Preocupada por el incumplimiento de la medida cautelar dictada meses atrás en favor de Milagro Sala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA realizó anoche una reunión a puertas cerradas en el Palacio Santos, sede de Cancillería uruguaya, donde se desarrollan muchos de los encuentros del 165° periodo de sesiones del organismo.
A partir de esa cautelar, la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur había recibido la prisión domiciliaria. Sin embargo, a fines de septiembre, la Justicia de Jujuy decidió revocarla y, días más tarde, el juez Pablo Pullen Llermanos ordenó su regreso al penal de Alto Comedero. El 14 de octubre pasado, sin ninguna notificación previa, la policía irrumpió en la casa de Milagro y la trasladó a la cárcel esposada, descalza y en piyama.
Para escuchar las explicaciones del caso, la CIDH esperaba al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y a representantes del gobernador jujeño Gerardo Morales. Pero ninguno de ellos concurrió a la cita. En su lugar, se hizo presente una delegación del Ministerio de Justicia argentino.
También participaron integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (ANDHES) y Amnistía Internacional (AI), organizaciones encargadas de impulsar los recursos internacionales por la libertad de Milagro.
“Nosotros advertimos que no sólo existe un incumplimiento de la medida cautelar, sino también un agravamiento de las condiciones de salud de Milagro Sala. Por lo tanto, le pedimos a la CIDH que tome en cuenta esto para la adopción de medidas”, contó Diego Morales, director de Litigio del CELS, quien al salir de la reunión fue entrevistado por Cynthia García, periodista y docente de la Facultad de Periodismo de la UNLP.
Los enviados de Mauricio Macri, por el contrario, intentaron lavarse las manos al caracterizar el caso como “un problema de la provincia de Jujuy”, pretexto que la Casa Rosada viene repitiendo sin cesar a lo largo de los 21 meses de presidio político de la dirigente social.
“Lamentablemente, el Gobierno federal no toma una posición de garante de las decisiones de la CIDH ni del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Se mantiene como un espectador de lo que hace la provincia de Jujuy”, dijo Morales y explicó que esto viola la propia Convención Americana.
De acuerdo al artículo 28 de la Convención, Macri debería “tomar de inmediato las medidas pertinentes” para que Jujuy acate la cautelar, aunque hasta ahora no ha demostrado ningún interés o esfuerzo en ese sentido.
El organismo presidido por Francisco Eguiguren –al igual que Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria-, determinó que la diputada del Parlasur tenía que ser liberada de manera inmediata o, en su defecto, concederle el arresto domiciliario o la libertad con fiscalización electrónica. Así lo estableció en la cautelar del 27 de julio, tras constar que en el penal de Alto Comedero “Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.
El peligro es cada vez mayor desde que volvieron a encarcelarla. “El nivel de presión y hostigamiento es tremendo. Psicológica y físicamente está muy delicada”, alertó en Montevideo el Comité por la Libertad de Milagro Sala, mientras que uno de sus integrantes, el abogado Eduardo Tavani, aseguró que los organismos internacionales “son nuestra última esperanza”.
La CIDH, que ya definió como “un retroceso” el reencarcelamiento de la principal referente de la Tupac Amaru, podría tomar una resolución en los próximos días. Desde el CELS consideraron que hay dos opciones: una nueva intimación al Estado argentino o el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
