Por Maximiliano Ceci
A un mes de la puesta en funcionamiento de la Policía Local en La Plata, su accionar, en términos de efectividad, sigue siendo un misterio, y se mantienen las dudas sobre si la preparación “express” que tuvieron los 700 agentes que caminan por las calles se contradice con el fin para el que fue creada. A esto se le suma que ni el intendente Pablo Bruera ni la provincia generaron las instancias de participación ciudadana y política para poder monitorear a los uniformados y evaluar su trabajo.
Es por eso que en el Concejo Deliberante se aprobó tratar en comisión un proyecto que propone la formación del Consejo de Seguimiento y Control Ciudadano de dicha fuerza provincial con base municipal.
La única información disponible sobre la Policía Local es la difundida por el propio Ministerio de Seguridad bonaerense, el cual asegura que, al cabo de treinta días, “se secuestraron más de 250 vehículos y se puso a disposición de la justicia a 200 personas, como parte de las acciones preventivas que realiza”.
Este proyecto tiene como eje erradicar, prevenir y controlar los casos de violencia institucional. La preocupación no es casual: un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acerca de los últimos diez años explica que “murieron 1.150 personas particulares en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad”. Es más, “cerca de la mitad de estas personas (49%) murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”.
Saintout pidió que la comisión pueda actuar en el debate y resaltó: “nuestro proyecto nacional, popular y democrático puso en discusión la violencia institucional”.
La concejala del bloque FpV Nacional y Popular, Florencia Saintout, pidió que la comisión interviniente pueda actuar con celeridad en el debate de la iniciativa, y resaltó que “nuestro proyecto nacional, popular y democrático puso en discusión la violencia institucional”.
También recordó que el bloque al que pertenece votó en contra de la creación de la fuerza, pero que se debe legislar para desarrollar una política de “seguridad democrática”.
Las fuerzas de seguridad parecen estar al servicio del cuidado de la propiedad privada, volviéndose guardianes de los circuitos comerciales. “La nueva policía le agrega más seguridad a lugares que ya se encuentran asegurados, dejando desprovista a la periferia y, sobre todo, a los barrios más pobres, que es donde hay mayor conflictividad”, sostiene Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magíster en Ciencias Sociales.
Más policía, más delitos
Si bien Bruera está construyendo la campaña electoral hablando de políticas contra la inseguridad y la colocación de botones antipánicos, los actos violentos no cesan con las medidas tomadas. En los días previos a que el intendente insistiera sobre su combate contra el delito, en la esquina de la escuela de 607 y 124, del barrio de Villa Alba, le dispararon por la espalda a Nazarena Arriola, de 17 años; en 66 y 116 mataron al médico Francisco Guerrero en un robo; en 147 y 530, en el barrio de San Carlos, asesinaron a una mujer en un cruce de disparos; en 64 y 152, otra mujer denunció que la policía le “ametralló” su casa con balas de goma mientras dentro estaban cuatro de sus hijas y sus veinte nietos; en el barrio La Granja, Patricia Villalba recibió un tiro en el abdomen y llegó muerta al hospital; y el domingo a la madrugada, patovicas del bar Almendra golpearon a un joven hasta dejarlo inconsciente mientras que los vecinos llamaban al 911 y nunca obtuvieron respuestas.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Ángela Oyhandy opina que la descentralización de las fuerzas de seguridad en la Policía Local platense “no cambia en forma estructural lo que son los lineamientos centrales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: el régimen laboral, el tipo de relaciones entre las distintas estructuras hacia el interior de la Policía”. En la discusión en torno a reorganizar la institución policial, agrega, no se ha avanzado “ni un paso con la sanción de las Policías Locales”.
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Controlar a los controladores
El Consejo de Seguimiento y Control Ciudadano de la Policía Local estará conformado por siete miembros que deberán acreditar preparación y trayectoria en el ámbito de la prevención, sanción y erradicación de la violencia institucional.
Se designarán, por un período de dos años, tres integrantes por la mayoría para el órgano de control, dos por la primera minoría, uno por la segunda y otro por la tercera minoría, y se reunirán una vez por mes.
“Es muy importante que podamos tener un Consejo de Seguimiento y Control Ciudadano de la Policía Local con personal idóneo con trayectoria en la lucha contra la violencia institucional para monitorear su accionar”, dijo Saintout.
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