Por Leandro Gianello
Los organismos municipales que deben encargarse de velar por el derecho a la vivienda han sido laxos a la hora de establecer mecanismos que permitan acceder a quienes necesitan una vivienda o un lote vacío en donde construir.
Este hecho se ha agravado en los últimos años por la gran cantidad de terrenos abandonados u ociosos que permanecen en virtual estado de retención por parte de inmobiliarias o particulares inscriptos en el Registro de Oferentes de Tierras creado por ordenanza municipal, en una maniobra de neto corte especulativo.
Así lo demuestra, por ejemplo, el expediente municipal número 4061-913.305, fechado en julio de 2014, en el que las autoridades intiman a la empresa The Intelligent Clic S.A. a dejar de promocionar como emprendimiento urbanístico lotes inscriptos en el Registro de Oferentes de Tierras exclusivo para beneficiarios del plan Procrear, según lo establece la Ordenanza 11.094 del año 2013.
A pesar del reclamo judicial, la empresa aún no modificó la situación de los terrenos y el loteo permanece desde hace casi un año en la misma condición. El Municipio no instrumentó los mecanismos para acelerar el proceso, por lo tanto, una vez vencido el plazo de doce meses –que se establece en la Ordenanza para ofrecerlos–, la prohibición de venta caducará.
Otro caso que hace referencia a la pereza municipal es el del loteo “Gigante del Oeste” en la zona de Olmos, compuesto por 432 familias que adquirieron 21 hectáreas en conjunto, pero que debieron retrasar la construcción de las viviendas porque el gobierno local no cumplía con las obras de infraestructura básica, ni con su rol de garante de los acuerdos entre los beneficiarios y los dueños anteriores.
La presión ejercida mediante marchas y reclamos públicos para que las autoridades municipales avancen en el proceso de rezonificación obligó, en este caso, a una resolución efectiva contra la especulación que implicó una prórroga del contrato de compraventa del predio y el compromiso de la gestión Bruera como veedores del acuerdo, papel que no había desempeñado, por acción u omisión, desde octubre de 2013.
También, la toma de cincuenta hectáreas en Abasto reflejó la otra problemática habitacional vigente entre los sectores más populares, que es la ausencia sistemática de tierra y vivienda para las familias de menores ingresos, una situación empeorada por el enfrentamiento que se genera entre productores hortícolas y los ocupantes.
Las 350 familias que se asentaron en la zona de 520 y 214 lo hicieron en tierras que fueron utilizadas el siglo pasado para actividad ganadera, pero que han tenido un dudoso cambio de propiedad a lo largo de los años y en la actualidad algunas parcelas son alquiladas por un privado a pequeños productores.
El Pro.cre.ar en La Plata
Al rescate de esta situación anómala debió acudir Pro.cre.ar, que durante el año pasado lanzó una licitación pública para adquisición y destinó inmuebles del Estado nacional para sumar 26 hectáreas de terreno en el barrio San Carlos y Arturo Seguí, permitiendo incorporar 622 terrenos para las familias de la zona.
Inti Pérez Aznar, director Regional Conurbano II de ANSES, destacó el carácter de “política nacional” del programa Pro.cre.ar que el Estado nacional lleva adelante “a lo largo y ancho del país”, siendo un complemento que apuntala el desarrollo de la construcción y se mantiene como el principal oferente de créditos para la vivienda.
“El Estado interviene activamente” en la procuración de terrenos, dice Pérez Aznar, mecanismo activado a través de un fideicomiso entre el Pro.cre.ar y el Ministerio de Economía.
Los 530 lotes comprados mediante licitación pública por el fideicomiso Pro.cre.ar en San Carlos y los 92 en Arturo Seguí, cedidos por el Estado nacional, se suman a los 500 que anteriormente se habían gestionado en Melchor Romero, incluyendo toda la infraestructura necesaria y los servicios complementarios.
Básicamente, el Pro.cre.ar utiliza tierras del Estado nacional urbanizables para generar lotes con servicios públicos, pero para que esas tierras puedan cumplir ese requisito es necesaria una ordenanza de zonificación que debe sancionar cada Concejo Deliberante local y promulgar luego a través de su Poder Ejecutivo.
También se realizan compras mediante un llamado a licitación exclusivamente restringido a lugares aptos para loteo que cumplan con las características solicitadas y sean pasibles de urbanización, y se adquieren terrenos ofrecidos por privados en licitaciones especiales.
Este último caso es clave, ya que complementa la oferta de tierras y permite la participación de las inmobiliarias y propietarios privados en el esquema Pro.cre.ar, pero puede resultar insuficiente cuando la demanda de viviendas es tan alta y la especulación sobre esas tierras se mantiene vigente.
Es evidente, en todo caso, la necesidad urgente de ampliación de las ofertas y un control más efectivo por parte de las autoridades municipales, que implique intimar a privados, consorcios, fideicomisos e inmobiliarias para que cumplan con los compromisos asumidos al momento de inscribirse en el Registro de Oferentes de Tierras.
El programa de créditos hipotecarios de alcance nacional en La Plata ha puesto en marcha 4.022 viviendas, de las cuales 2.447 ya han sido finalizadas, junto con dos desarrollos urbanísticos de 350 viviendas para City Bell y 104 para Seguí.
En la región, 17.587 familias han sido sorteadas hasta el momento, pero algunas, debido a los problemas citados, no pudieron acceder aún a un terreno propio.
