Luego de serle otorgada prisión domiciliaria por causas “de salud” en una sentencia que aún no es firme, la Corte Suprema de Justicia avaló el reclamo judicial del exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, Jaime Lamont Smart, para cobrar su jubilación de privilegio. De esta manera, podrá acceder al retroactivo que tenía a noviembre del año pasado, que alcanzaría los 12 millones de pesos, y disfrutar de su beneficio previsional.
El beneficio está basado en la participación del exministro como juez de Cámara en un tribunal creado en dictadura para perseguir a militantes. La decisión fue tomada el pasado 4 de julio y se conoció anteayer.
“Está claro que esto forma parte del clima político que impera en la Corte Suprema y en muchos organismos judiciales, en pos de reivindicar todo lo que tuvo que ver con los Gobiernos de facto. Todos los cargos por los que ahora Smart reclama su jubilación fueron ejercidos en dictadura, en todos los casos”, dijo a Contexto el integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata y abogado querellante en varias causas por crímenes de lesa humanidad, Aníbal Hnatiuk.
Smart fue quien, desde el cargo referido, se encargó de encubrir y justificar el genocidio llevado adelante en territorio bonaerense por el exgobernador y también genocida Ibérico Saint Jean, quien acuñó la frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, a los tímidos”.
Jaime Smart, fundador del FORES, Foro de estudios sobre la Administración de Justicia, fue uno de los cerebros jurídicos del genocidio. A esa institución de abogados de ultraderecha que actuó durante la dictadura como asesoría letrada de los comandantes militares también pertenece nuestro actual ministro de Justicia y Derechos Humanos Gernán Garavano. FORES publicó un trabajo titulado «Definitivamente Nunca Más», una suerte de anti-Nunca Más, destinado a justificar el genocidio.
“Smart es un personaje muy particular, quien siempre se destacó por reivindicar los crímenes de la dictadura. Desde el diario La Nación reclaman su libertad desde hace rato. También se involucró en la política y se dedicó a ser el armador político de partidos vecinalista con los cuales, después de la dictadura, sus personeros pensaron en perpetuarse de alguna manera en el poder”, señaló Hnatiuk.
En tanto, un comunicado del abogado Marcelo Parrilli señaló: “Que Smart registre a la fecha dos condenas por genocidio y esté inhabilitado de manera absoluta y perpetua no fue óbice para que la Corte le otorgara, en violación de toda la legislación nacional e internacional vigente, esta última incorporada a nuestro derecho interno, el beneficio que inmoralmente solicitó”.
Parilli agregó: “Siempre pensé que la condena de Smart, un hecho enorme, no fue debidamente valorada, por la importancia de Smart en el genocidio y por el sector social al que pertenece Smart. Hoy, este hecho lo vuelve a traer a la primera plana. Esperemos que sirva no solo para que en definitiva se lo prive de esta recompensa económica a su tarea criminal, sino además para que todos podamos conocerlo un poco más y condenarlo socialmente como se merece y le debemos a sus miles de víctimas”.
En tanto, Aníbal Hnatiuk informó que ayer mismo se presentaron peritos de parte sobre el estado de salud de Smart, por el que exige el beneficio de la prisión domiciliaria.
“Presentamos nuestros propios psicólogos, psiquiatras y médicos para que lo analicen y no solo los del Poder Judicial. Queremos evitar que haya cualquier tipo de artimaña o simulación detrás que terminen dando domiciliaria de manera incorrecta. Smart no solo está reclamando en este momento su prisión domiciliaria, sino también jubilación de privilegio”, agregó Hnatiuk.
