El gobierno de Mauricio Macri está en un callejón sin salida, al menos una que se adecue al respeto de los derechos humanos. El 1º de agosto pasado, el mismo Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, estuvo en la ruta 40 en la entrada de un campo del magnate italiano Luciano Benetton, tierras justamente que reclama el Pu Lof en Resistencia en el departamento de Cushamen. Justo ese día, más de un centenar de gendarmes de tres escuadrones participaron en una irrupción violenta a esa comunidad mapuche.
Como si fuera una “verdadera cacería”, según describieron al día siguiente a Contexto miembros de esa comunidad que reivindica su derecho a la tierra ancestral, los gendarmes rompieron la tranquera con sus camiones, entraron al campo y persiguieron a quienes estaban en el Lof, quemaron ropa, casillas y hasta juguetes, y se llevaron a Santiago Maldonado, un joven artesano que apoyaba los reclamos del pueblo mapuche.
Todo indica que el gobierno de Cambiemos no hace las cosas porque sí, sobre todo en materia de seguridad. Exactamente el 26 de julio de 2016, Noceti, abogado defensor de genocidas de la dictadura cívico-militar (1976-1983), estaba en Esquel y asistió a una audiencia judicial que prolongó la prisión preventiva del lonko Facundo Jones Huala, reclamado por Chile.
Según el portal Noticias de Esquel de ese día, Noceti había viajado al sur porque estaba “interesado en los conflictos en torno a las comunidades Mapuche, la situación de Jones Huala y el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”. Metiendo todo en la misma bolsa para crear confusión y criminalizar cualquier protesta social, Noceti afirmaba a Radio Nacional que le “preocupaban” los “acontecimiento de violencia” ocurridos por entonces. “Estamos viendo qué está pasando y qué medidas pudieran ser necesarias tomar como Ministerio de Seguridad de la Nación”, y advertía: “en la medida en que haya delitos federales por investigar, tendríamos que intervenir”.
Como al azar, decía: “por ejemplo, el hecho de que haya una organización que pretende por la fuerza imponer sus ideas atemorizando al resto de la población, hay un delito federal que es el previsto en el artículo 213 bis del Código Penal”.
“Ha habido dos hechos diferentes, uno en El Bolsón y otro en El Hoyo, dos hechos que está reivindicando el RAM. Si el método utilizado por el RAM es la violencia, estaríamos frente a un delito de naturaleza federal […] Si el juez nos da la intervención, tendríamos que intervenir”, anticipaba Noceti.
Acciones violentas y represivas contra la comunidad mapuche se repitieron en enero, en julio y el 1º de agosto. “Me parece que la orden era desaparecer a uno y que hoy no se hable de otra cosa en todo el país”, confió a este medio una fuente conocedora del abuso de quienes se creen dueños de las tierras patagónicas. “Creo que no fue un error ni que se les fue la mano”, agregó.
Bullrich, a quien parece que el gobierno de Macri le está soltando la mano, cubrió en un principio a su número dos y sobre todo a la gendarmería. Entrevistado por el portal informativo LaVaca, el propio Noceti admitió que el 1º de agosto estaba en la zona. “A las 12:30 pasé por la ruta, saludé a los gendarmes y seguí”, afirmó, y sin ningún empacho explicó que el día anterior había estado en el juzgado federal y que “ese día había quedado en ir a ver al juez federal de Esquel” Guido Otranto.
Otra vez la causalidad. El juez Otranto fue justamente el que se hizo cargo de la causa de Santiago Maldonado, caratulada inicialmente como “Averiguación de delito”. El juez Otranto es el mismo que viene buscando escalar en el Poder Judicial y salir de la provincia de Chubut, y es quien tiene todas las chances de ser designado integrante del Tribunal Oral de General Roca, en Río Negro. Dicho sea de paso, sus relaciones con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, van de mal en peor. Este último lo acusó días atrás de haber reprimido a los mapuches por “decisión propia”.
Recién el 24 de agosto la causa fue recaratulada por decisión de la fiscal Silvina Avila como “desaparición forzada”.
Macri defiende los negocios de sus amigos extranjeros
Para llevar adelante su plan económico y financiero que contempla maximizar los beneficios de su clase en el menor tiempo posible, Macri y sus ministros empresarios empezaron por criminalizar la protesta de los movimientos sociales y de los mapuches, entre otros, volviendo a la teoría del “enemigo interno” tan preciada por la doctrina de la seguridad nacional destilada desde Estados Unidos y adoptada por los gobiernos cipayos, y al mismo tiempo comprarle armamento a Washington por miles de millones de dólares.
En la década del noventa, inmensas extensiones de la Patagonia argentina fueron vendidas descaradamente a multimillonarios extranjeros como Benetton –indemnizado por el gobierno de entonces tras un brote de fiebre aftosa–, Ted Turner –el dueño de CNN– y Joe Lewis –el amigo inglés de Macri, que suele irse a la mansión que el magnate tiene frente al lago Escondido, a unos 40 km de El Bolsón, lago del que se adueñó lisa y llanamente–.
El viernes llegaron refuerzos de gendarmería a esa ciudad rionegrina antes de una marcha para pedir por Santiago Maldonado. Pero no es casual tampoco ese refuerzo: Lewis quiere llevar adelante allí un megaemprendimiento en una reserva natural protegida en la Pampa del Ludden al que se oponen miles de habitantes, muchos de los cuales han sido amenazados por las fuerzas de seguridad o sicarios de Lewis.
Para el excanciller Jorge Taiana, candidato a senador por Unidad Ciudadana, lo ocurrido en Cushamen y en otros puntos del país desde la llegada de Macri al poder busca un “efecto disciplinador”.
“El gobierno, desde su comienzo, buscó sacar a la manifestación de la calle […] Hubo distintos intentos de desmovilizar y hubo represiones específicas. En ese escenario disciplinador, el gobierno genera condiciones para que suceda lo que sucedió con Maldonado”, afirmó Taiana en una entrevista que subió a su página de la red social Twitter.
El exjefe de la diplomacia argentina también se refirió al papel de las fuerzas de seguridad. “Todos sabemos cómo funcionan las fuerzas de seguridad y sabemos que la conducción política férrea evita que sucedan ciertas cosas”.
Taiana precisó entonces que “la construcción de los mapuches como un enemigo interno y una potencial fuente de terrorismo” es una línea que está bajando “desde hace muchos años” el Pentágono, es decir, el gobierno de Estados Unidos, que ahora está en manos de la derecha más recalcitrante en la figura de Donald Trump.
El macrismo quiso instalar el “falso debate” sobre si era o no una desaparición forzada. El candidato a senador sostuvo que en el caso de Santiago Maldonado “el carácter de desaparición forzada lo da la circunstancia de que no se lo encuentra más” y de que se produce en “una protesta pública de los pueblos originarios reprimidos por la Gendarmería”, que es una fuerza federal.
“En el gobierno hay mucha más preocupación por culpabilizar a los mapuches que por hacer un estudio profundo para ver qué ha pasado con la conducta de los gendarmes”, sostuvo Taiana, que partició en la manifestación que el viernes colmó la Plaza de Mayo y sus inmediaciones al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Allí, donde Sergio Maldonado pidió la renuncia de Bullrich una vez más, pero esta vez todos juntos, volvió la pregunta que cientos de miles de ciudadanos nos hacemos desde el 1º de agosto: ¿dónde está Santiago Maldonado?
