A un año del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, el marcado retroceso en los derechos de los trabajadores se ve en todas las áreas. Uno de los sectores más afectados es el de los trabajadores rurales, los grupos denominados Sin Tierra y los pueblos originarios.
Josep Iborra Plans, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), dialogó con Contexto sobre la grave situación que se vive en el interior de Brasil.
– ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores campesinos en Brasil?
– Hace muchos años que hacemos un monitoreo de los conflictos de la tierra y las situaciones de violencia que viven los campesinos. Lo que hemos constatado es que en la preparación del golpe y después de que se concretó, la violencia y los conflictos en el área rural de Brasil han sufrido un aumento muy significativo. Los retrocesos en derechos democráticos, en derechos de los trabajadores y la falta de respeto a los campesinos y a los pueblos originarios son constantes.
– ¿En qué situaciones se pueden ver estos retrocesos?
– En varias. Por ejemplo, en el estancamiento de la reforma agraria. Si bien estaba estancada hace un tiempo atrás, en el último año se tomaron una serie de medidas que la paralizaron por completo.
Otro aspecto en el que se ve este retroceso es en el tema de la reforma jubilatoria. La intención del gobierno es aumentar la edad jubilatoria de las agricultoras campesinas de 55 a 65 años. Esto no solo significa diez años más de trabajo, sino que no tiene en cuenta que las mujeres campesinas enfrentan una jornada laboral extenuante y una jornada doméstica también intensa, y que, en la mayoría de los casos, el promedio de vida de estas mujeres es de setenta años. Entonces, lo que les está ofreciendo es solo cinco años de jubilación al final de su vida.
A todo esto se suma que las leyes que se han aprobado en el último tiempo favorecen a los grandes proyectos de extracción de los recursos naturales, restringen los derechos de los agricultores y perjudican al medioambiente. Muchas de estas medidas disminuyen la protección de la madre naturaleza y cancelan decretos de reconocimiento de territorios indígenas.
– ¿Cómo han reaccionado los trabajadores campesinos de Brasil?
– El movimiento sindical ha realizado varios actos y manifestaciones contra la reforma jubilatoria. Por otra parte, dentro del Movimiento Sin Tierra ha habido dos reacciones distintas. Por un lado, un sector mostró cierta resignación, una paralización, como si no hubiera nada que hacer. Por otro lado, otro sector mostró una radicalización de quienes han intentado conseguir su tierra de cualquier forma, la idea de que “si el gobierno no la da, la vamos a tomar como sea”.
Esto ha tenido una doble consecuencia: el aumento de la violencia y el aumento de la criminalización, la persecución, la prisiones y la utilización de la maquinaría policial y judicial contra todo tipo de reacción. Hay un alto nivel de persecución.
– ¿Hay un alto nivel de extranjerización de la tierra?
– Otra de las leyes que se están discutiendo propone abrir, casi sin restricciones, la compra de tierra para los capitales extranjeros, y se ha abierto la posibilidad de que se realice explotación minera en áreas inmensas que estaban declaradas parques naturales.
– ¿Cómo es la situación de la concentración territorial?
– Brasil es uno de los países con mayor desigualdad en la concentración de la tierra, y ahora la concentración ha aumentado más. Desde el golpe, en Brasil aumentaron las amenazas, los desalojos, el encarcelamiento y el asesinato de campesinos.
– ¿Quiénes son los que comenten estos asesinatos y quiénes son las principales víctimas?
– En la región amazónica es donde se comente la mayoría de los asesinatos. Los sectores más afectados son los Sin Tierra, los afrodescendientes y las comunidades indígenas. En muchos casos es porque se niegan a pagar el arrendamiento que les exigen los supuestos “dueños” de esos territorios. Digo supuestos “dueños” porque en realidad estas comunidades están ocupando esas tierras desde hace siglos y se trata de territorios que se les ha ido robando.
Este año se conoció la noticia de que en el Valle de Javarí, cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, se produjo una masacre contra un grupo de indígenas. Más de veinte indígenas fueron asesinados por un grupo de mineros clandestinos que luego en un bar se jactaron de lo que habían hecho y alguien que los escuchó los grabó. Los mineros clandestinos narraron en la grabación que habían asesinado a estos indígenas, los habían cortado en pedazos y luego se los habían tirado a las pirañas para que no quedasen rastros. A partir de esa grabación, el Ministerio Público empezó una investigación y confirmó que había habido esas muertes, aunque ahora se están desdiciendo de ello.
Otra masacre que ha habido este año la realizaron policías que habían argumentado un supuesto enfrentamiento, pero que se comprobó que fue una ejecución. En el Mato Grosso se comprobó que el asesinato de dos jóvenes lo realizaron un grupo de pistoleros entre los que estaban un sargento de la policía que ya estaba buscado por otros crímenes y varios policías más. En ese caso, un grupo de Sin Tierra tenía un campamento, el supuesto propietario consiguió una orden judicial de desalojo y los echaron con la policía. Unos días después, cinco jóvenes volvieron a buscar algunas de sus pertenencias que habían quedado allí. Este grupo de pistoleros los sorprendió y los empezó a perseguir en lo que fue realmente una cacería humana. Los persiguieron desde las 11 de la mañana de un día hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Tres lograron escapar, pero los otros dos fueron capturados. De uno apareció el cuerpo quemado y del otro no se volvió a saber nada. Los sobrevivientes reconocieron a varios policías entre los pistoleros.
– ¿Cómo han actuado los medios de comunicación respecto a este tema?
– Los medios locales y los grandes medios han demonizado a los grupos Sin Tierra, los presentan como bandidos armados. Cuando se encontraron una serie de armas en uno de los lugares de las masacres, rápidamente los medios dijeron que eran de los Sin Tierra. Después se pudo demostrar que eran armas de los pistoleros contratados por los hacendados para atacar a los Sin Tierra. Los medios criminalizan y estigmatizan a los Sin Tierra, a los movimientos sociales y de derechos humanos.
– ¿Cómo ha reaccionado la Iglesia frente a estos hechos?
– Ha habido de todo. La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil hizo una serie de denuncias. El obispo de Porto Bello nos acompañó mucho en la denuncia por el asesinato de esos dos jóvenes. Fue fundamental su apoyo para que ese caso fuera investigado y haya habido presos, lo que es una excepción, porque de un total de 41 asesinatos, en solo tres o cuatro se logró que se realice una investigación y que los culpables sean condenados. El resto permanece impune.
Sin embargo, los obispos regionales no han actuado de la misma manera. En donde más muertes ha habido es en Rondonia, en la región de Ariquemes. Allí fui a visitar a uno de los padres más antiguos de la región y él me decía: “Aquí no hay conflictos, aquí no hay problemas”. Cuando yo le empecé a nombrar los casos, los crímenes, él los conocía a todos perfectamente. Entonces, en un momento me dijo: “¿Tú estás aquí para preguntar por los muertos? Mejor ten mucho cuidado”. En ese momento pensé: “Bueno, hasta los padres me están amenazando”.
Es una Iglesia que también está “amordazada por los bueyes”. Uno de los sistemas que tienen para mantenerse es pedir bueyes para la parroquia y hacer una subasta. Si los padres se ponen del lado de los campesinos y no de los dueños de las tierras, estos les niegan los bueyes para la subasta y se quedan sin ese recurso.
– ¿El gobierno cómo ha reaccionado ante todos estos crímenes?
– El gobierno… el gobierno guarda silencio.
– ¿Y cuál ha sido el rol del Poder Judicial frente a estos hechos?
– Algunas veces, como reacción porque les destruyen el campamento, los grupos más radicalizados de los Sin Tierra toman medidas violentas. En la región de Ariquemes destruyeron una hacienda y dejaron una Biblia, en la que estaba marcado un texto de San Pablo que decía: “Ahora ya no vale más la ley de los hombres, vale la ley de Dios”.
Esa es una respuesta al hecho en que, en esos territorios, no hay Estado de derecho, lo que hay es un terrorismo de Estado. Está quedando cada vez más claro cómo funcionan los poderes. El Poder Judicial no es ciego, sino que mira claramente a favor de los poderosos de una manera muy descarada. Cuando los poderosos no consiguen resolver las situaciones a su favor a través del Poder Judicial, recurren a las milicias armadas.
