“Para que podamos denunciarlos penalmente y declarar en los juicios, presentamos este proyecto de ley”, afirmó el Colectivo Historias Desobedientes, Hijas, Hijos y familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia.
“La necesidad de esta reforma se plantea al momento en que una hija, hijo o familiar de genocida toma conciencia de la información que tiene y que puede aportar al esclarecimiento de una causa, teniendo muy en cuenta la obligación ética que sentimos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad”, precisó ese colectivo que se formó en rechazo al fallo del 2×1 de la Corte Suprema de Justicia.
Integrantes del Colectivo presentaron el martes el proyecto de ley en la mesa de entradas del Congreso de la Nación, mediante el cual impulsan una reforma de dos artículos del Código Procesal Penal, el 178 y el 242.
“Como acción política desde el Colectivo hoy estuvimos presentando este proyecto […] que básicamente pretende que se remuevan los artículos que prohíben a los hijos declarar o testificar en contra de sus padres. Nosotros entendemos que estas prohibiciones nos ponen en el lugar de ‘cómplices forzosos’”, explicó a Contexto Analía Kalinec.
En su redacción actual, el artículo 178 establece que “nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado».
En tanto, el artículo 242 estipula que “no podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado”.
“Muchas veces nuestros recuerdos o nuestros testimonios pueden ser fuente de prueba en los juicios, y es necesario que la Justicia y la sociedad los puedan tomar”, subrayó Kalinec poco después de participar de la entrega de la propuesta.
“El proyecto de reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando de esta manera a las hijas, hijos o familiares de genocidas que en forma voluntaria quieran dar su testimonio, y de esa manera puedan aportar a la causa”, explicaron.
La “urgencia” de la presentación para su tratamiento en el Congreso está fundamentada en “los límites de tiempo para esclarecer estas causas”, que aunque no prescriben por tratarse de delitos de lesa humanidad, “los protagonistas” están en “edades muy avanzadas”. Justamente, es el paso del tiempo la “realidad” que los interpela para presentar este proyecto de ley.
Los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad se siguen llevando adelante con enormes esfuerzos de los organismos de derechos humanos frente a un sector de la Justicia cada vez más reticente en la materia y un poder mediático y político que insiste en hablar de reconciliación –como lo planteó el diario La Nación en su editorial del pasado domingo–, atacando al mismo tiempo lo que ellos llaman la “industria de los derechos humanos”.
El fallo de mayo pasado de la Corte Suprema de la Nación de declarar aplicable el cómputo del 2×1 para una pena de prisión en un caso de delitos de lesa humanidad desató duras críticas de numerosos sectores de la sociedad y una marcha multitudinaria el 10 de mayo. Fue también el puntapié para que el Colectivo Historias Desobedientes decidiera dar un paso público.
“En ese momento, muchos de nosotros nos sentimos íntimamente interpelados a posicionarnos públicamente, un posicionamiento que ya teníamos en el interior de nuestras familias”, aseguró Kalinec. “Empezamos a enterarnos de que había otros hijos e hijas que repudiaban el accionar de sus padres”, sostuvo Kalinec, una de las tres mujeres que impulsaron este Colectivo.
Diariamente reciben contactos de otros hijos o familiares, aseguró esta mujer, cuyas palabras dan una idea de la magnitud de quienes formaron parte del terrorismo de Estado que desató la dictadura cívico-militar (1976-1983) contra una parte de la sociedad.
Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, entre 2006 y 2015, unas 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas y 50 absueltas. Hay 889 procesados que aún no fueron condenados. Las víctimas judicializadas ascienden a 10 mil.
