“El problema principal del Estado provincial no es construir nuevos registros, sino que estos registros se articulen entre sí para mejorar la gestión de las denuncias y las causas que se inician por violencia familiar o violencia de genero”, sostuvo Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
La “multiplicidad de registros”, la “disparidad de criterios” a la hora de cargar denuncias y el hecho de que “la carga de datos no es obligatoria” es un obstáculo para “conocer exactamente la magnitud” de la violencia contra las mujeres, la violencia de género y la violencia familiar, afirmó esa responsable durante la presentación del Informe Estadístico 2017.
“Una de las grandes dificultades que tiene el Estado en la provincia de Buenos Aires es producir información ordenadamente. Vemos que hay distintas áreas que la producen de manera desarticulada y en el momento de producir esa información no queda claro si los organismos del Estado registran ‘hechos, causas o casos’” y si hablan de “violencia de género, violencia familiar o contra las mujeres”.
Malacalza consideró que un registro articulado y ordenado entre el Poder Ejecutivo (Ministerio de Seguridad y Comisarías de la Mujer) y el Judicial, posibilitaría, por ejemplo, que cuando llega una denuncia a una Comisaría de la Mujer, por el número de documento pueda saberse si existen causas previas por lesiones o intento de homicidio.
“Esto permitiría una gestión más efectiva para tramitar una causa o para proteger ante un hecho de violencia”, sostuvo la responsable del OVG que elaboró un informe a partir del relevamiento y sistematización de pedidos de informes a la Superintendencia de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires según datos que deben registrarse en primer lugar en las Comisarías de la Mujer y de la Familia.
El Informe aclara que en 2014 y 2015 el OVG recibió datos de la Superintendencia sobre la cantidad de denuncias por violencia familiar y abuso sexual, pero en 2016, ya en el primer año de gestión de María Eugenia Vidal al frente del Ejecutivo, “no se informó la cantidad de denuncias ingresadas por violencia familiar y abuso sexual en las CMyF, por lo cual el único dato disponible es el de cantidad de personas denunciadas”.
Denuncias en aumento
Las denuncias por violencia familiar recibidas en las Comisarías de la Mujer y la Familia en el año 2014 fueron 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día. En el año 2015 la cantidad de denuncias ascendió a 195.037, con un promedio de 535 por día. En el año 2016, se denunciaron 215.807 personas por violencia familiar, es decir, un promedio de 591 personas denunciadas por día, solo en las Comisarías de la Mujer y la Familia de la provincia de Buenos Aires, precisó el Informe.
Femicidios y Justicia
La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia informó que se iniciaron 86 procesos penales por femicidio en 2016 en los que se involucran varias víctimas, indica el Informe. Malacalza aclaró que ese dato no proviene del registro de violencia familiar y de género porque los fiscales no caratulan esos procesos penales como femicidios, sino como homicidios agravados por el vínculo.
“Es importante que la Procuración le diga a los fiscales que caratulen los femicidios como tales. Esto tiene que ver con la inexistencia de directrices claras por parte de la Procuración”, sentenció la misma responsable, para quien “no alcanza con las Fiscalías especiales si no logramos la institucionalización de la perspectiva de género en el ámbito del Poder Judicial y del Ejecutivo”.
Vale la pena recordar que la Procuración General de la Corte Suprema está a cargo desde fines del año pasado de Julio Conte Grand, hasta entonces secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, conocido integrante del opus dei, el ala ultraderechista de la Iglesia católica.
El informe insiste en que el “Estado debe crear un sistema unificado para la gestión de las causas judiciales por violencia de género”. En ese sentido, Malacalza puntualizó: “Nos preocupa la existencia de dos registros que conviven en el Poder Judicial”. La existencia de registros paralelos hace que una misma causa entre por dos vías distintas “que nunca se articulan entre sí”. “Esto explica la cantidad de femicidios que han ocurrido aun cuando había denuncias previas”, enfatizó la responsable.
La senadora bonaerense del Frente para la Victoria (FPV) Mónica Macha, presente durante la presentación, defendió una vez más la ley que impulsa la creación de las Fiscalías Especializadas en género para unificar criterios en el tratamiento y seguimiento de las denuncias, causas y víctimas.
“Como legisladoras tenemos la responsabilidad de diseñar políticas de Estado que apunten a la prevención y erradicación de la violencia de género”, afirmó la candidata a diputada nacional por Unidad Ciudadana.
El documento del OVG le recordó, de paso, al Estado argentino y al bonaerense que deben cumplir con las “obligaciones contraídas” en materia de registro de información sobre violencia en sus distintas formas. “El Estado debe producir información debidamente desagregada en base al género, raza, etnia, edad, condición social, situación de discapacidad, y otros factores que permitan abordar la violencia y la discriminación contra las mujeres desde una perspectiva interseccional e intercultural”, recordó el Informe.
La producción de datos de la manera más ordenada y clara posible “también es importante para las organizaciones de mujeres cuando exigimos conocer información. Tenemos que prestar mucha atención a la forma en que el Estado construye esa información”, alertó Malacalza.
Falta de recursos
Para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia existen 156 profesionales en los equipos interdisciplinarios. “Ello resulta insuficiente”, denuncia el Informe del OVG, pues “no se encuentra garantizada la atención continua” e impide el “acceso real a instancias de contención y asesoramiento legal” a las mujeres que se acercan a presentar una denuncia.
Como parte de una problemática social muy amplia, el OVG advirtió que sobre 2.252 agentes policiales pesan investigaciones sumariales administrativas por hechos de violencia familiar y/o de género y que en el 13% de esos hechos usaron el arma reglamentaria. Además, hay ocho sumarios por femicidios cometidos por integrantes de la Policía.
El Informe fue presentado al cumplirse dos meses de la desaparición de la joven Johanna Ramallo, recordó Malacalza al iniciar su exposición y apuntar a la “responsabilidad que tiene el Estado sobre la aparición con vida de Johanna y de otras tantísimas jóvenes”.
