El palacio municipal de Ensenada fue escenario de una fuerte demostración de respaldo al intendente Mario Secco por parte de pares de otros distritos, legisladores y referentes de Unidad Ciudadana, que se acercaron a brindarle apoyo en medio de una denuncia por «coacción agravada» que el jefe comunal enfrenta tras haber ingresado a la Cámara de Diputados de la Provincia a denunciar la represión de la semana pasada.
Durante la reunión, donde Secco brindó una conferencia de prensa, el intendente ratificó que la acusación en su contra responde a un plan de «persecución política por parte de Vidal». Asimismo, advirtió que confía en que «la causa va a caerse» y no teme ir preso.
«Yo sé que quizás no fue la manera más elegante de denunciar esto, pero tampoco me agrada que ningún medio haya mostrado las imágenes de la balacera. Que se hayan guardado esas imágenes y solo me muestren a mí ingresando en el recinto pero no cuando nos agarran a tiros en la plaza mientras la gente se sacaba fotos conmigo», expresó Secco ante los medios en la sala de conferencias de la sede municipal, escoltado por los intendentes de Avellaneda y San Antonio de Areco, Jorge Ferraresi y Francisco «Paco» Durañona.
En la reunión se ubicaban también los intendentes de Mercedes y Villa Gesell, Juan Ignacio Ustarroz y Gustavo Barrera, y figuras como Martín Sabbatella y Carlos Raimundi.
«Está claro que la causa está armada. Yo entré a la Cámara invitado por los diputados. Ni siquiera tenemos acceso a la denuncia que nos están efectuando. Me llama la atención que primero se enteren los medios de comunicación de la resolución dictada y después yo. Mediatizan versiones, que estoy prófugo o que van a detenerme hoy. Lo único que han logrado es que la sociedad se plante. Yo mismo tuve que frenar una pueblada ayer», afirmó Secco, quien señaló que por los hechos que es acusado no hay posibilidad legítima de que sea detenido.
Entre los legisladores presentes podían observarse a Lauro Grande, Mariano Pinedo, Juan Debandi, Susana González y el senador Juan Manuel Pignocco.
Respecto del desarrollo de los hechos durante la sesión en cuestión y la acusación a Secco de entorpecer la labor legislativa, la diputada Susana Gonzalez intervino: «No había sesión legislativa, estaba en un cuarto intermedio. Es más, la primera propuesta había sido ir a cuarto intermedio ya que no podíamos sesionar mientras reprimían trabajadores afuera. No quisieron votar ese pedido y cuando la situación se puso por demás violenta afuera, aprobaron el cuarto intermedio cuando salimos con los diputados», expresó la legisladora.
«Uno puede discutir o no el tono de Mario Secco, lo que no se puede hacer es imputarle delitos porque sí. En esta situación parecen preocupar más los tonos que lo que verdaderamente ha pasado. Este es un intendente de quien no se puede decir en absoluto que se haya quedad con un peso de más, no se lo puede acusar de corrupción ni de que su pueblo no lo quiera», dijo a Contexto la presidenta del bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, presente junto al resto de los referentes.
Tanto Saintout, como sus pares Miguel Funes, Lauro Grande y Susana Gonzalez, son testigos del ingreso que Secco hizo a la Legislatura ya que todos ellos habían salido a las inmediaciones del palacio a verificar cómo se desarrollaba el operativo de aquella tarde.
En esta línea, Miguel Funes también se hizo presente en la convocatoria y dialogó con Contexto respecto de la situación que ahora debe enfrentar tanto el intendente de Ensenada como todas las voces opositoras que hasta ahora han sido apuntadas por Cambiemos: «Estamos absolutamente preocupados, ya que se ha podido constatar la carencia del Estado de derecho en Argentina. Esto empezó como ensayo de laboratorio con la compañera Milagro Sala». Funes agregó: «El gobierno ataca a la oposición en general, no creo que solo sea con el kirchnerismo. En los últimos dos años se ha perseguido a dirigentes sindicales inventándoles causas o atentando contra sus propias vidas. Estamos viviendo días de angustia».
Mario Secco fue denunciado bajo la figura de «coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa» y la causa fue derivada al fiscal Marcelo Romero, figura local de fuerte tendencia antikirchnerista.
