Por Miguel Croceri
“Se va cayendo el Estado de derecho”, dijo el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni (fue este viernes, en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales).
Se está levantando en su lugar el Estado autoritario de derecha, podría agregarse, para ensayar un perfil de la contracara de lo anterior.
En el país ha empezado a regir un sistema “legal” que lleva adelante simulacros de juicio destinados a encarcelar o tener amenazados/as, o de mínima a echarlos de lugares institucionales de poder, a cualquier ciudadano/a cuya estigmatización y escarnio sean útiles a los planes del régimen gobernante, el cual necesita de impunidad política y jurídica para avanzar hacia una sociedad con más injusticia social y menos libertades públicas.
Un repaso de lo ocurrido en menos de diez días permite observar los últimos ejemplos de la ejecución de esa estrategia:
25 de octubre: destitución y encarcelamiento del diputado De Vido, responsable institucional de la construcción de obra pública más espectacular llevada a cabo por el Estado argentino en toda su historia.
26 de octubre: un juez procesó a 22 personas que habían participado en la gigantesca marcha del 1º de septiembre, cuando se cumplió el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Los acusan de “resistencia a la autoridad” e “intimidación pública”, y están amenazados de sufrir hasta seis años de prisión. Se ejecuta así la instalación del miedo para que la población evite involucrarse en protestas callejeras (acceso a la información del sitio web de TN, el 26 de octubre).
30 de octubre: renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó luego de varios años de extorsión, denigración pública y amenazas personales contra ella y su familia. Se trata de la fiscal que rediseñó ese organismo para que se dedique como nunca antes se había hecho a investigar la criminalidad compleja (criminalidad económica y lavado de activos, narcotráfico, trata de personas, violencia institucional y violencia contra la mujer, entre otras). Así, el sistema fiscal tuvo como prioridad aquellos delitos donde pueden estar implicados jueces, jefes policiales o de Gendarmería, empresarios, banqueros, políticos y en general personas que ocupan lugares de poder.
26 de octubre (aunque la noticia trascendió días después): arresto de Nicolás Lucero, un chico de veinte años de un barrio del Conurbano bonaerense, por escribir un año antes en su Twitter una canción de la hinchada de Chacarita (“Macri/ te vamos a matar/ no te va a salvar/ ni la Federal”), cuya publicación fue detectada por el espionaje del gobierno y partir de ello acusaron al pibe de “amenazar al presidente de la nación”. Lo dejaron libre un día después, pero la persecución judicial sigue, porque el macrismo le inventó una acusación penal (crónica de Página/12 del miércoles 1).
1 de noviembre: reencarcelamiento de Milagro Sala en la prisión de Alto Comedero, dando continuidad a la política de ultraje y ensañamiento contra la líder popular jujeña en violación de las garantías constitucionales y el Estado de derecho, y contra resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH (nota de Inbofae, del miércoles 1).
2 de noviembre: suspensión, como primer paso hacia su destitución, del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias. Honorable magistrado, abominado por los poderes de facto y detestado dentro del propio ambiente judicial por no pertenece a la corporación, y por haber exhibido siempre como funcionario público una decencia, valentía y dignidad que pocos colegas suyos pueden mostrar.
2 de noviembre: apartamiento de la investigación por Santiago Maldonado de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), una de las áreas que creó al comenzar su gestión la renunciante procuradora Gils Carbó, y es el más importante organismo fiscal que haya actuado en toda la historia del país para perseguir a policías, gendarmes, prefectos, militares y otros miembros del personal armado del Estado que hayan sido partícipes de crímenes de todo tipo.
2 de noviembre: confirmación de otro procesamiento más contra Cristina Kirchner, esta vez con el pretexto de la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez (acceso a la nota de Clarín donde se resumen los argumentos burlones y patoteros, de estilo barrabrava, del fiscal derechista y ultra-antikirchnerista Germán Moldes).
Viernes 3: prisión contra Amado Boudou y escarnio público con un show de imágenes denigrantes. Como vicepresidente de la nación, tuvo extrema importancia para la estabilidad política del país porque “cuidó las espaldas” de Cristina Kirchner, quien en cambio durante su primer mandato sufrió la amenaza de tener un vicepresidente, Julio Cobos, que se pasó a la oposición apenas seis meses después de asumir el cargo (durante el conflicto agrario de 2008). Antes, Boudou había sido el autor intelectual de la más espectacular y ambiciosa decisión del gobierno kirchnerista para el fortalecimiento del rol del Estado y la recuperación de la soberanía económica del país, que fue la abolición del negociado de la jubilación privada y la renacionalización del sistema jubilatorio del país que desde el menemismo había quedado en manos de banqueros y capitalistas extranjeros. Además, como ministro de Economía manejó con impecable eficacia la estrategia argentina para enfrentar la crisis mundial a partir de 2009, y a la vez controlar el asedio del poder económico interno perpetrado mediante los precios, la disparada del dólar y la especulación financiera.
Democracia y “Justicia”
El “huevo de la serpiente” a partir del cual se crían las monstruosidades que encaminan a Argentina hacia otro abismo histórico lo puso la semana pasada la Cámara de Diputados de la Nación al aprobar el desafuero de Julio De Vido para que fuera inmediatamente encarcelado.
Ese fue el paso, que no tiene retorno, por el cual la dirigencia política surgida del voto ciudadano completó la degeneración de su mandato democrático y, en lugar de servir a los intereses generales de la sociedad y al bien común, se sometió (en el sentido más humillante de la expresión) al ultraje de la corporación judicial que hoy es la fuerza de choque utilizada para resguardar los privilegios del bloque de poder dominante en contra de los derechos e intereses del pueblo y de la nación.
Una vez que el Congreso dio ese paso, lo demás “sale por un tubo”. La ciudadanía está indefensa para ejercer sus derechos y cualquier persona puede ir presa si así lo deciden con su habitual arbitrariedad e impunidad cualquier juez o fiscal jurídicamente degenerado, o bien el gobierno o las maquinarias mediáticas. Ese peligro es superior en el caso de dirigentes, militantes y organizaciones populares que protestan –y protestarán por siempre, porque la lucha nunca termina– en contra de la devastación del país.
En consecuencia, el riesgo aumenta para los referentes opositores que mayor volumen político tengan, porque en esos casos también es mayor el volumen de los obstáculos y las resistencias que intenten frenar la ofensiva devastadora. Por tal razón, cuando se votó el desafuero y encarcelamiento de De Vido, quedó abierto el camino para que hagan lo mismo con la expresidenta de la nación y senadora nacional electa Cristina Kirchner. Nadie puede saber si ello ocurrirá, porque el futuro no puede adivinarse, pero sí puede observarse nítidamente que las condiciones están dadas.
Frente a la arbitrariedad, violencia jurídica e impunidad que despliega desde hace años y cada vez con más alevosía la corporación judicial, quedan en ridículo los argumentos de referentes públicos respetables, como la reelecta diputada nacional por Río Negro María Emilia Soria, quien votó a favor del desafuero de De Vido porque había un pedido de “la Justicia”. Si los representantes políticos comprometidos con los intereses populares y democráticos siguen teniendo esa confianza en el Poder Judicial, significa que no están entendiendo lo más básico del nuevo dispositivo de dominación con que las clases dominantes de Argentina y de toda Latinoamérica tratan de someter al conjunto de los pueblos.
El presidente Manuel Zelaya fue derrocado en 2009 en Honduras por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (primer ensayo de la novedosa estrategia de golpes de Estado “blandos”). El presidente Fernando Lugo fue derrocado en 2012 en Paraguay por un golpe parlamentario con aval judicial. La presidente de Brasil Dilma Rousseff fue derrocada el año pasado por el Congreso luego de un largo asedio perpetrado por jueces y fiscales antidemocráticos y por los cárteles mediáticos encabezados por la cadena Globo.
Lula Da Silva fue condenado este año a 9 años y medio de prisión, y si el fallo quedara confirmado, se habrá terminado para siempre –debido a que es una persona que ya pasa los 70 años de edad– la carrera política del más grande líder popular brasileño de toda la historia mediante el “sencillo” procedimiento de meterlo preso (es una amenaza igual a la que pende sobre Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, otros miembros de la familia y cualquier referente de su sector político). El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas –leal al expresidente Rafael Correa– duró poco más de cuatro meses en su cargo: asumió a fines de mayo y a principios de octubre lo metieron preso. Pocos días después fue destituido de facto y reemplazado, como si se tratara de cualquier ministro o funcionario designado a dedo y no de un representante surgido del voto ciudadano.
Si con ese cúmulo de evidencias que arrasan con cualquier otra consideración todavía hay legisladores/as honestos/as como Soria que creen en “la Justicia”, habría que convocar a un debate urgente de toda la dirigencia comprometida con los intereses populares para esclarecer qué es lo que creen que está pasando en nuestro país y el resto del continente con sistemas judiciales corrompidos hasta la médula.
La corrupción judicial no alude solo a que muchos de sus integrantes no soportaría una investigación imparcial sobre sus propiedades, sus negocios, su decoro en las acciones particulares y sus relaciones con los servicios de espionaje y con la embajada de Estados Unidos. Esas conductas seguramente quedarán impunes para siempre por la propia razón de que jueces y fiscales nunca se investigarán entre ellos, por aquel viejo dicho popular de que “entre bueyes no hay cornadas”.
Pero corrompido hasta la médula está un sistema donde servidores públicos designados en los más poderosos cargos de un poder del Estado para administrar el servicio de justicia degeneran completamente su función originaria y en cambio destruyen la democracia, el Estado de derecho, el debido proceso, la igualdad ante la ley, las garantías constitucionales y la vigencia de las normas jurídicas en general.
