Entre octubre y noviembre de 2015, cuando estaba claro que la Municipalidad de La Plata había pasado a manos de Cambiemos, a Miguel Casco le armaron una causa tras una toma de tierras en Arturo Seguí. El fiscal Marcelo Romero, a quien en algún momento el ahora presidente Mauricio Macri quería como candidato a intendente de La Plata en lugar de Julio Garro, ordenó su detención. Casco, de 41 años, conocido vecino por su trabajo social en Arturo Seguí, donde vivió toda su vida, estuvo seis meses preso.
Los supuestos hechos por los cuales Miguel Casco está acusado de los delitos de instigación pública a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y amenazas, se remontan a la madrugada del 31 de octubre de 2015 en inmediaciones de las calles 416 entre 153 y 154 de Arturo Seguí.
Esa noche “un sujeto de sexo masculino instigó a un grupo de personas a cometer el delito de usurpación […] incitando públicamente a la violencia colectiva respecto de los vecinos […] El sujeto también amedrentó mediante amenazas a Susana Beatriz Sanabria”, afirmó este jueves la fiscal Claudia Cendoya, que intentará demostrar durante el proceso que Miguel Casco es “penalmente responsable” de los cargos mencionados.
Las tomas de tierras fueron crecientes en las afueras de La Plata y en diversos puntos del Conurbano en los últimos años, frente a las dificultades para acceder a una vivienda entre la población más humilde y vulnerable. El drama se profundizó desde la llegada de Cambiemos al poder, que como respuesta criminalizó los reclamos de acceso a la tierra y la vivienda.
“Con el cambio de Gobierno, a Garro le venía bien tener un detenido por una toma de tierras. Está todo armado y sostenido dentro del Poder Judicial”, afirmó Miguel Casco a Contexto poco antes de que comenzara el juicio unipersonal presidido por el juez Julio Germán Alegre del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4, en los tribunales platenses de 8 entre 56 y 57.
“Con el cambio de gobierno, a Garro le venía bien tener un detenido por una toma de tierras. Está todo armado y sostenido dentro del Poder Judicial.”
“No hubo violencia y nunca hubo quema de gomas. Y el único detenido fui yo”, se defendió Casco al hablar con la prensa, asegurando que se sintió un “preso político” por su militancia peronista.
Para criminalizarlo, el macrismo se valió, como acostumbra, de los programas de TV hegemónicos, que difamaron a Miguel Casco, casado y con cinco hijos, presentándolo como “puntero político K”. El diario El Día también aportó lo suyo. Desde que Garro lo echó del municipio, Casco no sólo estuvo seis meses preso, sino que desde entonces no consigue un trabajo fijo.
“¿Por qué no me detuvieron aquel día en ese momento y lo hicieron diez días después?”, se preguntó una vez más Miguel, que subrayó el hecho de que se trata de una “causa armada”.
“Esta defensa va a demostrar que Miguel fue injustamente imputado. Vamos a desvirtuar la acusación genérica del juez Marcelo Romero y quedará demostrado que Miguel tiene el apoyo de su comunidad donde vive desde hace 35 años”, sostuvo su abogado defensor, Damián Barbosa, en el inicio de la audiencia.
El primer testigo citado por la fiscalía fue José Marcelo Grandolio, vecino de Arturo Seguí que no pudo siquiera decir con exactitud su dirección. Primero dijo que quienes se metieron en el predio frente a su casa, pertenenciente a un tal Pedro Navarro según él, trabajaban para una cooperativa. Pero luego dijo: “Tampoco sé si son de la cooperativa. Son chicos del barrio que trabajaban en la Municipalidad”.
Según Grandolio, esa noche vio cómo cortaban el tejido del predio para meterse. Luego dijo que un vecino le había avisado y más tarde abundó en descalificar a Casco. “Lo conozco hace cuarenta años. No laburó nunca, estuvo preso, droga, borracho”. Y ante preguntas de la defensa y del juez, aseguró que no está “enemistado” con Casco.
Al día siguiente de la toma, las personas que ocuparon el predio fueron desalojadas por la policía. El testigo no supo precisar cuántos días después se produjo una segunda toma. Casco fue detenido el 9 de noviembre de 2015.
Con el correr del interrogatorio de las partes, que duró más de una hora, el testigo se contradijo en numerosas ocasiones, hasta que finalmente dijo que en su domicilio actual vive “hace dos o tres años”. “Yo vivía a 10 o 15 cuadras”, agregó.
“Vimos que uno de los elementos supuestamente más fuertes que tendría la fiscalía dudó, se contradijo, se remitió a lo dicho por otras personas y no a lo que él mismo habría visto”, dijo el abogado defensor a Contexto al concluir la primera audiencia.
El letrado hizo hincapié en que “lo que me genera tristeza es que no se crea en la crisis habitacional y en que la gente humilde también necesita un lugar donde vivir. Porque más allá de lo jurídico está lo humano”, sostuvo.
“lo que me genera tristeza es que no se crea en la crisis habitacional y en que la gente humilde también necesita un lugar donde vivir. Porque más allá de lo jurídico está lo humano.”
El juicio debía comenzar el miércoles, pero fue aplazado. Una de las principales testigos de la acusación, Susana Beatriz Sanabria, prima de Grandolio, acusó a Casco de haberla amenazado. Sin embargo, ni miércoles ni jueves se presentó a la Fiscalía, pese a haber sido convocada.
“Dígale que venga”, le pidió la fiscal a Grandolio al término de su declaración. “Ayer se olvidó de venir”, le respondió su primo.
Después de los testigos de la fiscalía llegarán los testigos de la defensa. “Son gente que respeta y valora el trabajo social que ha hecho Miguel en Arturo Seguí”, sostuvo el abogado de Casco, a quien respaldaron más de 150 vecinos con su firma en un intento por desarmar una causa más en la cual sorprende la celeridad en comparación con otras en las cuales están en la mira funcionarios del Gobierno municipal. En esas la Justicia avanza a paso de tortuga.
