Excluidas por el Gobierno de Mauricio Macri de las reuniones por la reforma laboral, las dos CTA resolvieron este jueves declararse en “estado de sesión permanente” y convocar a otras organizaciones sindicales y movimientos sociales con el objetivo de coordinar “un plan de acción para enfrentar la ofensiva precarizadora” y la profundización del ajuste.
Los titulares de ambas centrales, Hugo Yasky y Pablo Micheli, informaron además en conferencia de prensa que buscarán reunirse con los jefes de todos los bloques políticos del Congreso y que llamarán a movilizaciones cuando el proyecto tenga tratamiento parlamentario.
Pero la lucha no sólo está planteada contra la reforma laboral, sino también contra la previsional y la tributaria. “No se puede separar una de otra porque las tres directamente apuntan a deteriorar las condiciones laborales y a generar cada vez mayores ganancias para los sectores concentrados de la economía”, explicó Micheli.
En materia fiscal, pusieron como ejemplo la alícuota de contribuciones patronales. Hoy las corporaciones pagan por encima del 19,5% y las pymes por debajo de ese porcentaje. La reforma tributaria apunta a unificarlas, con lo cual las grandes empresas tendrán una alícuota menor y las pymes una más alta, asestando un “golpe directo” contra las principales generadoras de empleo del país.
Las modificaciones previsionales, en tanto, imponen un aumento de la edad jubilatoria y la disminución de los haberes. “Hay más de 100.000 millones de pesos anuales que el Gobierno se quiere ahorrar eliminando la cláusula de movilidad”, remarcó Yasky. La Casa Rosada pretende cambiar el índice conformado por salarios y recaudación para que la fórmula que actualice jubilaciones y pensiones se rija por la inflación. Lo mismo sucederá con los planes sociales, como la Asignación Universal por Hijo, que se actualizan automáticamente por la ley de movilidad. De esta forma, al ajuste de 100.000 millones habría que sumarle casi 50.000 millones más.
En cuanto a la reforma laboral, el titular de la CTA de los Trabajadores dijo que produce “escalofríos” ni bien se leen los fundamentos. En los primeros párrafos, el Ejecutivo plantea el objetivo de “promover la liberación de las fuerzas productivas”, la misma frase utilizada el 3 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la última dictadura cívico-militar.
Micheli señaló a Contexto que “lo más grave” tiene que ver con una nueva modalidad de contrato de trabajo que es “a tiempo determinado”, cuyo “plazo mínimo es de una semana”.
“Se trata de una forma de contratación absolutamente precaria, en la que a un joven lo pueden llamar a trabajar una semana y otra no”, sostuvo el líder de la CTA Autónoma y puso de relieve “el aumento de la jornada laboral, que puede pasar de ocho a diez, once o doce horas, y la eliminación del pago de horas extras”.
Otro punto “gravísimo” es la quita del aguinaldo, premios y otros adicionales en el cálculo de la indemnización por despido. “A los empresarios les saldrá muy poco despedir a alguien, se van a hacer un festín. Quieren echar a trabajadores con mucha antigüedad para contratar a jóvenes precarizados con un cuarto del sueldo de aquel que despidieron. Y, al mismo tiempo, con el proyecto se rompe el principio protectorio (protección del más débil) que marca la Justicia, la Constitución y las leyes internacionales”, apuntó el dirigente gremial.
Por su parte, Yasky advirtió que Macri y las cámaras empresariales “quieren un movimiento sindical destruido y una suerte de ley de la selva para tener la posibilidad de limitar absolutamente el derecho de los trabajadores, como lo demuestran las reformas laborales de Brasil y de Francia”.
Apoyos y advertencias internacionales
De la conferencia de prensa participaron varios referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa, entre ellos su secretario general, Philippe Martinez, y la responsable de Relaciones Internacionales de Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil, María Das Graças Costa.
Martinez aseguró que la reforma macrista “es igual” a la del presidente galo Emmanuel Macrón, quien firmó una amplia flexibilización laboral que, entre otras cosas, aumenta la jornada de trabajo, reduce el pago de horas extras, limita las indemnizaciones y prioriza las negociaciones directas entre empresario y trabajador para debilitar a las organizaciones sindicales.
“La reforma que está en curso en Argentina es prácticamente una copia de la de Brasil. Si se concreta, sería un retroceso muy grave para toda la población, no sólo para los trabajadores y trabajadoras”, indicó a su turno Das Graças Costa.
La dirigente de la CUT recordó que uno de los argumentos del golpista Michel Temer al impulsar la reforma brasileña fue que permitiría “generar nuevos empleos”, lo mismo que ahora dice Macri para avanzar con su proyecto flexibilizador.
“No lo crean, no es cierto. En Brasil ya tenemos 14 millones de desempleados”, advirtió y luego hizo una sugerencia a todos los argentinos: “No dejen que esta reforma se concrete aquí. El Gobierno argentino, a diferencia del brasileño, no tiene mayoría en el Parlamento. Agárrense de eso para que no se pueda aprobar”.
Las dos CTA precisaron que ya están en contacto con la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), liderada por el bancario Sergio Palazzo, y no descartaron “la posibilidad de coordinar acciones” con la conducción de la CGT, que por ahora apuesta a limar los puntos de la reforma en las negociaciones que arrancan hoy con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Micheli cuestionó que el triunvirato cegetista, integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, se preste a discutir un “proyecto impuesto unilateralmente”, aunque consideró que “el sentido común primará por encima de las diferencias para defender el derecho de los trabajadores”.
“Confiamos en una coordinación con la CGT porque ‘no nos une el amor sino el espanto’, como diría Borges, y estas leyes son verdaderamente un espanto”, enfatizó.
