El índice de delitos divulgado en los últimos días mostró en La Plata un incremento sustancial en los últimos dos años: el robo a mano armada aumentó 81% desde 2015. Sumado al crimen de Abril Bogado, hecho que conmocionó a la ciudad esta semana, la gestión de Cambiemos a nivel provincial decidió saturar de operativos policiales la zona de Ringuelet, en reafirmación del modelo punitivo que ya replicó en distintos puntos del país.
Mientras tanto, el desempleo y la exclusión no dan tregua, trabajadores del sector Judicial denuncian la falta de recursos y cargos sin cubrir, y las instituciones de encierro, cada vez más hacinadas, ahora enfrentan el proyecto de limitación de excarcelaciones presentado por el senador macrista Juan Pablo Allan.
“Las respuestas al delito, en este sentido, van a ser siempre sintomáticas. No es la solución llenar de policías la ciudad ahora. Nosotros estamos comprometidos con plantear medidas que solucionen de manera estructural el problema, que claramente va de la mano con factores sociales”, dijo a Contexto el diputado provincial electo por Unidad Ciudadana Guillermo Escudero, quien remarcó que existe “una puesta en escena” de carácter superficial en las medidas que Cambiemos propone como preventivas del delito.
“Las primeras gestiones en materia de seguridad el años pasado tuvieron que ver con una falsa purga en la Policía Local; lejos de generar la capacitación para esa fuerza. Hoy hay alrededor de 350 policías que no cumplen funciones porque han sido dados de baja. A su vez, se dictó la Emergencia en Seguridad y el intendente Garro, paradójicamente, subejecutó el presupuesto”, expresó Escudero.
Por su parte, la propuesta de limitar excarcelaciones impulsada por el oficialismo se enmarca en un deterioro del sistema penitenciario, de cárceles hacinadas con internos que sufren múltiples violaciones a los derechos humanos. Refugiado en el estigma del “garantismo” –componente del discurso de la pesada herencia K–, el oficialismo apuesta a incrementar el encierro y restringir los criterios de libertad condicional. No obstante, desde el sector gremial de la Justicia advierten que el Patronato de Liberados –organismo dedicado a seguir detenciones, excarcelaciones y reinserción social de quienes hayan estado presos– atraviesa una situación de “vaciamiento de recursos”, donde unos 700 trabajadores sociales deben ocuparse de unos 45 a 48 mil tutelados en toda la provincia, con sueldos que no llegan a los 15 mil pesos por mes.
César Baliña, referente de ATE dentro del Patronato, dijo a Contexto: “Para poder trabajar sobre ejes de libertad condicional garantizada por la Justicia, tiene que haber recursos. Más salarios para los trabajadores, más nombramiento de personal, infraestructura y móviles. Pero si este gobierno solo responde ante casos que se mediatizan, como es lo sucedido en La Plata, eso no funciona”. Baliña remarcó que hoy no se está cumpliendo con la Ley de Ejecución Penal, que plantea una ecuación de un trabajador social cada treinta tutelados. “Hoy en día, en el Conurbano tenemos un trabajador social atendiendo más de cien causas”.
En esta línea, Escudero confluyó en el reclamo de presupuesto en materia de seguridad y la falta de una planificación integral para implementarlo: “Se gasta el dinero para poner casetas de seguridad en partes céntricas de la plata, mientras que los distintos barrios y lugares alejados del corazón de la ciudad están a la deriva”.
La discusión sobre el abordaje del combate al delito desde una perspectiva que contemple los derechos humanos y las garantías de los sectores sociales vulnerados se ve en jaque frente al paradigma instalado por Cambiemos. El propio ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó en diálogo con el periodista Luis Novaresio: “Durante muchos años hubo una mirada en donde siempre el victimario en definitiva era la víctima del sistema, entonces perdía ese rol de victimario para transformarse en víctima del sistema”.
A contraposición con la perspectiva oficial, el juez argentino Mario Juliano, impulsor de “Víctimas por la paz” (programa que integran personas que sufrieron crímenes y buscan un modo de vinculación no punitivo con los condenados) asegura que las políticas impulsadas por Cambiemos no sólo “exacerban los pedidos de mano dura de cierta parte de la población”, sino que conducen a una “frustración aun mayor cuando suceda otro crimen y demuestre que este camino no sirve”.
En diálogo con Contexto, Juliano expresó: “El mundo de la política en general en la actualidad alimenta este discurso que reclama cierta parte de la población. Como la experiencia lo demuestra, esas fórmulas no dan resultados. Lo hemos visto varias veces antes. Lo de Abril fue un hecho tremendo, pero las reacciones desde la política han sido, como desde hace veinte años, la receta de la virtual militarización de la vía pública y endurecimiento de la Ley Procesal Penal. Se necesita con urgencia andar caminos que aun no se han recorrido”.
Desde el sector de la oposición también hubo respuestas a la actitud de Cambiemos ante el crimen de Abril y la subsiguiente militarización de zonas de La Plata. “La desocupación es la más alta desde 2001, la pobreza no para de subir. La inseguridad se combate con prevención, trabajo e inclusión. No sólo con balas”, fue el descargo que la referente de Unidad Ciudadana Florencia Saintout realizó en las redes sociales.
