Por Leandro Gianello
El juez Horacio Piombo, cuestionado por el fallo que benefició al violador de un nene de 6 años, presentó su renuncia “indeclinable” al cargo docente que tenía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Su dimisión llegó minutos antes de que el Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la facultad, iniciara la sesión en la que se iba a tratar el pedido de juicio académico en su contra impulsado por los estudiantes. La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (Falgbt), junto con otras organizaciones y referentes de derechos humanos, presentaron un pedido de juicio político para el juez y su par Benjamín Sal Llargués.
Cuando el juicio académico parecía un hecho consumado, Piombo decidió continuar el camino que su par en la Cámara de Casación Penal había tomado el año pasado, cuando renunció a su puesto de profesor, ahorrándose el escarnio público y el nivel de exposición que implicaba un procedimiento de juicio académico.
El historial jurídico del juez Piombo dentro de los tribunales y en el ámbito del derecho penal ha sido largamente señalado por su contenido polémico, como el sobreseimiento de los dueños de una clínica platense imputados por la muerte de 15 pacientes con insuficiencia renal contagiados de sida, argumentando que HIV no producía la enfermedad o, más recientemente, cuando con su par de la Cámara de Casación Penal, Sal Llargués, bajaron la condena por violación a un pastor religioso, arguyendo que las víctimas vivían en una comunidad con un nivel social que aceptaba mantener relaciones a edades muy bajas.
Vicente Atela, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, indicó que momentos después de iniciar la sesión del Concejo, Piombo “nos hizo llegar por una persona, una nota de renuncia indeclinable a los cargos que tenía en la facultad. Se aceptó la renuncia y se lo desafectó de los cargos que ocupaba”.
La decisión de Piombo fue manifestada “voluntariamente, la presentó ante mí en el Decanato e inmediatamente se inició el trámite administrativo”, dijo en declaraciones a Radio Universidad de La Plata.
Casi inmediatamente, “el Consejo Directivo de la Facultad aceptó la renuncia del juez y fue desafectado de sus funciones”, señaló Atela. Y finalizó: “Piombo ya no es docente de esta Facultad”.
“el Consejo Directivo de la Facultad aceptó la renuncia del juez y fue desafectado de sus funciones”, dijo el decano de Derecho, Vicente Atela.
El escandaloso fallo de los magistrados había reducido la pena al violador de un niño de 6 años por considerar que el menor ya había sido abusado anteriormente, argumentando incluso una supuesta tendencia homosexual que generó el repudio desde todos los sectores políticos y sociales.
Si bien el pedido de juicio académico quedó trunco, Fermín González Laria, vicepresidente de la FULP, señaló que “independientemente de los juicios de valor sobre el accionar del magistrado, entendemos que hay composición ideológica” en los dictámenes que ha emitido, ya que “Piombo había fallado discriminatoriamente, negando los avances en las políticas de igualdad” impulsadas por este gobierno. Con sus fallos, el juez “viola tratados internacionales”, aseguró el estudiante.
Camino al juicio Político
La presentación realizada por la FALGTB constituye el segundo escrito contra los mismos integrantes de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires que se pone a consideración del Consejo de la Magistratura de la provincia. “Fundamentalmente, el fallo revictimiza al niño y vulnera los derechos consagrados en la Convención y la Ley de Protección Integral», aseguró Esteban Paulón, presidente de la Federación.
Elaborado por el penalista Alberto Bovino y la Defensora LGBT Flavia Massenzio, la presentación es impulsada también por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, y por Machaín.
Entre las organizaciones que acompañaron con su firma este pedido se encuentran la Mesa Nacional por la Igualdad; el Registro de Abogados de los Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el Laboratorio de Políticas Públicas; y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn).
El primer pedido de juicio político contra estos dos magistrados por este polémico fallo fue presentado por presidenta del bloque de senadores del Frente para la Victoria-PJ del Parlamento bonaerense, Cristina Fioramonti.
Pedido de destitución
En tanto la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) inició una campaña de recolección de firmas (a través del sitio de Change.org) para avanzar con un pedido de juicio político y destitución de los magistrados Piombo y Sal Llargués. El presidente de la organización, Cesar Cigliutti, manifestó que ya llevan juntadas se juntaron más de 184.000 firmas de todo el mundo, aunque buscan alcanzar las 200.000.
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