Por Telma Luzzani
El domingo 26 de noviembre hay elecciones presidenciales, legislativas y municipales en Honduras, un país fundamental en el mapa estadounidense para la dominación geoestratégica. Nunca está de más recordar que, aunque Estados Unidos se esmera en instalar la idea de que América Latina no está en el foco de sus preocupaciones, nuestra región –debidamente subordinada y controlada– es vital para que ese país pueda constituirse como potencia hegemónica mundial. En ese esquema, el Mar Caribe es concebido como el “Mare Nostrum norteamericano”, según la concepción del estratega Alfred T. Mahan, y Honduras ha sido siempre una pieza fundamental.
Esto explica por qué, ante estos comicios, se ha puesto en marcha un intenso operativo mediático que tiene dos objetivos: primero, demonizar a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Opositora, la formación que apoya el expresidente Manuel Zelaya, y en segundo lugar, crear un clima de temor e incertidumbre para el día de las elecciones. Como en Honduras votar no es obligatorio, estas versiones desalientan a muchos a concurrir a las urnas.
“Desde los medios oficialistas se busca provocar la desmovilización de los ciudadanos. Hace varias semanas que se anuncia que el día de las elecciones puede haber desenlaces violentos y que habrá mucho abstencionismo”, asegura el analista político hondureño Ricardo Salgado.
Según los asesores de Alianza Opositora, esto se explica porque, según las encuestas que ellos manejan, su candidato Nasralla tendría un buen desempeño, mientras que se registra un alto rechazo a las políticas neoliberales del presidente Juan Orlando Hernández. Hoy, el 60% de la población hondureña se encuentra en la pobreza.
Para las elecciones del domingo hay nueve candidatos a presidente de la república. Seis de ellos son de partidos que tienen una incidencia casi nula. Los otros tres son Nasralla, Luis Zelaya del Partido Liberal (casi todas las encuestas le dan un tercer lugar) y el actual presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, que busca una cuestionada reelección.
¿Por qué cuestionada? La Carta Magna hondureña no contempla esa opción. Según explica Carolina Bardales, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, “en abril de 2015, el presidente Hernández hizo que 15 diputados y un expresidente presentaran ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso para despenalizar el artículo 239 de la Constitución, el cual prohíbe la reelección. La Sala declaró inconstitucional ese artículo, a pesar de que ese artículo no puede ser reformado (es pétreo, inmodificable) porque fue redactado con la intención de evitar el resurgimiento de dictaduras. Por tanto, la única vía legal para aprobar la reelección es mediante una Asamblea Nacional Constituyente que derogue la actual constitución y apruebe una nueva”.
A pesar de que partidos y organizaciones interpusieron recursos de nulidad, la reforma siguió adelante y el Tribunal Superior Electoral autorizó a Hernández a presentarse en los comicios del próximo domingo.
A este clima de forzamiento legal se le debe sumar la guerra mediática y de encuestas. Según Ricardo Salgado, “la campaña sucia contra el candidato de Alianza Opositora no tiene precedentes. Han publicado, por ejemplo, que Nasralla está asociado a un cártel de la droga. Eso se reprodujo en las redes, en los diarios y luego lo replicaron la radio y la televisión. El origen de la noticia es un periódico digital ubicado en México, e investigándolo se descubrió que ese diario consta de una sola persona que cobra por hacer la nota y subirla al sitio. Es decir que parece que fuera una agencia de noticias o un diario, pero no es tal”.
Esta campaña sucia, explica el analista político, está a cargo de dos asesores muy conocidos por utilizar todo tipo de recursos ilícitos para ganar elecciones. Se refiere al norteamericano Mark Klugmann y a J.J. Rendón, un venezolano radicado en Miami, vinculado con el ecuatoriano Jaime Durán Barba, y que asesoró a casi todos los candidatos de derecha y ultraderecha de la región.
El interés por mantener en Honduras un gobierno neoliberal y sumiso a Washington es, como se dijo, vital para Estados Unidos. En territorio hondureño, el Pentágono tiene una de sus bases militares más importantes, José Soto Cano, en Palmerola, a menos de cien kilómetros de Tegucigalpa. Allí el Comando Sur instaló su Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (Joint Task Force Bravo o JTF-B), compuesta por unidades militares rotativas del ejército, la aeronáutica, las fuerzas de seguridad conjuntas y el primer batallón-regimiento número 228 de la aviación estadounidense.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Honduras fue usada como plataforma para desestabilizar gobiernos progresistas de América Central. Los ejemplos son muchos y van desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz (1954) en Guatemala hasta la lucha contra el gobierno sandinista de Nicaragua y la insurgencia en El Salvador.
El modelo progresista del gobierno de Manuel Zelaya y la integración de Honduras a la alianza petrolera Petrocaribe (creada por Hugo Chávez en 2005 con una concepción antimercado, sin intermediarios, con ventas del combustible a precios subsidiados y con opciones de pagos muy favorables, incluso con posibilidad de hacer trueque con otros productos, como arroz o azúcar) y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es lo último que Estados Unidos quiere ver regresar a América Central.
Por eso es tan importante la batalla que está por jugarse este domingo en Honduras. Se trata de la continuidad del esquema cívico-militar que gobierna el país desde el golpe de 2009 contra Zelaya o de un cambio a favor de la democracia.
