Desde que Mauricio Macri llegó al poder en diciembre de 2015, la Universidad de las Madres viene siendo objeto de un permanente hostigamiento a tono con la ideología oficialista. Al ajuste económico-financiero, el gobierno de la alianza Cambiemos le sumó el nombramiento de un interventor con un curriculum que deja mucho que desear en materia de honestidad y transparencia, y que lanzó la persecución académica.
Según la resolución a la que tuvo acceso Contexto, el artículo 1º establece lisa y llanamente “el juicio académico a los/as docentes del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos ‘Madres de Plaza de Mayo’”, según una serie de normas que detalla a continuación de forma general.
Entre las causales para la formación del juicio académico citadas en el artículo 2º menciona “el incumplimiento de las obligaciones docentes, la transgresión a leyes, reglamentos y directivas de autoridades universitarias legalmente constituidas, la ineptitud científica o didáctica y la ejecución de actos lesivos para con la ética universitaria o su participación en ellos”.
Buján aterrizó en el IUNMa en junio pasado. “Desde entonces empezó a tomar medidas de manera unilateral y autoritarias como esta última, que él denomina ‘juicios académicos’”, denunció en diálogo con Contexto Marisela Canessa, docente de esa casa de estudios.
“Esto abre la posibilidad de enjuciar o tomar medidas represivas sobre determinados compañeros. Esto quiere decir que tanto nosotros, entre pares, como las autoridades pueden sin ninguna razón o anuncio previo comenzar una medida sancionatoria y de disciplinamiento”, puntualizó Canessa, docente del Seminario de Formación Política del IUNMa.
Esta resolución “nos pone a nosotros mismos en una situación de vigilancia y de denuncia entre los docentes, cuando nosotros trabajamos de otra forma, ponderando el diálogo”, denunció la misma fuente.
El artículo 3º de la resolución impulsada por Buján establece que “el juicio académico podrá ser promovido por denuncia de cualquier actor universitario y/o de oficio por la Secretaría Académica” contra docentes interinos y contratados.
Cambiemos quiere un proceso diligente
Los plazos tan cortos planteados por Buján para llevar adelante estos “juicios académicos” sin precedentes son un llamado de alerta sobre la política persecutoria que el macrismo quiere imponer en el IUNMa, que podría interpretarse no sólo como un acto más del ensañamiento político, sino como una prueba de laboratorio.
Así, el artículo 5 de su resolución indica que si el “Consejo Superior del Instituto Universitario Nacional considerase razonables el o los motivos expuestos en la denuncia, dará traslado de la misma, dentro de los dos (2) días siguientes a su tratamiento, al/a la docente denunciado/a, para que a su vez la conteste dentro de las cuarenta y ocho horas (48) horas de notificado/a”, y anuncia que “la producción de prueba en cabeza del Consejo Superior no podrá exceder el plazo de cinco (5) días”.
El artículo 10 indica que “el/la docente denunciado/a podrá ser suspendido en el ejercicio de la actividad inherente a su cargo durante la substanciación del juicio académico” y que “la resolución no será recurrible y podrá ser dictada por el Rector y/o el Consejo Superior, según los casos”.
“No se admitirá respecto de la resolución Definitiva del Consejo Superior recurso alguno”, afirma el artículo 11 por si quedara alguna duda.
Buján, exjuez y exinterventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), de donde lo sacó hace algunos meses el propio gobierno de Macri, fue denunciado por licitaciones truchas y es también un hombre muy cercano al presidente de Boca Juniors Daniel Angelici, una de las manos derechas de Macri en el ámbito deportivo-judicial.
Al final de la resolución, el rector interventor del IUNMa refiere una “cláusula transitoria” en la cual indica que ese organismo “se encuentra en etapa de organización” y que las funciones del Consejo Superior “se encuentran en cabeza del rector organizador”.
La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) fue creada en el año 2000. Tras la promulgación de la Ley Nº 26.995, se convirtió en establecimiento estatal con su actual denominación. Con cuatro carreras universitarias y más de mil estudiantes, el IUNMA es la única institución educativa de la región enmarcada en el área de derechos humanos.
Macri se encargó de recortar drásticamente el presupuesto de esta institución, pasando de 98 millones de pesos en 2016 a 23 millones en 2017. En ese marco, los docentes llevan entre uno y casi dos años sin cobrar sus sueldos.
