Tras conocerse la renuncia presentada por Cartasegna, la madre de Miguel Bru pidió que no se la concedan y que se prosiga con el juicio político al polémico fiscal, quien desde 2010 tiene a cargo la causa por la búsqueda del estudiante . “Es indignante”, sostuvo Rosa, quien consideró que con Cartasegna fueron “siete años que se perdieron”.
“Vengo por la presente, luego de haberme desempeñado por casi 30 años en la justicia local, de los cuales los últimos 10 lo he hecho como Agente Fiscal a cargo simultáneamente de las Fiscalías 4 y 9, y como referente del Departamento Judicial de La Plata de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pedofilia y Pornografía Infantil en la Red, a presentar mi renuncia al cargo con fines jubilatorios”, escribió el fiscal Fernando Cartasegna en su renuncia presentada ante el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.
La causa de Miguel Bru, el joven estudiante de periodismo desaparecido tras una serie de torturas en la Comisaría N° 9 de La Plata, era investigada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 por Fernando Cartasegna, quien fue acusado en varias ocasiones por su inacción respecto a esta y otras causas. En ese marco, Rosa Schonfeld de Bru, quien busca a su hijo hace veinticuatro años, exige que la renuncia no sea aceptada sino que se avance con el enjuiciamiento al polémico fiscal.
“Espero que no le acepten la renuncia”, dijo a Contexto Rosa Bru, quien cuestionó el planteo jubilatorio de Cartasegna. “Él está separado por otros motivos; por haber faltado y por haber incumplido por su labor de fiscal. Así que espero que no le acepten la renuncia y que lo juzguen con un jury político, y que no sea beneficiado por una jubilación”, dijo Bru, quien consideró el pedido de dimisión como “indignante”.
Cabe recordar que Cartasegna estuvo a cargo de la UFI N° 4 hasta mayo pasado, cuando fue licenciado luego de haber denunciado una serie de ataques en su contra, uno de ellos en su oficina y otro en su domicilio. El fiscal terminó internado en un neuropsiquiátrico, al tiempo que se inició una investigación al respecto y comenzaron a crecer las versiones de “autoatentados”.
El fiscal Álvaro Garganta, a cargo de la investigación, inició una auditoria en la UFI N° 4 donde se detectaron una serie de irregularidades, como carpetas con caratulas en blanco y faltante de pruebas, incluso se llegó a denunciar la desaparición del expediente del caso de Miguel Bru, causa abierta en 1999 con más de dos mil páginas, que finalmente fue encontrada una semana después.
Estas situaciones llevaron a que Cartasegna sea acusado por “incumplimiento en los deberes de funcionario público”, enfrentándose así a un jury en su contra. Acorralado por esto, el fiscal decidió presentar la renuncia.
“Justamente el Procurador fue uno de los principales testigos de las irregularidades que se cometieron en esa fiscalía, por lo tanto espero que no le dé lugar a este pedido de renuncia”, sostuvo la madre de Miguel, quien insistió con que Cartasegna “debe ser juzgado por un jury político. De una vez por todas tienen que dar el ejemplo: si alguien faltó, como es este caso, tiene que responder por ello”.
Ahora, la Fiscalía General de La Plata, a cargo de Héctor Vogliolo, derivó la causa de Miguel Bru al fiscal Marcelo Martini, con quien Rosa Bru se reunió el día de ayer. “Las expectativas son muchas: continuar con los rastrillajes como se hacían antes y que se investigue cada dato”, sostuvo Rosa, quien agregó que “nosotros queremos que todo sea igual que antes de que pasara a la UFI N° 4”.
Bru pidió que Martini profundice la investigación. “Los datos por ahí no se investigaban porque eran muy pocos o porque consideraban que no decían nada. Para nosotros eso era terrible: que el fiscal no tomara en serio nada realmente era terrible”, sostuvo.
Cabe destacar que en la investigación por el paradero de Miguel Bru hubo 37 rastrillajes. En los siete años que estuvo a cargo Cartasegna, a pesar de los datos aportados, solo se realizaron dos búsquedas: una en Berisso en 2011 y otra en el centro platense en 2015.
Pero Cartasegna no sólo paralizó la causa de Miguel Bru: también archivó la del caso Sandra Ayala Gamboa, sin investigar las complicidades políticas, y presentó la renuncia a la investigación sobre torturas a un menor por parte de la policía, alegando que el abogado defensor tenía un “desmesurado afán por la defensa de los derechos humanos”.
