Mientras los senadores nacionales debatían y daban media sanción a la prórroga de la Ley Nº 26.160 que frena los desalojos de los pueblos originarios, una comunidad indígena ubicada en el límite de Salta, Santiago del Estero y Chaco era ferozmente reprimida para expulsarla de sus tierras ancestrales.
Se trata de la comunidad Sin fronteras del Pueblo Lule Vilela, que cuenta con personería jurídica, inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de acuerdo con la legislación vigente.
Sin embargo, unos treinta policías salteños y el juez de paz de El Quebrachal, Oscar Alfredo García, irrumpieron violentamente este martes junto a “paramilitares” del terrateniente ganadero Marcos Loprestti, que desde hace una década intenta usurpar esas tierras ancestrales.
Cariló Olaiz, miembro del Mocase Vía Campesina, contó a Contexto que los efectivos llegaron al lugar “fuertemente armados”, agredieron a miembros de la comunidad y “voltearon el rancho” de una de las familias.
Tras destruir la vivienda, esposaron y golpearon a una de las integrantes de la familia, Teresa Palma, así como a otras mujeres, e hirieron en la cara con balas de goma a Miguel Palma.
Cuando quiso intervenir una de las autoridades de la comunidad, el consejero Rafael Galván, los efectivos lo redujeron y se lo llevaron detenido a la comisaría de El Quebrachal, donde hasta anoche continuaba incomunicado.
“Loprestti es un terrateniente que se apropió de unas 17 mil hectáreas. Ha ido desalojando a gente que estaba a la par del río Salado, una zona muy rica porque tiene riego. Tenemos entendido que el juzgado iba a notificar a la comunidad, no a desalojarla, pero parece que Loprestti pone plata y hacen lo que él quiere”, indicó Olaiz.
Para el referente del Mocase Vía Campesina, “es lamentable que haya pasado esto mientras se debatía la Ley Nº 26.160 y a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería”.
“es lamentable que haya pasado esto mientras se debatía la Ley Nº 26.160 y a dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante la represión de Gendarmería.”
“Es como si fuera una provocación”, sostuvo, y agregó que el operativo se realizó pese a que “hace dos meses atrás hubo un diálogo con el Ministerio Público Fiscal”, luego de presentarle toda la documentación del relevamiento del INAI.
Según adelantaron desde la comunidad, este miércoles se presentará una denuncia ante la fiscalía por la represión, el intento de desalojo que “viola la Ley Nº 26.160” y el robo de pertenencias de la familia Palma.
Además, llevarán a cabo una movilización hasta la comisaría de El Quebrachal en reclamo de la “inmediata liberación” del consejero detenido, de la que participará el Mocase Vía Campesina y otras organizaciones sociales.
