Los registros de pérdida de empleo en los últimos dos años en el ámbito periodístico arrojaron la alarmante cifra de alrededor de 2.500 despidos en todo el país. A ellos aun deben computarse los cien puestos de trabajo hoy en peligro tras el cierre de la histórica agencia de noticias DyN. La situación, advertida desde hace años por el sector, no sólo motivó la solidaridad y apoyo de cientos de colegas, sino que el propio Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) –en conjunto con todas las regionales gremiales de prensa– impulsa un proyecto de declaración de Emergencia Laboral en Empresas de Comunicación.
La presentación se realizó ayer en el Congreso de la Nación, en simultáneo con la jornada de actividades de solidaridad con DyN que tuvo lugar tanto en CABA como en La Plata.
“Encontramos medios en la Capital Federal que han desaparecido, como Miradas al Sur o Tiempo Argentino, que sigue adelante gracias a sus trabajadores; otros que están en situación de riesgo, como Ámbito Financiero o C5N, donde hay situaciones jurídicas inexplicables. Junto a lo de DyN, estamos frente a una sumatoria constante de despidos”, dijo a Contexto el secretario general del Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo), Antonio “Chiche” Guillén, quien fue lapidario con el actual escenario de concentración privada dentro de los medios de comunicación, y en especial ante la ausencia de la gestión gubernamental.
“Nosotros entendemos que el Estado no puede permanecer indiferente ante esta situación. En el caso de los medios audiovisuales –radio y TV en sus distintas variantes–, hablamos de concesiones otorgadas a privados sobre frecuencias que son patrimonio de la humanidad administrados por el Estado. Vemos que los concesionarios se retiran y los compañeros quedan sin trabajo”, agregó.
Cabe recordar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –mal llamada Ley de Medios–, cuyo espíritu original proponía regular la distribución de licencias en medios y garantizar la equidad de voces, considerando la información como un derecho humano, hoy se encuentra virtualmente desmantelada tras las modificaciones impulsadas por el macrismo, como así también fue disuelto su anterior organismo de aplicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
“Para preservar la paz social, pedimos que el Estado intervenga para que esta situación pueda revertirse. El Ministerio de Trabajo tiene que prestar atención y mediar para buscar una solución”, expresó Guillén.
En los últimos dos años, los principales focos de tensión frente a la crisis de trabajadores de prensa giraron en torno a la disolución del Grupo 23, hoy en pugna por indemnizaciones y procesos legales, el cierre de Infojus y la desaparición del Buenos Aires Herald.
En esta línea, el dirigente de Sipreba Agustín Lecchi ya había advertido que este momento es “el peor desde la vuelta de la democracia en materia de medios de comunicación, con el agravante de que esto repercute en la calidad institucional del país y de la democracia argentina, porque hay menos voces, menos medios de comunicación, y termina concluyendo que es una política que cuenta con la complicidad del Estado, que no hace nada para modificarla”.
En tanto, a la vez que el gremio presentó el proyecto de Emergencia a los legisladores de los distintos bloques, en el edificio anexo de las cámaras, puertas afuera del Congreso, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) desarrolló un “camarazo” como forma de manifestación, mientras que la Red Nacional de Medios Alternativos realizó una radio abierta en vivo durante la jornada.
El apoyo volvió a hacerse sentir en La Plata
Tal como se impulsó la semana pasada, trabajadores de prensa de la capital provincial se reunieron en la Plaza San Martín, en el monumento a José Luis Cabezas, para llevar adelante el «camarazo» en apoyo a la lucha que protagoniza la agencia DyN. La foto, al igual que la realizada en CABA, mostró a los periodistas con sus cámaras en mano y un paño negro tapando sus ojos.
Cabe señalar que esta modalidad de manifestación sólo se había dado en dos ocasiones en las últimas décadas: el 20 de diciembre de 1982, trabajadores de prensa realizaron un «camarazo» para repudiar las violentas agresiones que recibían los fotógrafos en las coberturas por parte de las fuerzas de seguridad; la otra jornada de «camarazos» se dio durante el año 1997, tras el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, hecho que puso de manifiesto la impunidad y complicidad del poder político frente al crimen organizado durante el menemismo.
