“Nadie reclama un derecho que no conoce”, fue el sugerente lema que disparó la jornada de trabajo “Educar en el derecho a la comunicación”, desarrollada en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP en conjunto con la Defensoría del Público y la Agrupación Rodolfo Walsh.
El ciclo abordó la necesidad de repensar los modos de construir un modelo de medios de comunicación acorde a perspectivas de derechos humanos, género e inclusión; discusiones hoy en franco retroceso tras el desmantelamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace casi dos años y el retorno de un periodismo crudo y salvajemente corporativo, apañado por el poder político y refugiado en la aprobación de buena parte de la opinión pública.
“La Defensoría del Publico es producto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, legislación que fue el resultado de varias décadas de lucha y militancia. Durante muchos años fue un reclamo compartido por muchos sectores. Esa ley se sancionó a fines de 2009 y creó varios organismos, muchos de ellos afectados por los decretos presidenciales de 2015, entre ellos la Defensoría, que se sustenta en la concepción de las audiencias como sujeto de derecho”, expresó Paula Castello, representante de la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público durante la presentación que tuvo ayer en la sede de Periodismo ubicada en el bosque platense.
“Hay una tarea pedagógica específica que tiene que ver con la idea de la información como derecho humano. Eso implica pensar el rol del Estado frente a los medios, frente a las audiencias y qué maneras tiene el Estado de intervenir en esa relación”, agregó.
En esta línea, los distintos abordajes de la jornada incluyeron talleres para pensar la comunicación en clave de género, coberturas responsables de la violencia contra las mujeres y de normativas y derechos dentro de la comunidad LGBTTTIQ (Lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, bisexuales, intersex y queer).
Por otro lado, se desarrolló un espacio de discusión de medios comunitarios vinculados con los pueblos originarios así como su vinculación con la Defensoría; en tercer lugar, se debatió sobre la estigmatización y los estereotipos discriminatorios dentro de la población migrante y los modos de comunicar desde la perspectiva de derechos humanos en inclusión.
“Entendemos que ‘nadie reclama un derecho que no conoce’, ya que da cuenta de una tarea pedagógica que creemos trascendental y transversal a todo el organismo que implica formarnos sobre qué derechos tenemos como audiencia, herramientas de análisis de los medios de comunicación, o desentrañar cuáles son las lógicas de funcionamiento de los grandes medios para saber cómo plantarnos frente a ellos y generar masas críticas y activas”, expresó Castello.
La referente del organismo público agregó: “¿Cuál es el sujeto con el cual trabajó la Defensoría? Ese sujeto son las audiencias de radio y TV. Pero no estamos hablando de un sujeto organizado, es ‘todo el mundo’, por así decirlo. Con esa dificultad nos enfrentamos para diseñar estrategias y líneas de acción”.
Las contradicciones y tensiones evocadas por Castello coinciden con la necesidad actual de repensar el rol de la ciudadanía frente a la opinión pública y el periodismo, los intereses populares y la necesidad de reinstalar la perspectiva del derecho en un discurso mediático cada vez más absorbido por lo corporativo.
En un escenario social y cultural de persecución a las voces disidentes, de una idea de la audiencia como un actor pasivo y rehén de los aparatos empresariales, y de la información como sinónimo de mercancía, el rol del Estado –corporizado en el rol de la Defensoría– se vuelve crucial, hoy más que nunca, en el sustento de una herramienta para aquella ciudadanía que aun cree en el valor de la palabra en democracia.
