A días de cumplirse dos años del asesinato de Emilia Uscamayta Curí en una fiesta clandestina, su familia presentó una denuncia contra el intendente de La Plata Julio Garro bajo los cargos de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario publico” ante la falta de control de las normativas vigentes en bares y boliches de la ciudad. La misma denuncia recae sobre el titular de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, Alberto Grecco.
“Venimos con mucha gente que se ha unido a nosotros para poner fin a estas cosas, porque, la verdad, siguen lucrando los empresarios de la noche. Son empresarios sin ningún permiso, más el abuso de los patovicas. Son cosas que pasan y se hacen denuncias, pero todas terminan cajoneadas”, dijo Juan Uscamayta, padre de Emilia, en una radio abierta frente a la fiscalía platense donde se entregó la denuncia.
La denuncia de la familia Uscamayta Curí advierte que los locales de esparcimiento nocturno no cuentan con las habilitaciones municipales correspondientes, al igual que el personal que hace de seguridad en estos lugares. Por otra parte, denuncian que la falta de control del Estado ha generado una evasión fiscal por parte de los dueños de los boliches.
Para evidenciar esta situación, repasan hechos públicos de violencia por parte de los patovicas y de falta de documentación en diferentes locales nocturnos de la ciudad de La Plata, donde el municipio no actuó como debería. Entre la lista se encuentra Santo Pecado, Dickens, Boutique, Warning, Bar alquimista, Jerry, Media Pinta, Rey Lagarto, entre otros.
“Esto se sabe. Hay que terminarlo de una vez por todas. Los jovenes van a divertirse pero por x o por z o porque no le gustó su cara los golpean. Se denuncia y no hay ninguna clase de justicia”, dijo Uscamayta.
“Hemos notado un patrón común en diferentes episodios de violencia que han ocurrido en horas de la noche cuando lógicamente los jóvenes salen a divertirse. En estos episodio hemos visto que muchas veces los locales no se encuentran habilitados y que también el personal que ejerce violencia sobre los jóvenes no se encuentra con el curso de capacitación y habilitación que prevé la ley”, detalló Adrián Rodríguez, abogado de los Uscamayta Curí en dialogo con Contexto.
“A su vez, hemos notado que tampoco tributa al Estado. Esto es importante porque muchas veces se ejerce violencia física sobre los manteros alegando fundamentalmente que no pagan impuestos. Esto tiene que ver con una suerte de doble moral o doble vara con la cual se miden dos situaciones similiares”, agregó Rodríguez.
En la denuncia presentada ante la Justicia afirman que estos hechos evidencian que no existe control suficiente por parte de la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata. “Los hechos de violencia que se suceden cotidianamente muestran la precariedad y discrecionalidad de las labores de control, que ponen en riesgo a miles de ciudadanos que salen merecidamente a disfrutar un momento de esparcimiento”, advierte el documento.
“Los empresarios no cumplen con las normativas, no están habilitados, pero funcionan. La cuestión es determinar por qué funcionan”, explicó Rodríguez. “Si es porque cuentan con la anuencia ilegal del gobierno municipal o si hay todo un entramado de corrupción en el cual estos empresarios pagan algún canón ilegal para que se permita este funcionamiento. Cuando ocurre algún suceso violento, salta todo esto y se clausura por un par de semanas y luego sigue funcionando”, agregó el abogado.
La misma denuncia que le pesa al intendente Garro se extiende a Alfredo Grecco, titular de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, donde el municipio puede advertir una situación irregular respecto de los patovicas, los cuales, según los hechos denunciados, tienen un ejercicio excesivo de la violencia.
Cabe recordar que en abril la familia Uscamayta Curí presentó también una denuncia penal contra el intendente Julio Garro por “Abuso de Autoridad Genérico” y “Omisión de los deberes de Oficio”, por no haber suspendido a Daniel Piqué, extitular de la Secretaría de Seguridad de La Plata, cuando fue imputado en la causa de la muerte de la joven estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP.
