“Voy a solicitar que se rechacen todos los planteos de la defensa”, sostuvo el lunes el fiscal Juan Martín Nogueira durante su derecho a réplica en el juicio oral y público, a punto de concluir, contra Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, activos integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata en los años previos al golpe cívico-militar.
“Reafirmo la calificación como delitos de lesa humanidad”, sostuvo Nogueira, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, tras detallar su rechazo a los planteos de la defensa sobre la prescripción de los hechos. “Estos crímenes no tienen prescripción”, sostuvo Nogueira.
Castillo y Pomares, ausentes en la audiencia del lunes, están siendo juzgados desde mayo por el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, secretario general del gremio del Turf local; Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una tercerizada que prestaba servicios en la Propulsora Siderúrgica; Néstor Dinotto y Graciela Martini, militantes del peronismo revolucionario. También son acusados del secuestro de Roberto Fiandor, quien también integraba la comisión junto a Domínguez, y de Daniel Pastorino y Ursula Barón, militantes del peronismo de izquierda que sobrevivieron al secuestro de la CNU.
Los siete fueron víctimas de brutales operativos llevados adelante entre febrero y abril de 1976 por la patota platense de esa organización paraestatal peronista y de ultraderecha, que tenía el apoyo del gobierno bonaerense del metalúrgico Victorio Calabró.
Respecto de la consideración de la defensa de que Castillo y Pomares ya fueron juzgados, el fiscal respondió: “Dejamos en claro que estos hechos no fueron juzgados nunca. Fueron juzgados por delitos comunes», sostuvo.
“Castillo y Pomares siempre estuvieron a disposición de un juez” luego de su detención y “su presencia en la Unidad 9 no significa que estuvieran sometidos a condiciones de tortura”, aclaró el fiscal.
Meses después del golpe, Castillo y Pomares fueron detenidos por delitos comunes, robo entre otros, y estuvieron alojados en diversas comisarías. Recién a principios de 1977 fueron trasladados a la Unidad 9, donde había cientos de militantes políticos secuestrados por las fuerzas de seguridad, previo paso por centros clandestinos de detención. En la U9, conocidos por la militancia platense como miembros de la CNU, cumplían funciones de inteligencia.
Nogueira rechazó los intentos reiterados de la defensa de “deslegitimar” y “establecer una visión de los procesos de lesa humanidad de cierto relajamiento sobre los derechos de los imputados sumida al poder de jueces parciales o militantes”.
El fiscal refutó igualmente las frases despectivas que durante su alegato utilizó la defensa, al hablar de “festival de prórrogas de prisión preventiva” de sus defendidos o “domiciliarias rechazadas con parodias”, y le recordó que “existe un protocolo para proteger” a los testigos en juicios de lesa humanidad, tal como lo hizo valer el tribunal presidido por el juez Germán Castelli.
Nogueira le recordó igualmente que en este proceso judicial, tanto en la instrucción como en las instancias de apelación y en el juicio oral, “no interviene un solo juez sino varios que han dado muestras de imparcialidad”.
Una defensa sin palabras
Tras la réplica del fiscal llegó el turno de la defensa de Castillo y Pomares, que fue más que breve y con la misma actitud soberbia hacia el fiscal, el tribunal y las querellas.
“No pensábamos duplicar porque entendemos que las querellas no aportaron nada nuevo. Dijimos todo lo que teníamos que decir. Ahora quedará a criterio del tribunal”, afirmó Oscar Salas, defensor de Pomares.
Fernando Buján, defensor de Castillo, tergiversó las palabras del fiscal y con arrogancia afirmó: “Lamento que buenos fiscales, en estos juicios, no coincidan en ciertos aspectos fundamentales. Me llama la atención que no se acompañen planteos que tienen que ver con la legalidad del proceso”, agregó el mismo abogado que semanas atrás descartó que su defendido haya participado en crímenes de lesa humanidad.
El miércoles, Castillo y Pomares tendrán derecho a su última palabra, horas antes de que se conozca la sentencia. Las querellas y la fiscalía pidieron cadena perpetua para ambos por delitos de lesa humanidad y genocidio.
