La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante de La Plata, con la opinión de un grupo de expertos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se reunió ayer para trabajar el pliego presentado por el municipio de Julio Garro, el cual, de aprobarse, le permitirá, a través de una licitación, la prestación del servicio de recolección de basura a una empresa por ocho años.
El pliego de licitación del servicio público de recolección de residuos, barrido y limpieza de la vía pública en el Partido de La Plata presentado por la gestión de Julio Garro propone dividir la ciudad en dos zonas, una frecuencia de recolección de seis días a la semana, la colocación de contenedores en cada cuadra para la diferenciación de los residuos, teniendo como destino el CEAMSE de Ensenada.
“Lo que nosotros vemos es que es un pliego que estaba muy enfocado en la recolección de los residuos y ahora en la Comisión se está planteando la necesidad de modificaciones para que se haga hincapié en todo lo que tiene que ver con el destino de esos residuos y tratar de fomentar la bolsa verde y la separación en origen”, dijo a Contexto el concejal Gastón Crespo, quien preside la Comisión de Medio Ambiente.
Una de las principales críticas del equipo interdisciplinario de la UNLP es la necesidad de plantear un sistema integral de residuos obedeciendo a la lógica de pensar no sólo cómo se hace la recolección de basura, sino también cuál es su destino una vez llevada a la planta del CEAMSE.
“Lo que planteamos es que no alcanza únicamente con la recolección, sino que después hay que ver qué pasa con esos residuos recolectados, que no pueden terminar siendo enterrados, porque en definitiva el esfuerzo del Estado y de cada vecino al momento de separar pierde el sentido si no hay una estructura capaz después de recibir y recuperar todo lo que sea reutilizable”, explicó a Contexto Inés Iglesias, del Consejo Social de la UNLP.
Desde la Universidad señalaron que, si bien no hay planteados costos de cara a la licitación de este pliego, puede llegar a alcanzar el 25% del presupuesto municipal teniendo en cuenta la recolección y el tratamiento de los residuos, por lo que destacaron la importancia de contar con un sistema eficiente que recupere lo mayor posible para que el municipio incluso pueda disminuir recursos.
Por otro lado, “se destacó que no solo hay que garantizar una correcta recolección de los residuos, sino también las condiciones para después disponer de esos residuos, y que esa disposición no puede desconocer la existencia de actores que trabajan con la basura, los cuales hay que considerar y jerarquizar”, comentó Iglesias.
Esta recomendación de la UNLP no es casual, ya que en el pliego presentado por Garro no queda claro qué rol van a jugar los cartoneros y carreros, a quienes mencionan a partir de la Ordenanza Nº 10.661 conocida como Basura Cero, que según denuncian estos actores no se cumple como debería.
La posición de la UNLP en este eje es clara. En las recomendaciones brindadas a la comisión destacaron la necesidad de jerarquizar a los recicladores urbanos y trabajar en conjunto con ellos. En el texto indican la necesidad de “reconocer que estos actores sociales son quienes tienen la experiencia y conocimiento en materia de recuperación y tratamiento de residuos reciclables”, al tiempo que señala la importancia de “fortalecer a las cooperativas, contribuyendo a su organización, equipamiento y funcionamiento”.
“La discusión está en si van a ingresar al pliego o no. La idea es que todos los que hoy son carreros, que son los recicladores urbanos, pasen a incorporarse al sistema a través
de los Puntos Verdes”, consideró Crespo. Esos lugares serían puntos específicos de recolección.
Sin embargo, desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a este sector en La Plata, señalan que están quedando por fuera de la propuesta, al tiempo que el municipio intensifica la persecución y estigmatización de los cartoneros y carreros en la ciudad.
“Nosotros directamente no figuramos. Ellos dicen por ahí que van a trabajar con cooperativas de reciclado o de recuperadores, pero nada más que eso”, dijo a Contexto Rodrigo Bernales, referente del MTE, quien fue denunciado recientemente por el municipio por supuestas amenazas, mientras que otros cartoneros fueron detenidos en la vía pública cuando hacían su trabajo.
“El negocio de lo reciclable y de la basura deja mucha plata, y si hay una organización que está peleando por los derechos de los trabajadores y que sean incluidos, no les va a gustar, entonces están haciendo todo lo posible para que nos corramos”, consideró Bernales. Cabe destacar que la empresa ESUR, actual prestadora del servicio de recolección, tiene un contrato millonario con el municipio que Julio Garro renovó hasta junio de 2018.
