El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, denunció este miércoles que el aumento en la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires es el resultado “de las políticas represivas” alentadas por el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal.
Según el Informe Anual 2017 El sistema de crueldad de la CPM, “la población encarcelada en la provincia de Buenos Aires es la más alta de los últimos 20 años”, pasando en seis meses de 38.681 detenidos y detenidas a fines de 2016 a 41.729 en julio de este año.
“Con más de 41.000 detenidos, la provincia de Buenos Aires tiene un récord histórico”, destacó un video presentado ante un nutrido auditorio en el salón Eva Perón del edificio anexo del Senado en la capital bonaerense, entre quienes se encontraban desde el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, hasta Rosa Bru, madre del estudiante de Periodismo Miguel Bru, desaparecido en 1993 luego de ser torturado a muerte en la Comisaría 9ª de La Plata.
Jueces, abogados, fiscales, dirigentes gremiales y familiares de víctimas de la represión policial asistieron a la presentación.
La provincia detenta otra cifra vergonzosa. Mientras en el país el promedio es de 169 detenidos por cada 100 mil habitantes, en la provincia esa media asciende a 245.
“Este gobierno no dialoga. Lo que aplica es una política represiva en todos los niveles”, sostuvo Pérez Esquivel en diálogo con Contexto poco antes de la presentación pública del informe.
Pérez Esquivel: “Este gobierno no dialoga. Lo que aplica es una política represiva en todos los niveles”.
Según ese documento, las muertes de personas bajo custodia del Estado o por agentes de fuerzas de seguridad también se incrementaron. “En 2016 se produjeron un total de 385 muertes”, de las cuales 156 tuvieron lugar en cárceles, a razón de trece por mes o tres por semana. De las 156, el 71% fueron por desatención de problemas de salud; 12 murieron en comisarías, 107 en neuropsiquiátricos, una en centros de menores y 109 fueron asesinados por agentes de fuerzas de seguridad, puntualizó el Informe Anual.
“La CPM está muy preocupada”, afirmó Pérez Esquivel, luego de indicar que el martes el organismo entregó el informe al vicegobernador Daniel Salvador, pese a que la audiencia la habían pedido con Vidal.
El informe destaca el incremento poblacional de las y los privados de libertad en las cárceles bonaerenses, el uso de la tortura “como una práctica sistemática que debe interpretarse en clave de gobernabilidad, es decir son prácticas articuladas para lograr un determinado ordenamiento interno”, el hacinamiento, los traslados constantes y las requisas permanentes.
En 2016 se registraron más de 16.000 hechos de tortura y malos tratos, y se denunciaron 624 de vulneración de derechos en niños y jóvenes.
La masacre de Pergamino y Santiago Maldonado
“Hay problemas estructurales, pero otros tienen que ver con políticas del gobierno”, sostuvo Pérez Esquivel. Para el Nobel, las políticas impulsadas por Cambiemos son responsables de la Masacre de Pergamino del 2 de marzo, cuando murieron siete detenidos en la Comisaría 1° de esa ciudad atrapados en un incendio, o la desaparición forzada de Santiago Maldonado en Chubut el 1º de agosto pasado. Por ellos reclamó una “verdadera independencia del Poder Judicial”.
“Este informe se construye con la verdad de las víctimas”, sostuvo Sandra Raggio, directora de la CPM al inicio de la presentación, antes de subrayar que “la desaparición de Santiago Maldonado no es un hecho aislado, sino que se inscribe justamente en el conjunto de violaciones de las fuerzas de seguridad”.
Para el organismo, “la desaparición de Santiago Maldonado es la expresión más dramática de la orientación de la política criminal y de seguridad que se ha definido a nivel nacional”.
El documento defendió la creación de la Policía Judicial y de las Fiscalías especializadas y criticó el proyecto presentado por el macrismo para modificar el Código Procesal Penal estableciendo el procedimiento en casos de flagrancia. También cuestionó la reforma de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de otras normas que buscan “imponer el paradigma de la seguridad ciudadana que supone que el fin único del encierro es la protección de la sociedad”.
Pérez Esquivel atribuyó una gran responsabilidad “en la violencia enquistada” en la sociedad a la formación que reciben los efectivos penitenciarios y policiales “que se transforman en fuerzas de represión y no de seguridad social”. Interrogado sobre el escenario social al cabo de un año y medio de gobierno de la alianza Cambiemos, el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue enfático: “este modelo no cierra si no es con represión”.
