El procesamiento judicial de Oscar Chocobar –policía bonaerense que mató a Pablo Kukoc, de dieciocho años, cuando atacó para robar a un turista estadounidense en La Boca– despertó una oleada de apoyo, incentivada de manera troncal por el gobierno de Mauricio Macri. Mientras una figura como Horacio Rodríguez Larreta expresaba vía Twitter que el caso se trata de “uno más en que la Justicia actúa a favor de los delincuentes y no de la seguridad de los vecinos”, y el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo agregaba que el efectivo “tendrá nuestro apoyo para que triunfe la Justicia”, el propio presidente Macri recibió personalmente a Chocobar en la Casa Rosada para ofrecerle su respaldo.
El procesamiento del efectivo policial fue dictaminado por la Justicia bajo la figura de “exceso en la legítima defensa”. Chocobar se encontraba de civil al momento en que comenzó a seguir a los sospechosos del intento de robo en La Boca. Según los peritos, el disparo que alcanzó a Kukoc fue por la espalda.
No obstante, los funcionarios del gobierno expresaron su pesar ante el avance judicial sobre el policía. El propio Macri manifestó que el accionar de Chocobar significó “un acto de valentía para todos los argentinos”.
“La noticia de la gratitud del turista con él conmovió a miles de argentinos, pero ayer nos enteramos que Luis (Chocobar) será embargado por $400 mil pesos mientras se resuelve la causa por la muerte de uno de los ladrones. Hoy lo recibí en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”, expresó ayer el presidente en su cuenta de Facebook.
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“El gobierno está enviando claramente el mensaje de que el gatillo fácil es política de Estado. Estamos viviendo en un Estado donde el poder político le está diciendo a los jueces cómo deben resolver las causas en las que intervienen”, dijo a Contexto la abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial y Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, cuyo organismo registró en diciembre 725 fusilamientos por gatillo fácil y por tortura en lugares de detención en los primeros 721 días de gobierno. Es decir, más de un caso por día. “Esta es la clara presión del poder político sobre la Justicia. El propio Bonadio aplicó la tesis de Patricia Bullrich respecto de las detenciones por la protesta del 14 de diciembre, en la que procesó a 34 personas porque ‘la versión de la policía es la versión verdadera’, y no tenía una sola prueba fehaciente”, expresó Verdú.
En esta línea coincidió el abogado y querellante en casos vinculados al terrorismo de Estado, Aníbal Hnatiuk, quien definió la actitud del gobierno “como mínimo, preocupante e imprudente”. En diálogo con Contexto, Hnatiuk sostuvo: “Este gesto significa un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para matar. Es decir ‘matá por la espalda que el presidente te va a bancar’. Es algo preocupante, más aún en un país como el nuestro, con una triste tradición de gatillo fácil”.
El gesto de empatía del gobierno hacia el policía procesado fue replicado durante todo el día de ayer por los principales medios de Argentina, cuyos foros de lectores no tardaron en acompañar con firmeza el accionar de Chocobar. Usuarios (¿reales o trolls?) en portales web de Clarín y La Nación dejaron mensajes del calibre de “total apoyo a la policía, deberían ser más libres para matar chorros, violadores, asesinos y zaffaronistas” (Clarín).
En este sentido, cabe sospechar. ¿Es inocente el gesto del gobierno? ¿Tuvo la gestión de Mauricio Macri la misma hospitalidad y tacto con la familia de Rafael Nahuel, activista mapuche de veintidós años asesinado por la espalda en pleno operativo represivo? ¿No resulta, como mínimo, inoportuna la actitud del gobierno de respaldar a un policía acusado de homicidio y abuso de autoridad al cumplirse nueve años de la desaparición de Luciano Arruga, cuya muerte está vinculada con el accionar de la misma Bonaerense? ¿Será casual que mientras el gobierno envía un guiño explícito a la violencia institucional, el mediático legislador macrista Fernando Iglesias presente un proyecto para desplazar de la CIDH a Eugenio Zaffaroni, tildado de “juez garantista” por todo el discurso oficialista? Sin ir más lejos, mientras Macri hacía pública su gratitud y acompañamiento al gatillo fácil, ¿habrá recordado que ayer se cumplieron seis meses de la represión donde desapareció Santiago Maldonado?
