Dentro de pocos días, las pantallas de televisión y las trasmisiones de radio empezarán a inundarse con avisos publicitarios de los precandidatos que se postulan para las elecciones PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que se realizarán el domingo 13 de agosto. Lo mismo ocurrirá en las semanas previas a la elección general del 24 de octubre.
Ante la andanada de avisos, surgirán expresiones de burla, broma, asombro, curiosidad, gusto, disgusto, odio, amor, rechazos, adhesiones, indiferencia, fervores, simpatías, antipatías y cualquier otro tipo de opinión, sensación o sentimiento. El tema tendrá su rebote en las redes sociales.
En una sociedad como la argentina, y como cualquier sociedad capitalista del planeta -es decir, casi todas las del mundo actual, con pocas excepciones-, los ciudadanos y ciudadanas estamos formateados para consumir desde que nacemos hasta que morimos de forma natural, como si fuera la lluvia o el viento.
Por eso, las mismas personas que son -somos- consumidores y consumidoras de publicidad comercial prácticamente en cada minuto de su -nuestra- vida es muy común que perciban los avisos que promocionan a candidatos como una anomalía. Como algo que está mal, y que interrumpe la habitualidad placentera de las tandas publicitarias. Que produce frecuentemente molestia, fastidio, rechazo.
Los mensajes publicitarios políticos son una alteración de las rutinas inconscientemente naturalizadas por ser receptores y receptoras todo el tiempo y toda la vida de mensajes de similar formato pero de finalidad muy distinta, porque esos de todos los días no están destinados a captar votos sino a estimular el consumo de bienes y servicios -algunos más indispensables que otros, porque no es lo mismo necesitar, por ejemplo, un aceite que sea bueno y saludable para alimentarse, que tener el más caro y sofisticado automóvil o artículo electrónico-, y a partir de allí estimular hasta el infinito (literalmente) el consumismo más feroz y la angurria más extrema e insaciable por todo lo material.
Vivir en el capitalismo puede contagiar los valores del consumismo a cualquiera, y de hecho ocurre con la gran mayoría. Incluso con quienes en otras dimensiones del pensamiento y la acción humanos -la política, las creencias religiosas, la moral, el arte, etcétera- pueden tener respetables, coherentes y hasta quizás admirables prácticas de vida que combatan las injusticias y atrocidades del sistema económico y social que domina el mundo.
Una persona puede tener una ideología anticapitalista, o que rechace/cuestione en alguna medida sus pautas de funcionamiento o al menos sus consecuencias injustas, y sin embargo sucumbir a las tentaciones de los valores burgueses. Eso ocurre en general de modo inconsciente, por naturalizar -tomar como si fueran naturales- fenómenos que son profundamente políticos, económico, sociales y culturales.
Cabe aclarar ante todo que pensar en las contradicciones propias del ser humano no implica hacer un juicio de valor condenatorio, sino apenas tomarse la libertad de reflexionar críticamente. Vivimos en las sociedades en que vivimos, y cada cual se adapta -nos adaptamos- como podemos para desenvolvernos en un contexto cuya transformación nos excede.
Por eso, ante la emisión de publicidad electoral en las tandas de televisión y radio, puede ocurrir con facilidad que aun referentes públicos importantes de las causas democráticas, populares, de los derechos humanos y de la soberanía nacional, reaccionen de modo fastidioso, burlón, con desdén, con menosprecio, incluso preguntándose “hasta cuándo van a seguir con eso”, y deseando fervientemente que la campaña termine de una buena vez así no hay que seguir soportando algo tan molesto.
Sólo para citar arbitrariamente dos ejemplos: críticas de ese tipo a la publicidad electoral gratuita pudieron escucharse en las elecciones 2013 y 2015 nada menos que en la palabra de panelistas del histórico programa televisivo 678 -será recordado como parte de la historia construida en el periodo kirchnerista, y que luego sería abolido por la censura de la derecha macrista-, y también del conductor del valiosísimo programa radial Marca de radio, una trinchera en defensa de las ideas populares, progresistas o de izquierda desde hace más de veinte años.
Cualquier persona en todas las instancias de su vida, y los referentes públicos de medios de comunicación (ejemplo, los dos casos mencionados) tienen el derecho de opinar libremente. Pero por ese mismo ejercicio de la libertad es posible pensar el asunto de la publicidad electoral de otra manera. Valorándola inmensamente por su contribución a la democratización de la política y al debate público plural y diverso, más allá de la calidad específica de cada aviso, de su carácter creativo o aburrido, de sus rasgos asombrosos o bizarros, de sus características geniales o grotescas, de su eficacia comunicacional, y en general de sus atributos publicitarios.
Lo importante para la política es lo político, no lo publicitario. El análisis debe traspasar las consideraciones estéticas y dejar de observar los avisos de campaña como mensajes radiales y televisivos de tipo comercial, porque no lo son. Adoptan el formato y la estética de la publicidad de bienes y servicios porque es una forma de buscar masividad, es decir, tratar de llegar a grandes públicos y a audiencias de, eventualmente, millones de personas que, precisamente, están “formateadas” por los hábitos de una sociedad capitalista para recibir mensajes con ciertas características. Pero su finalidad es política, no comercial.
El kirchnerismo lo hizo gratuito
Aunque los dirigentes kirchneristas de cualquier nivel casi nunca lo digan o no les importe, o que tal vez muchos militantes ni lo sepan, la publicidad electoral gratuita en radio y televisión fue otra de las grandes contribuciones de Néstor y Cristina Kirchner a la revalorización de la política democrática en su disputa contra el absolutismo de las corporaciones y de los poderes económicos.
Hasta que en 2009 se sancionó la ley llamada “de reforma política” (Ley 26.571), solo podía difundir avisos en los medios audiovisuales de comunicación aquellos que tuvieran plata para hacerlo. Desde entonces, todas y cada una de las fuerzas políticas que compiten en una elección, aun la más insignificnte en términos de votos, tienen la posibilidad de hacerlo.
Esa “reforma política”, cuya implementación comenzó en las elecciones de 2011, fue la que estableció el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, antes de cada elección general (tanto las que son sólo legislativas, como este año, o las que incluyen los cargos de presidente y vice de la nación, cada cuatro años).
Pero, además de transformar el régimen electoral, introdujo un cambio de otro tipo, con un potencial democratizador extraordinario y de lo cual públicamente se habla muy poco: es la prohibición para las agrupaciones políticas de “contratar en forma privada” -dice la ley- publicidad electoral en televisión y radio, ya fuere para la elección primaria o para la general.
A partir de entonces, los espacios audiovisuales para mensajes de ese tipo son asignados por el Estado, a través de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, según normas y criterios muy precisos que la propia ley define, al tiempo que prevé sanciones tanto para las emisoras como para los candidatos que violen la normativa.
Dispone en ese sentido que “los prestadores de servicios de comunicación audiovisuales están obligados a ceder el diez por ciento (10%) del tiempo total de programación para fines electorales” durante el periodo fijado legalmente: desde 20 días antes de la primaria, y desde 25 días antes de la elección general (en ambos casos, hasta 48 horas antes del inicio del acto eleccionario).
De ese total de tiempo televisivo y radial, el Estado adjudica el 50% “por igual” entre todas las agrupaciones políticas, y el otro 50% “en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior”.
Además, otras cláusulas profundizan el criterio básico general. Por ejemplo, el postulante o partido que “por cualquier motivo” no utilizase su tiempo de publicidad electoral audiovisual, “no podrá transferir sus minutos a otro candidato o agrupación política”; la asignación de horarios y medios se hará “por sorteo público” para que sea en forma “equitativa”; para estos mensajes, “el horario de trasmisión comprendido será desde la hora 07.00 hasta la 01.00 del día siguiente”; y “en la distribución se deberá asegurar la rotación en todos los horarios, y al menos dos veces por semana en horario central”.
¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué significan, en términos políticos prácticos, esas disposiciones legales contenidas en la reforma política que realizó el kirchnerismo y casi nunca comentadas públicamente? Nada menos que eliminar al factor económico -el dinero que cada candidato o partido dispone para su campaña- como condición indispensable para poder usar una de las armas más poderosas de la disputa política actual en el mundo: la publicidad televisiva (y también la radiofónica, que influye en la opinión pública pero en menor medida, y es infinitamente menos costosa).
En otras palabras: emitir avisos en televisión y radio para apelar al voto ciudadano dejó de ser un privilegio de los que tienen plata para pagarlos. Pueden hacerlo la totalidad de los participantes en una contienda electoral, independientemente del dinero de que dispongan.
No hacen falta -para este tipo de gastos, que consumen la porción más grande de los presupuestos de campaña- ni billeteras abultadas, ni millonarias cuentas bancarias, ni fondos depositados en guaridas fiscales tramposamente llamadas paraísos fiscales (trampa semántica que surge de traducir del inglés la palabra “haven” = refugio, abrigo, asilo, o, en sentido despectivo, guarida, como si fuera “heaven” = paraíso).
En eso radica esencialmente el carácter democrático de las publicidades políticas que empezarán pronto en todos los canales y emisoras de radio, en los 20 días anteriores a la elección primaria del 13 de agosto, y luego otra vez en los 25 días previos a la elección general del 24 de octubre. Bienvenidos sean esos avisos gratuitos, aun aquellos que cada quien, libremente, pueda considerar/opinar/sentir que son hartantes o grotescos.
Porque, si se tiene en cuenta que el dinero para campañas es una de las zonas de la actividad política más ocultas a la visibilidad social (en Argentina, como en la gran mayoría de los países del mundo), y que también es un terreno en extremo proclive a la compra de voluntades, la corrupción, el lavado de fondos de origen clandestino, el tráfico de influencias, la cooptación de dirigentes por parte de empresarios que financian sus campañas y, de modo general, proclive al riesgo de sometimiento de la política democrática bajo el poder de intereses ocultos, entonces la prohibición de contratar de forma privada la publicidad electoral audiovisual es un magnífico aporte democrático para el país, y mejora las condiciones para que las disputas de poder puedan resolverse a favor de los intereses populares.
