Concejales platenses de distintos espacios políticos expresaron su “apoyo” y “acompañamiento” al gremio Suteba en su campaña de rechazo a los cambios que genera en el sistema previsional bonaerense la denominada ley de “reparación histórica” para jubilados.
La conferencia de prensa fue convocada por la concejala del FpV-NyP Florencia Saintout. En la sala de relatoría de la Municipalidad estuvieron presentes ediles de diversos frentes políticos, quienes escucharon por parte de los principales referentes de Suteba Seccional La Plata cuáles son los derechos de los trabajadores tanto formales como informales que vulnera la Ley 27.270. Estuvieron los concejales Florencia Saintout, Gastón Castagneto y Guillermo Nano Cara del FpV- NyP, Pedro Borgini, Lorena Riesgo y Silvana Soria del FpV-PJ, Marcela Farroni de Alternativa Vecinal Platense y Gastón Crespo del bloque Progresista, quien sumó la adhesión de los ediles del Frente Renovador.
“Presentamos este pedido de rechazo a cualquier intento de armonización del sistema previsional porque somos defensores de un sistema de reparto público y solidario”, señaló Patricio Villegas, secretario general de Suteba Seccional La Plata. Junto a él estuvieron Paula Tardón, secretaria gremial, y Hernán Parra, secretario de jubilaciones.
En la sesión del Concejo, horas después, Saintout, Cara y Castagnetto presentaron un proyecto de decreto para que el cuerpo tome posición y se manifieste sobre el tema. Durante la conferencia de prensa, los ediles presentes coincidieron en expresar su “preocupación” por la avanzada macrista sobre las jubilaciones y se comprometieron a darle “pronto despacho en comisión”.
La Ley 27.270 de “reparación histórica”, tal como la definió el macrismo, fue aprobada por el Congreso de la Nación en junio de 2016. En uno de sus apartados refiere a la armonización de los “sistemas previsionales provinciales”, disposición que fue rechazada de entrada por los gremios docentes.
La armonización implica que las provincias ajusten sus sistemas previsionales provinciales con las condiciones jubilables de la ANSES, lo que conlleva a una “pérdida de derechos adquiridos” para “todos los trabajadores, no sólo los docentes”, afirmaron los gremialistas. Según la normativa, las provincias tienen cuatro años para adecuarse a las pautas nacionales. Tierra del Fuego, Córdoba y Formosa ya se ajustaron a la ley, mientras que en el Congreso de la provincia de Buenos Aires todavía no se trató.
Entre esas pautas que las provincias deben “armonizar” con Nación están la edad jubilatoria, la cantidad de años de servicio exigidos, el mecanismo de movilidad de haberes y la determinación del haber jubilatorio inicial.
Hernán Parra, secretario de jubilaciones de Suteba, precisó los alcances que podría implicar la armonización en caso de aprobarse en el Congreso bonaerense: “La edad jubilatoria en las mujeres asciende cinco años más, porque así es el régimen de la ANSES: pasa de los 60 a los 65 años”.
Con respecto a la movilidad jubilatoria, actualmente ajustada por los acuerdos paritarios, “sería otorgada por la ANSES a partir de la recaudación fiscal y no vía paritaria. Y si tenemos en cuenta que este Estado recauda menos por quitar retenciones a mineras y dueños de la tierra, sumado a que crece el desempleo y hay menos aportes, la recaudación decae, y, de agravarse esto, se podrían congelar las jubilaciones”, detalló Parra.
Otros dos puntos que marcó Parra sobre los impactos de la ley son “la eliminación de la moratoria previsional actual por una pensión universal para el adulto mayor, que significa un fuerte retroceso porque equivale al 80% de la jubilación mínima y no se transmite a herederos”. Y, en segundo lugar, “la venta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está siendo vaciado”.
Por otro lado, en el caso de los docentes y estatales, al jubilarse “no podrán elegir el mejor cargo durante un período de 36 meses; lo que hace el régimen general de la ANSES es prorratear los últimos diez meses de la carrera para otorgar un haber jubilatorio, y no el mejor del transcurso de la carrera laboral”, apuntó Parra.
Por último, desde Suteba consideraron que la armonización implica para los regímenes previsionales provinciales una “extorsión” por parte del Estado nacional, ya que “recibirán un porcentaje de asistencia financiera de acuerdo a lo que ajusten”.
Suteba continuará con la búsqueda de apoyos en los Concejos Deliberantes de otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Es una política realizada desde la CTERA, confederación nacional de la que depende Suteba, para obtener mayores rechazos a la ley macrista.
