Alrededor de 130 trabajadores despedidos de Carboclor S.A. llevan adelante un acampe en las puerta de la planta de Campana hace más de una semana, en reclamo del pago de las indemnizaciones correspondientes. A pesar de ser una ocupación pacífica, ayer el fiscal Alejandro Yrigoyen dispuso el desalojo, con la complicidad de la Policía de María Eugenia Vidal.
Con un operativo desmedido, las fuerzas de seguridad quisieron avanzar contra los cesanteados, quienes, con la solidaridad de otros trabajadores y espacios sindicales, se acercaron a dialogar, señalando que allí eran familias acampando en forma pacífica. El comisario a cargo se comunicó con Yrigoyen para plantearle el panorama ante la insistencia de los obreros y el fiscal retiró por el momento la orden.
“Nosotros le explicamos al comisario que lo único que estamos haciendo es salvaguardar nuestras indemnizaciones. Si nosotros dejamos sacar el producto que tiene la compañía dentro, ese producto es parte de nuestra indemnización», explicó a Contexto Norberto Lubo, trabajador de Carboclor y secretario general del Sindicato.
«Lo único que queremos es que nos paguen lo que corresponde, y nosotros nos vamos tranquilos a nuestras casas”, sostuvo Lubo.
Cabe recordar que Carboclor había presentado ante el Ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Triaca, un preventivo de crisis, por lo que pretende pagarle sólo el 50% de las indemnizaciones al personal cesanteado. Tanto el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas como los trabajadores rechazaron esta medida, pero el Gobierno apoyó a la empresa.
“El Ministerio de Trabajo cerró el procedimiento preventivo de crisis y nos comunicó esa decisión mediante una nota dándole la razón a la empresa y dándonos la espalda a nosotros como Gobierno”, sostuvo Lubo.
“Queremos que nos paguen; sabemos que la compañía no va a abrir más, que va dedicarse a la logística porque tiene un puerto importante”, dijo Lubo. Al igual que en PepsiCo, la respuesta de Cambiemos para los trabajadores viene de la mano de las fuerzas de seguridad. A la falta de soluciones del Ministerio de Trabajo se le sumaban las disposiciones judiciales que preparaban a la policía para actuar con un desmedido operativo.
“Sin duda, lo de hoy fue tratar de tensionar, persuadir y asustar a los trabajadores que no hacen más que pelear por el pago de sus salarios», dijo a Contexto el diputado provincial Miguel Funes, sindicalista de La Bancaria, una de las organizaciones que se acercaron a brindar el apoyo a los trabajadores de Carboclor.
«Día a día tratan de intimidarnos en complicidad con el Poder Judicial», sostuvo Funes, quien aseguró que el rol del Ministerio de Trabajo Nacional, así como también el provincial, «son absolutamente inexistentes y cumplen las ordenes del presidente de la nación Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal como gobernadora de defender los intereses del sector empresarial».
Carboclor es una de las empresas que evidencian la crisis que atraviesa el sector petroquímico. Los trabajadores de Atanor, Quipro, Atucha y Lanxess se ven en situaciones similares a los de la planta de Campana, luchando por sus puestos de trabajo y sin respuestas concretas del Ministerio.
