Por Gabriela Calotti
Seguramente envalentonado por su cercanía con el poder macrista, el empresario platense Raúl “Peque” García, uno de los cuatro organizadores de la fiesta de fin de año 2015 en la que murió la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curi, se negó el martes a declarar ante la fiscal Ana Medina como vienen haciendo los otros imputados y también presentó un escrito.
“Raúl García se negó a declarar y presentó un escrito al que todavía no pudimos acceder”, explicó a Contexto el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodríguez, antes de precisar que ésa está siendo la estrategia, por ahora, de todos los imputados. “Creemos que seguirán en esa tónica”, sostuvo.
El letrado precisó que otro de los imputados, Carlos Bellone, dueño de la quinta, empresario y militante del PRO, citado por la fiscal la semana pasada, también se negó a declarar y presentó un escrito en cual intenta despegarse de la organización de la fiesta. En ese documento al que tuvo acceso este medio, Bellone afirma que “los organizadores” le informaron “que habían logrado el permiso Municipal por medio de un funcionario de nombre Juan Manuel”.
“Creemos que se trataría nada más y nada menos que de Juan Manuel Garmendia”, subsecretario de Gobierno de Garro, afirmó Rodríguez a este medio. Lo expresado por Bellone “es un aporte muy importante para la hipótesis que viene abonando la familia de Emilia, en el sentido de que hubo una participación activa de funcionarios del Municipio para que la fiesta clandestina se pudiese desarrollar”.
En el escrito, Bellone asegura que “en ningún momento se me intimó a desalojar la quinta ni tampoco se clausuró el lugar”.
Otro de los imputados, Santiago Piedrabuena, empresario y dueño de un conocido boliche local, está citado para hoy. Gastón Haramboure, también organizador del evento, pero que debería estar supuestamente privado de su libertad en cumplimiento de una condena por la muerte de un chico en el boliche Alcatraz de Berisso fue citado la semana pasada y se negó a declarar.
El quinto imputado es Daniel Piqué, ex comisario bonaerense y secretario de Seguridad municipal hasta fin del año pasado, aunque sigue asesorando a Garro.
Según el abogado de la familia Uscamayta, la fiscal debería preguntarles a los imputados “cuál fue el rol que tuvieron en el evento y cuál fue la colaboración municipal”.
Hasta abril la causa, sin avances, estuvo en manos del fiscal Álvaro Garganta, conocido también por sus cercanías con el macrismo. Después de que la causa pasara a la UFI de Medina, cambió de carátula y pasó de homicidio culposo a asesinato con dolo eventual, lo que agrava las penas que podrían dictarse.
Juicio para 2018
Todo indica que García entró al edificio de Fiscalía, en 7 entre 57 y 58, por una puerta lateral y no por la entrada principal donde familiares, amigos, compañeros de Emilia instalaron una radio abierta desde la cual pidieron una vez más que se haga “Justicia por Emilia”.
En diálogo con la prensa, Juan Uscamayta, el padre de Emilia, confió que el juicio pueda tener lugar el año próximo y expresó su confianza en la fiscal. “Con ella se está avanzando”, afirmó.
“Esto no es una revancha ni nada por el estilo. Nosotros queremos justicia por Emilia. Es una chica buena. No estamos pidiendo otra cosa que justicia”, sostuvo mientras desde la radio abierta, amigos y compañeros de su hija recordaban su viaje a Bolivia y su sueño trunco de recorrer América Latina. Otros, como Cintia Mansilla, compañera de facultad de Emilia denunciaron los peligros que encierra la noche platense “en manos de empresarios mafiosos”.
“Lo único que esperan de los jóvenes es hacer negocio. No queremos que estos tipos controlen la vida nocturna platense por que son mafias . Se creen intocables pero vamos a seguir exigiendo justicia por Emilia”, sostuvo Cintia, también compañera de militancia de Emilia.
Posiblemente antes de fin de año la causa sea elevada para un juicio oral y público en 2018, indicaron fuentes judiciales.
