Entre los innumerables desastres causados por Mauricio Macri desde su arribo a la Casa Rosada, hay que sumar ahora la entrega de la soberanía satelital, un factor estratégico para el desarrollo y la autonomía del país en materia de telecomunicaciones. De la mano de Oscar “El Milico” Aguad, quien hasta la semana pasada estuvo a cargo del disuelto Ministerio de Comunicaciones, el Gobierno de Cambiemos vació la empresa estatal ARSAT y sentó las bases para la privatización.
Según reveló el domingo pasado el canal C5N, el yerno de Aguad y titular de ARSAT, Rodrigo de Loredo, firmó el 29 de junio un «acuerdo secreto e ilegal» con la empresa estadounidense Hughes por el satélite ARSAT-3.
La carta de intención entre las partes establece que el aparato se fabricará en INVAP, como los ARSAT 1 y 2, pero bajo una nueva sociedad –llamada provisoriamente “Newco”– que será controlada y dirigida por la transnacional, con “al menos” el 51% de las acciones. Como si esto fuera poco, “el acuerdo quedará regulado bajo las leyes del estado de Nueva York”, agrega el documento en inglés.
“Esto violenta la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital (27.208), sancionada en 2015. Es una entrega de la soberanía y una humillación al pueblo argentino”, señaló el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat en diálogo con Contexto.
Barcesat adelantó que hoy presentará “una denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público” y mañana una acción de amparo para que la Justicia dicte “una cautelar suspensiva de esta medida absurda”.
Mientras tanto, en el Congreso la divulgación del acuerdo entre De Loredo y Hughes motivó pedidos de informes al Ejecutivo por parte de los bloques de diputados y senadores del Frente para la Victoria (FpV-PJ). “No vamos a permitir que se ponga en riesgo la soberanía tecnológica nacional ni que se viole la Ley 27.208”, aseguraron.
Los precandidatos por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana y Daniel Scioli, también pusieron el grito en el cielo y reclamaron a los legisladores que impidan esta maniobra que dejará a ARSAT “subordinada” a los intereses de una empresa vinculada al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
En la comunidad científica la indignación no fue menor. “Darle el 51% a una empresa extranjera es un locura”, sostuvo el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis, al considerar el desarrollo satelital como “un tema muy importante para la soberanía nacional”.
“Es como si estuviésemos entregando una parte de la Patagonia”, graficó el matemático Adrián Paenza, y advirtió: “Quienes compren esto van a tener que prepararse para que sea expropiado en el futuro. Esto es ilegal, en algún momento Argentina va a recuperar lo que le han robado”.
El revuelo fue tal que el propio Aguad salió a desmentir la privatización. “El ARSAT-3 es más público que nunca, es una empresa pública que ha dado utilidades”, dijo el funcionario radical-macrista, tras asumir al frente de la cartera de Defensa.
“El grado de veracidad que se le puede atribuir a Aguad es prácticamente nulo. Ya lo hemos visto con el caso del Correo Argentino y el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, recordó Barcesat y planteó la necesidad de “articular todos los mecanismos que la ciudadanía pueda llevar adelante para frenar la entrega”.
Antes de ser presidente, Macri afirmaba que era “un despilfarro” de dinero poner un satélite argentino en órbita. Al asumir, suspendió la construcción del ARSAT-3 con excusas similares, pese a que el Presupuesto 2016 destinaba 250 millones de dólares para ese fin. Esas partidas fueron subejecutadas, mientras Aguad y De Loredo se dedicaban a vaciar la empresa estatal y recortar los servicios de ARSAT 1 y 2 con el objetivo de transferirlos a satélites extranjeros. Así prepararon el terreno para ceder el patrimonio nacional a manos privadas.
