Por Juan Paiva y Eugenia Bustamante
La alianza Cambiemos relanzó el PROG.R.ES.AR., con una suba en los montos que percibirán sus destinatarios, mayores exigencias para su renovación y que a partir de ahora se llamará Becas Progresar. Esta política pública fue anunciada en febrero de 2014 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como un programa orientado a garantizar y universalizar el derecho al acceso educativo entre los y las estudiantes argentinas. En diciembre de 2016 el programa llegó a su punto más alto de destinatarios, 1.038.721, y para marzo de 2017 apenas llegaba 558.406 estudiantes, registrando de esta manera su nivel más bajo desde marzo de 2015.
En sus inicios, fue diseñado con el objetivo de lograr la incorporación de jóvenes a proyectos de inclusión social, apuntando a aquellos/as que se encontraban desocupados o trabajando en el mercado informal, los que eran empleados en casas particulares o cuyos ingresos familiares no superaran el salario mínimo, vital y móvil. El dinero que se les brindaba a los jóvenes constituía un estímulo para que inicien o puedan continuar con sus estudios de escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la continuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo. Con los cambios anunciados por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, la política pública se transforma en un sistema de premios y castigos que pondera el mérito individual e invisibiliza las múltiples complejidades que configuran las trayectorias educativas.
Con los cambios anunciados por Macri y Finocchiaro, la política pública se transforma en un sistema de premios y castigos que pondera el mérito individual e invisibiliza las complejidades de las trayectorias educativas
En este sentido, el programa que había formado parte de una política integral de inclusión de los y las jóvenes en el sistema educativo y el mercado laboral, en la actualidad es reconfigurado por la lógica meritócrata liberal, que no considera las condiciones de acceso y ejercicio del derecho humano a la educación.
Con estas nuevas modificaciones, la educación deja de ser un derecho para ubicarse como una mercancía dentro de una oferta de beneficios, un servicio al cual únicamente se accede con el mérito académico. En este punto, es importante retomar lo que señala el doctor en Comunicación Darío Martínez: “La lógica de la meritocracia está ahí, presente en el sentido común, en la instalación de expectativas de ascenso y en un sálvese quien pueda que fomenta la competencia entre compañeros y compañeras». Se refuerza el sentido común que sostiene que el que no estudia es porque no quiere.
Asimismo, resulta interesante señalar el criterio del gobierno nacional al poner énfasis en las carreras consideradas prioritarias para el país, como las relacionadas con las ciencias aplicadas y la salud, en cuyos casos el monto de la beca aumenta considerablemente, llegando tener una suba de 66%, con la posibilidad de llegar hasta los $ 4.900 mensuales a medida que se avance en la carrera. De este modo, se definen trayectorias juveniles y académicas deseables según el discurso exitista meritócrata, y otras que no vale la pena contener o acompañar desde el Estado.
Del mismo modo, si bien el nuevo Progresar otorga becas para la formación docente, el anuncio se da en el marco del cierre de tres especializaciones del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, que permitía a los docentes realizar una carrera de posgrado, a distancia y de forma gratuita.
Los postítulos que cerraron son Derechos Humanos, Ciencias Sociales y Nuevas Tecnologías, aquellas carreras que no son “estratégicas”, según el nuevo programa de becas. De este modo, se incentiva más a quienes estudian Ciencias Básicas, Aplicadas y Enfermería, mientras que, según el INDEC, la industria retrocedió más de un 3% en relación con 2015 y hay recortes en el área de salud (despidos en el Hospital Posadas, retrasos de IOMA en los pagos a médicos). Es decir, el relanzamiento del Progresar promueve las carreras que forman recursos humanos en áreas de la producción nacional y la atención de la salud que se han visto seriamente dañadas por las políticas económicas del gobierno de Macri.
En línea con estas políticas de ajuste y vaciamiento de contenido de los programas educativos, el Progresar pondera un sentido de la educación como servicio y beneficio que responsabiliza a los y las jóvenes en el acceso, restándole protagonismo al Estado en garantizar las condiciones de acceso a la educación. Del mismo modo, invisibiliza la lucha de los docentes por la paritaria y la responsabilidad en la regulación de las tarifas de los servicios, el transporte y la nafta. Aumentos que impactan en la inflación y en la capacidad adquisitiva del salario. Todo aquello que forma parte de las condiciones que posibilitan u obstaculizan las “oportunidades para los que quieren estudiar”.
Actualmente, el sistema educativo nacional afronta un escenario de incertidumbre en cuanto al reconocimiento a los estudiantes y los trabajadores de la educación. A menos de un mes del inicio de clases en la provincia de Buenos Aires, el Frente Unidad Docente reclama el inicio de la discusión por las paritarias. El gobierno hizo trascender la oferta de una suba del 15% salarial cuando la inflación de 2017 fue del 25%.
Del mismo modo, mientras que el Progresar es presentado como una política educativa que promueve la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, los números indican que son los que ocupan los puestos de trabajo en negro. Por ejemplo, según datos del INDEC, en el Gran La Plata la desocupación alcanza al 6,9%, número que trepa al 16,5% en el caso de los y las jóvenes, un 138% más que en otros segmentos etarios. La lucha del Estado contra la informalidad laboral se vio agravada esta semana, cuando el gobierno anunció el cierre de la Dirección General de los Recursos que depende de Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) y tenía como objetivo controlar y combatir el trabajo en negro.
«Vamos a un programa planificado en donde queremos medir la trayectoria educativa y reconocer el mérito en función del esfuerzo y la superación personal», promete el titular de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado Pablo Domenichini. Si los requisitos para acceder y conservar la beca es la cantidad de materias aprobadas y el promedio, estos números que poco dicen sobre la trayectoria educativa de un/a estudiante se convierten en los indicadores del esfuerzo que se pretende premiar.
Así, las exigencias para acceder a la beca se traducen en barreras de exclusión: si aumentan los requisitos, se reduce el número de destinatarios. Esta mirada centrada en resultados cuantificables define trayectorias educativas, jóvenes deseables y trayectorias educativas que no merece contenerse. Las palabras de Domenichini no contemplan las particularidades de cada de una de las realidades de los y las estudiantes.
Ante estas palabras, resulta interesante retomar las preguntas que se plantea el investigador Darío Martínez en relación con las condiciones que atraviesan los y las jóvenes al momento de desarrollar sus estudios escolares y universitarios: “¿Cómo harán quiénes trabajan más de ocho horas y tienen una hora de viaje para llegar al lugar donde estudian? ¿Cómo harán para rendir la mitad de las materias quienes trabajan esas ocho horas, tienen una hora de viaje y cuidan a sus hijos/as? ¿Cómo harán para estudiar más de cuatro materias, trabajar ocho horas, viajar una hora a la escuela, cuidar a su hija/a y atender a un familiar enfermo?”. Las condiciones para el acceso y el ejercicio pleno del derecho a la educación deben estar garantizadas por el Estado a través del pleno reconocimiento de los diferentes actores que integran el sistema educativo, llevando adelante diferentes políticas públicas que fortalezcan la inclusión educativa a nivel nacional. Garantizar esas condiciones implica también la presencia del Estado en la regulación del costo de vida, ya que redunda directamente en la posibilidad o dificultad en ingresar al sistema educativo.
Con respecto al acceso, no tiene que ver únicamente con los requisitos que traza la admisión al programa. La experiencia anterior muestra que los destinatarios accedieron a través de las redes de organizaciones territoriales que actualmente están siendo desarticuladas y dependían directamente del Estado nacional. Es el caso del programa Centros de Actividades Juveniles que, entre otras funciones, convocaba, orientaba y contenía a los y las jóvenes destinatarios del programa. El desguace de estos organismos afectó directamente el funcionamiento del PROG.R.ES.AR., ya que se trataba de una política pública integral que para su plena puesta en funcionamiento involucraba a diferentes áreas del Estado con políticas del Ministerio de Salud, programa SUMAR, ANSES –que llevaba adelante los operativos en busca de nuevos jóvenes que pudieran percibir el programa– y el Ministerio de Trabajo –que dictaba los cursos de formación en oficios–, entre otros organismos estatales.
El relanzamiento del Progresar se sustenta en un discurso de carácter liberal donde se plasma un sistema de premiaciones en términos económicos y de reconocimiento que no contemplan las realidades, los deseos y las dificultades de los y las jóvenes al momento de atravesar un trayectoria educativa. Al transformar la política pública en una beca y al subir las exigencias por parte de los y las estudiantes en el desarrollo de sus estudios, el nivel de destinatarios bajará de manera significativa, y al mismo tiempo se desguaza una política pública bajo el discurso de la retórica que plantea la ilusión del “ascenso social” por medio del esfuerzo individual y el voluntarismo.
De este modo, la posibilidad de estudiar es planteada en términos de querencia, como si sólo bastara el deseo de estudiar para poder hacer efectiva una trayectoria educativa de doce años de escolaridad más una formación de nivel universitario, terciario o de formación en un oficio.
Con estas modificaciones, el gobierno nacional convierte el Progresar en un programa restrictivo en el ingreso de cientos de miles de estudiantes y a la vez plantea un hipotético reconocimiento que nunca llega a los y las estudiantes, que no se materializa. Porque si no hay un Estado presente en la política económica cotidiana del pueblo, no hay posibilidad de tener una trayectoria educativa o laboral que esté a la altura de las expectativas de un gobierno que favorece a los sectores sociales que concentran la mayor riqueza. Esta trayectoria utópica en la historia del liberalismo argentino, que es un ideal de lo que supuestamente uno tiene que hacer en la vida, plasmada a través el discurso meritocrático, siempre ha sido desarticulada en los períodos históricos donde los gobiernos nacionales y populares llevaron adelante políticas públicas de carácter inclusivo que democratizaron el acceso a derechos como la educación, la salud y el trabajo. El programa PROG.R.ES.AR fue una de estas experiencias. Hoy es un premio al desempeño académico.
