En una nueva fase del golpe en Brasil, el Tribunal Regional Federal N° 4 (TRF-4) de Porto Alegre, sin ninguna prueba y con la clara intención de dar el primer paso hacia la proscripción del exmandatario, por unanimidad ratificó el fallo del juez federal Sergio Moro que condena a Luiz Inacio “Lula” Da Silva.
Lula es el candidato que más mide para las elecciones presidenciales de octubre de 2018. Las encuestas indican que la intención de voto a su favor ronda el 40% (las más favorables le dan un 45%, mientras que en las que menos mide suma un 35%).
El segundo candidato presidencial que más mide es el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ronda el 15% de intención de voto, más de 20 puntos por debajo del exmandatario. Bolsonaro es un ferviente defensor de la dictadura brasileña y durante el juicio político contra Dilma Rousseff dedicó su voto condenatorio al militar encargado del grupo de tareas que la secuestró y torturó.
Luego del golpe parlamentario contra la presidenta Rousseff (que tampoco contó con ninguna prueba), la derecha se mostró decidida a acabar con cualquier posibilidad de retorno de un proceso popular en el gigante sudamericano.
La segunda parte del golpe implica la intención de proscribir al expresidente Lula, deslegitimar al Partido de los Trabajadores (PT), arrasar con la base y la organización social que llevó a que el PT ganara tres elecciones presidenciales.
La condena en primera instancia la emitió Moro, un juez vinculado a la embajada norteamericana, a la Rede Globo y a los grupos de poder económico concentrado. El juez Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión y a diecinueve años de prohibición para ejercer cargos públicos. Si bien la ratificación de la condena por parte del Tribunal no significa la inmediata proscripción, si es el primer paso para ella.
Moro es juez de vínculos y accionar, similar al juez federal Claudio Bonadio en Argentina, cuya persecución política a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner demuestra la existencia de una lógica que también se aplica en otras partes de continente (Ecuador y Paraguay, por ejemplo), y que más que una forma de proceder judicialmente se parece a un modus operandi para atacar a los líderes que llevaron adelante los procesos de integración y redistribución de la riqueza en la región.
Moro condenó a Lula acusándolo de haber recibido un departamento triplex como soborno por parte de la empresa constructora OAS. El tribunal de apelaciones no pudo demostrar ningún vínculo entre el departamento y el expresidente. Pero, además, esta semana la Justicia Federal embargó a la empresa OAS, confiscando el departamento en cuestión, lo que demuestra que ese triplex nunca dejó de pertenecer a la constructora y, por ende, nunca fue de Lula.
Sin embargo, como era previsible (y como anunciamos desde Contexto en el artículo “Lula: cuenta regresiva hacia la proscripción”), a pesar de todas las herramientas que había para anular el fallo de Moro, los jueces ultraconservadores del TRF-4 rarificaron la condena.
El Tribunal, que comúnmente tarda más de un año en dictar sus fallos, en esta ocasión tardó sólo seis meses. Tiempo récord.
Según indica la “Ley Ficha Limpia”, con la condena en segunda instancia Lula podría ser imposibilitado de participar de las elecciones presidenciales de octubre de 2018.
Tras el fallo, miles de personas salieron a las calles a protestar. El Partido de los Trabajadores anunció que este jueves ratifica la candidatura de Lula.
