En la audiencia pautada ayer por la Justicia entre el municipio y los artesanos, la Comuna se comprometió a crear una mesa de trabajo para registrarlos y darles espacios públicos para las ferias, tal como establece la incumplida Ordenanza Nº 9.177. El encuentro fue después de los aprietes de Control Urbano del último domingo en Plaza España.
“Lo que la gestión política no pudo hacer, lo hace la Justicia”, dijo Marcelo Leyra, abogado de los artesanos y manualistas de La Plata. Ese fue el balance que hizo el letrado tras la audiencia realizada ayer con funcionarios del municipio en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4, para buscar una solución consensuada frente a la postura de la gestión de Julio Garro que desde que asumió no cumple la ordenanza que regula la actividad de los feriantes en los espacios públicos de la ciudad.
El domingo pasado, mediante un operativo que tuvo momentos de alta tensión, agentes de Control Urbano y efectivos de la Policía Local intentaron desalojar a los feriantes de Plaza España y decomisar sus productos, pero la intervención de sus abogados lo impidió: plantearon que la situación de los feriantes estaba en una instancia judicial y que el procedimiento era ilegal.
Luego de este hecho, y considerando el marco de irregularidad con el que se manejaba la comuna, el martes los artesanos recurrieron a la Justicia y la jueza María Ventura Martínez (a cargo del Juzgado Nº 4) pautó una audiencia para destrabar el conflicto.
En la audiencia de ayer por la mañana, los funcionarios de las áreas de Desarrollo Económico y Cultura se comprometieron con dos puntos. “Quedamos en que van a crear una mesa de trabajo que empieza el lunes próximo para ver cómo proteger las ferias artesanales, haciendo cumplir la ordenanza. Y por otro lado la creación de una comisión evaluadora municipal para determinar quiénes son artesanos y quiénes no, algo que no habían hecho en estos dos años”, explicó a Contexto el abogado Marcelo Leyra, que representa a ochenta de los cuatrocientos artesanos de La Plata.
“Una vez que lo determinen, el artesano está exento de pagar todo tipo de tasa y tiene la autorización para estar en una feria en el espacio público tal como lo establece la ordenanza”, agregó Leyra.
La ordenanza estuvo en práctica durante quince años. Sin embargo, el gobierno de Garro la desestimó y actualmente sólo se aplica para la feria de la Plaza Italia. Los artesanos piden que se respete porque implica ser reconocidos como parte de la cultura de la ciudad y, por lo tanto, incluidos en la Secretaría de Cultura y Educación, cartera que a partir del acuerdo pactado ayer debería hacer un registro y estipular qué lugares públicos utilizar para las ferias, tarea que desde el año pasado hacen los propios artesanos.
“Queremos estar regulados por el municipio, que ellos sean los que se encarguen de la feria y la fiscalización de los artesanos para estar de nuevo en el marco de la ordenanza”, dijo a Contexto Patricia Romero, una feriante platense. “Nos pusieron en el marco de microemprendedores”, pero “nos oponemos porque no somos pequeñas empresas, somos artesanos o manualistas. Esperemos que la intervención judicial genere que esto se pueda solucionar”.
Previo a la mediación de la Justicia, con su mirada mercantilista, el municipio consideraba a los artesanos como microemprendedores y no como parte de la cultura de la ciudad, por lo cual debían pagar un canon y estaban bajo la órbita de Desarrollo Económico. Además, los controles municipales han restringido las posibilidades de trabajo de los artesanos, que contaban cada vez con menos lugares para vender. Comúnmente hay ferias en las plazas Italia, España, Belgrano (City Bell) y Malvinas, y en los parques Saavedra y San Martín.
La jueza María Ventura Martínez dispuso otra audiencia para el 20 de octubre con el fin de evaluar cómo avanzaron los convenios acordados ayer: la mesa de trabajo entre las partes y la comisión municipal que haga las fiscalizaciones de los artesanos.
