El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, comandado por Carolina Stanley, sigue ajustando. Esta vez, en la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que serán fusionados en uno nuevo denominado “Hacemos Futuro”.
Según trascendidos periodísticos confirmados ayer por la mañana por la propia ministra en declaraciones radiales, estos programas, junto con Desde el Barrio, sufrirán serias modificaciones que contemplen la Educación Formal Obligatoria (la finalización de la escuela primaria y secundaria) y otra parte de Formación Integral, es decir, capacitación, dejando de lado el rol productivo que hoy tienen.
Estos cambios no están siendo bien vistos por los trabajadores ni por las organizaciones sociales que nuclean a gran parte de los beneficiarios del Argentina Trabaja. En diálogo con Contexto, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, marcó las contradicciones de la propuesta de Stanley: “Plantean esto como si la capacitación pudiera suplir los problemas vinculados con la falta de oportunidades que existen hoy en el mundo del empleo, como si el problema de la falta de trabajo estuviera signado por la falta de capacidades”.
Quienes hoy forman parte de Argentina Trabaja cuentan con conocimientos, pero “el problema es que no hay trabajo”, agregó el dirigente social.
Según precisan medios oficialistas como Clarín, estos cambios significarían “un ahorro” de 1.500 millones de pesos para la Casa Rosada. Sin embargo, las organizaciones sostienen que este ajuste implica la destrucción de proyectos productivos. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) señalaron a Contexto que estos cambios “eliminan la planificación de la obra, ajustan casi en 1.500 millones el presupuesto para este programa y se plantea la terminalidad educativa”.
“Nadie está en contra de la capacitación. Pero todas las capacitaciones que se han hecho sin la propia obra no han funcionado. Lo que se está planteando es que hay que buscar la empleabilidad de estos compañeros y después generar condiciones para que el mercado laboral los absorba, pero el mercado no está generando condiciones para emplear masivamente a los beneficiarios”, explicó a Contexto Gildo Onorato, dirigente de la CTEP.
Según explicaron desde esta organización, en mayo del año pasado los beneficiarios del Argentina Trabaja ingresaron al Programa de Inserción Social (conocido como Plan Empalme) con el objetivo de integrar al mercado laboral a quienes formaban parte de estos programas. El gobierno nacional logró en diciembre sólo alrededor de 6 mil personas con trabajo, número bastante menor si se tiene en cuenta que el objetivo era 600 mil.
“La propuesta improvisada del Ministerio de Desarrollo Social no implica ni más control ni más capacitación. Es puro marketing como el Empalme. Lo claro es que así van a destruir setecientos proyectos sociocomunitarios donde trabajan 30 mil laburantes”, opinó a traves de las redes sociales Juan Grabois, referente de la CTEP.
“Más que una búsqueda de mejoramiento de las condiciones de aquellos que están en programas de empleo, lo que se está generando es la anulación de un programa que, en el caso de los movimientos sociales, el 90% tiene trabajo concreto a partir de obra de infraestructura social en mejoras de los barrios populares. Y ahí hay un ajuste concreto de 1.500 millones de pesos. Hay un achicamiento del gasto de los más postergados”, coincidió Onorato.
Marcha en La Plata por el Ellas Hacen
Además del Argentina Trabaja, las mujeres del Ellas Hacen también ven anulado su programa y pasarían a formar parte del plan Hacemos Futuro, sin embargo, no son muchas las precisiones que tienen al respecto, por lo que en La Plata se movilizaron este lunes para exigir a los responsables de la región que les brinden explicaciones.
“Nadie baja de la gestión a decirnos por qué nos cambiaron el nombre, por qué nos unifican con los otros programas, por qué dejamos de ser Ellas Hacen, qué va a pasar con nosotras”, explicó a Contexto Nancy Echeverria, beneficiaria del Ellas Hacen, quien hoy tiene temor de que no se respeten los convenios para la entrega de las viviendas que construyeron, las cuales especifican que son para las beneficiarias del programa eliminado por Stanley.
“El gobierno está haciendo algo muy sucio con nosotras. Vinieron a arrasar con todo”, sostuvo Echeverría. “Nos parece una falta de respeto que nos quieran robar la identidad, que nos quieran unificar con planes que son totalmente diferente”, agregó.
Las beneficiarias de este programa tuvieron que hacer una serie de trámites a pedido del Ministerio, entre ellos la entrega de un curriculum vitae, el cual aseguran es para las empresas, por lo que el temor está en que esta “capacitación” venga en realidad a hacer una precarización laboral por parte de entes privados. “Nos quieren como mano de obra barata. Nos quieren hacer capacitar para meternos en una bolsa de trabajo cobrando como obra barata con las empresas”, sostuvo Echeverría.
Ante esta incertidumbre, el miércoles 28 a las 11 de la mañana se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social a exigir que les den garantías sobre la continuidad de los convenios. “Queremos volver a La Plata con respuestas”, aseguraron.
#LaPlata | Trabajadoras del Ellas Hacen preocupadas por cambios sin aviso en el programa.
Reporta @fmraicesrock: https://t.co/w25TEM7iVJ pic.twitter.com/K0QfbYh9zx— FARCO (@farcoargentina) February 26, 2018
Destruir lo comunitario
Desde Barrios de Pie sostienen que esta decisión es en represalia a la masiva movilización del pueblo trabajador contra el ajuste de Mauricio Macri que se dio el 21 de febrero, donde las organizaciones sociales participaron y dieron duros cuestionamientos a las políticas económicas llevadas adelante por Cambiemos.
“Creemos que en realidad se busca esa situación porque la organización del trabajo y de lo productivo es una salida colectiva. La organización educativa es una salida más individual. En ese sentido, lo que el gobierno busca en el fondo es desarticular lo comunitario”, consideró Menéndez
“La intención también es un claro mensaje post marcha del 21 de febrero. Hay una modificación de los programas de empleo en virtud de desarticular la organización comunitaria, donde se gesta el cuestionamiento a las políticas del gobierno”, concluyó.
