compromisos que había asumido en relación con las zonas veredales que tienen ahora que transformarse en zonas de transición”.
“Como dijo el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, el presidente Santos se debe concentrar mucho más en que el Estado que él dirige cumpla acabadamente con los acuerdos, como los está cumpliendo las FARC-EP”, señaló.
Por último, Kreyness remarcó que “hay un capítulo entero de los acuerdos que hace referencia a la no repetición de lo que pasó con la UP y con otras organizaciones, lo que es fundamental, porque ronda el fantasma de esa masacre”.
