Por Veronica Piovani, Sebastián Novomisky y Gladys Manccini*
La semana pasada tuvo lugar una nueva instancia de aplicación del operativo Aprender para primaria y secundaria de escuelas de gestión estatal y privada. El mismo se desarrolló por primera vez en 2016, y sus resultados fueron casualmente presentados en medio del conflicto con los docentes por el rechazo del Ministro de Educación de la Nación a convocar la paritaria nacional.
En aquel momento, la movilización docente convocó a 400 mil personas a la Marcha Federal hacia Plaza de Mayo, mientras el presidente Mauricio Macri daba a conocer los resultados preliminares de las pruebas; todas con resultados adversos, incumpliendo además el acuerdo sobre divulgación suscrito con los ministros educativos jurisdiccionales. En ese mismo contexto avanzó también con la presentación de un proyecto de ley de creación de un Instituto Nacional de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa, ya anticipado en la Declaración de Purmamarca del primer Consejo Federal de Educación y en línea con el modelo mexicano.
A partir de allí, el derrotero de opiniones y diagnósticos variopintos, asentados sobre cierto sentido común construido desde los medios de comunicación oficialistas, alejados del quehacer docente y de la realidad institucional escolar, sedimentó la conformación de un discurso que equiparó “calidad educativa” a “medición” y resultados como certificación seudocientífica de la anticipada decadencia, augurada por el presidente de la nación. El triángulo responsable de esta “tragedia educativa” serían los docentes, las escuelas públicas y los representantes sindicales.
La cuestión de fondo, aunque velada (cada vez menos), radica en su real intencionalidad política, avanzar con las reformas laborales y “educativas” exigidas por el mercado, tal como resulta hoy observable. Para ello, las definiciones adoptadas por el gobierno nacional desde apenas asumido abonaron en este sentido: pedido de inclusión como miembro pleno de la OCDE (contracara del famoso “No al ALCA” del que se acaban de cumplir doce años), alineamiento con las directivas de los organismos que en lo educativo hegemoniza el Banco Mundial y cuya punta de lanza son las evaluaciones estandarizadas, el rubro más rentable a nivel mundial en educación. El operativo Aprender, diseñado por la multinacional Pearson, desvinculado de procesos de mejora, desarrollado en contextos de achicamiento del presupuesto educativo y engrosamiento de los pagos de intereses de deuda, se convierte en un instrumento clave de la pedagogía neoliberal para seleccionar y ranquear escuelas y sujetos.
Desde la apertura de las sesiones legislativas 2017, las tres figuras principales del actual gobierno hacen explícita la estrategia sobre la educación, y lo que queda al descubierto es cada una de sus diferentes etapas: desgaste de la dirigencia, deslegitimación del reclamo, falsas acusaciones, operaciones mediáticas, amenazas y persecuciones, censuras y, centralmente, una herramienta de evaluación para legitimar las intervenciones prediseñadas sobre el sistema educativo.
Tras los resultados de las elecciones legislativas del 22 de octubre, el gobierno lee un amplio respaldo para las decisiones que se pretenden, entre las que destacan las modificaciones profundas en el mundo del trabajo, la seguridad social, la salud, que se expresan, consecuentemente, en el sistema educativo. Ajuste, reestructuración de las condiciones de trabajo (con pérdida de derechos) y cambios político pedagógicos abonan en favor de un paradigma disciplinador y “reordenador” de la vida en clave individualista, competitiva, que legitime el “orden” de las cosas como natural. En ese marco se entiende el despido de trabajadores, el cierre de programas, de espacios ministeriales específicos y, con ellos, gran parte de la política de inclusión de niños/as y jóvenes, la llamada secundaria del futuro, con ideas de las que no se conocen más que lineamientos generales, el recorte y la tercerización de la oferta de formación (la última jornada ya no fue en servicio), la embestida sobre la formación docente y los institutos superiores, entre otros.
Es fundamental destacar la indiscutible importancia de la evaluación en todo proceso educativo. Reivindicar el valor de la evaluación resulta insoslayable en un contexto de instalación de un discurso que alude a un supuesto rechazo de los docentes a ser evaluados. Por ello, la oposición al operativo Aprender se apoya en la defensa de una evaluación procesual, participativa y contextualizada, su repudio se fundamenta en los análisis desplegados y en los puntos que sintéticamente se presentan:
• No tuvieron participación docentes, organizaciones de trabajadores de la educación y la comunidad educativa.
• Se reduce a los docentes a “aplicadores”.
• Está diseñada por una multinacional inglesa ajena a la realidad educativa local, es estandarizada y sobre opción múltiple.
• Se desconocen los contextos sociales e institucionales.
• No parte de los diseños curriculares de las provincias.
• Se construye desde prejuicios sobre el sistema, las escuelas, los docentes, los estudiantes, y “anticipa” negativamente los resultados.
• No reconoce los procesos, puntos de partida, historicidad.
• Pretende mostrar una “foto distorsionada” y no una “película completa”.
• No es integral.
• Hace un reduccionismo al equiparar resultados de la prueba y “calidad educativa”.
• Equipara “evaluación” con “medición” y esta con aprendizajes.
• Modifica estándares y niveles de desempeño generando dificultades de comparabilidad.
• Deja afuera saberes significativos.
Asimismo, es fundamental tener en cuenta que dichas decisiones de política educativa se enmarcan en un modelo y un proyecto de país, de ciudadano, de trabajador. Golpear sobre la institución escolar, aumentar los espacios de control, manipular el Poder Judicial, todo ello redunda en adoctrinamiento de la sociedad. Licuar el carácter político e ideológico de la educación no contribuye a formar sujetos críticos, capaces de leer el mundo que los rodea y comprender las manipulaciones mediáticas y los engaños electorales.
Por eso, hay que avanzar en desnudar el proceso y tener en cuenta las intencionalidades detrás del operativo de evaluación, que a modo sintético presentamos no como elementos cerrados, sino como puntos sobre los cuales es necesario volver, detenerse, analizarlos y profundizarlos para abordar la complejidad de la situación.
El aprender pretende:
• Desacreditar a los docentes.
• Desprestigiar la escuela pública frente a la privada.
• Descalificar a los sindicatos.
• Mostrar el fracaso de las políticas educativas de inclusión/calidad.
• Certificar que la inversión realizada no dio resultados satisfactorios.
• Justificar que el Estado necesita de otros agentes para garantizar la educación: “sociedad civil” (ong, fundaciones, empresas, bancos, etcétera).
• Habilitar la “tercerización” de la formación docente a través de contrataciones desde el propio Estado.
• Responsabilizar a los docentes y las escuelas del fracaso.
• Encubrir o devaluar la importancia de las condiciones socioeconómicas y culturales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Generar normas jurídicas paralelas que contradigan parcialmente la LEN, sin asumir el costo de derogarla.
• Justificar en la responsabilidad individual el éxito o fracaso (mérito, esfuerzo, talento, innovación, emprendedurismo, cerebros, etcétera).
• Legitimar procesos de modificación de los Estatutos Docentes en pos de limitar derechos laborales.
• Articular la subjetividad con el sentido común: acoplar el discurso educativo, mediático, cotidiano, económico y cultural a una matriz de pensamiento neoconservadora.
Esquemáticamente, se enuncian los elementos con los que la instrumentación de esta herramienta se asocia, y, por lo tanto, el trasfondo de intereses en juego:
• Eliminar la paritaria nacional docente.
• Flexibilizar la fuerza de trabajo.
• Ranquear escuelas y docentes.
• Promover formas de contratación civiles, sin estabilidad.
• Generar escalas salariales diferenciadas en función de los resultados de aprendizaje.
• Incentivar la competencia entre docentes y escuelas a través de incentivos selectivos.
• Abrir camino a la publicación de resultados por escuela para que disputen la matrícula y las familias “decidan”.
Pero como el debate aun está abierto y la política debe responder ante semejante embate en contra de la educación pública, no solo el diagnóstico de la situación es necesario, sino también comenzar a proponer otras formas, sumar una alternativa desde la convicción de que evaluar es necesario y no estamos en contra de ello. Lo que aquí se marca es una oposición clara a esta forma y este modo de evaluación, ya que, como dijimos, esconde segundas intenciones no dichas muy lejanas a la tan mentada, y poco referida seriamente, calidad educativa.
Así, y como cierre parcial, se propone abrir el debate a partir de algunos puntos que deberían ser tenidos en cuenta si de lo que realmente se trata es de dar una mejor educación a niños/as y jóvenes:
- La evaluación es fundamental y una herramienta indispensable e indiscutible de la tarea educativa.
- Respetar la LEN en lo referido a evaluación (art. 98).
- Dar participación a los docentes y a sus organizaciones, a la comunidad educativa.
- Reconocer a los docentes como productores de conocimiento.
- Diseñarla con actores que conozcan la realidad educativa.
- Asociar distintas metodologías e instrumentos.
- Que sea integral: de las políticas, de los sistemas, de las escuelas, los docentes, los estudiantes.
- Que parta de los contextos y en clave de proceso.
- Que sea formativa y vinculada a estrategias de mejora.
- Que sea acompañada con dispositivos de seguimiento y apoyo.
- Que preserve la identidad de las escuelas y a los niños/as y jóvenes.
- Que recupere los aportes de los documentos del PNFP (Cuaderno de Trabajo 2: Evaluación).
* Especialistas en Educación.
