“Crecimiento invisible” quedó incorporada el pasado jueves a la antología de las aberraciones retóricas del actual presidente de la nación. Pero antes hubo otras mucho más graves. La más humillante para la memoria histórica y para los sentimientos patrios fue la del 9 de julio de 2016, día del segundo centenario de la independencia nacional, cuando, dirigiéndose al vergonzoso invitado estelar y monarca español Juan Carlos I (retirado, tras abdicar la corona en favor de su hijo), Mauricio Macri se imaginó que los patriotas de 1816 “claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España”.
Y la más violenta e impune de las aberraciones retóricas presidenciales fue la de un año atrás, también en su discurso ante senadores y diputados nacionales, cuando se burló de las amenazas de muerte sufridas por el dirigente sindical docente Roberto Baradel y su familia: “No creo que Baradel necesite que nadie lo cuide”, dijo socarronamente esa vez, y luego sonrió mientras su hinchada lo aplaudía.
Puntualizaciones aparte, las cláusulas de la Constitución Nacional y las Constituciones de varias provincias que lo obligan a hablar cada 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa o ante sus respectivas Cámaras provinciales otorgan a quien sea presidente/a de la nación o gobernador/a la posibilidad de ocupar el centro de la escena pública al comenzar el tercer mes del año.
Así fue que la semana pasada, además de dedicar su discurso a mentir, engañar, delirar con fantasías y estafar con artificios de imagen, tal como viene haciendo desde la campaña electoral de 2015, Macri hizo un anuncio trascendental: confirmó que su gobierno apoyará el tratamiento parlamentario de una ley para despenalizar el aborto.
La jugada, más allá de la perversión de sus motivaciones oportunistas, coloca en un desafío extremadamente difícil a las organizaciones feministas y a todas las expresiones del movimiento de mujeres que desde hace décadas luchan por el aborto legal, seguro y gratuito, porque el resultado puede provocar un avance gigantesco o un gravísimo retroceso.
Las posibilidades más definitorias son que el proyecto se apruebe y se logre así la histórica vigencia de ese derecho, o que una mayoría legislativa vote en contra -aunque sólo fuera en una de las dos Cámaras del Parlamento- y la causa sufra un fuerte revés político. También es probable que se produzcan terceras situaciones, como falta de tratamiento, demoras, dilaciones, nuevos “cajoneos” del proyecto, etcétera. Han surgido, asimismo, algunas propuestas para que el tema sea sometido a una consulta popular. Presumiblemente, en los meses venideros ocurrirá alguna de estas alternativas.
Marzo arrancó con discursos de quienes son titulares del Poder Ejecutivo en la nación y en diversas provincias. Pero continúa con el protagonismo popular, que es la única fuente de construcción de contrapoder frente al gobierno y a los poderes de facto -las corporaciones económicas, judiciales, mediáticas, etcétera- que manejan actualmente el país.
La huelga nacional docente de este lunes y martes convocada por Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), el paro de mujeres del próximo jueves 8, los continuos paros y otras formas de protesta de trabajadores/as que conservan su empleo o que son víctimas de despidos y desocupación, y el involucramiento de amplios contingentes ciudadanos cada 24 de marzo, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, exhiben una dinámica política que escapa al control del bloque de poder dominante.
Hace un año
Argentina tiene una fecunda tradición en el ejercicio de diversas formas de lucha y participación promovidas desde las más diversas fuerzas populares y otras expresiones de la sociedad civil. Como ejemplo, varios de los hechos que ocurren/ocurrirán este mes tienen antecedentes muy cercanos en el tiempo, exactamente hace un año.
Los días 6 y 7 de marzo de 2017, las cinco organizaciones sindicales de educadoras/es con representación en todo el país (Ctera, UDA, Sadop, AMET y CEA) realizaron un paro de 48 horas por reclamos salariales. Era la primera vez -y en la actualidad se produce la segunda- en que el macrismo violaba la ley que establece la Paritaria Nacional Docente.
Asimismo, aquel día 7 la conducción formal de la CGT que poco antes se había unificado (el triunvirato Schmid, Daer, Acuña) encabezó una manifestación a la que se sumaron movimientos sociales, otras organizaciones populares y expresiones políticas contrarias al gobierno nacional. Fue un anticipo de la reciente, muy similar, del 21 de febrero, pero sin el rol protagónico del moyanismo y sin lograr la misma masividad. Aunque de todos modos fue una multitud la que respaldó aquella convocatoria de hace un año, que tuvo lugar frente al Ministerio de Producción (en Diagonal sur de la Capital Federal).
El hecho es recordado especialmente porque los triunviros anunciaron allí un paro nacional pero no dijeron cuándo lo harían -finalmente, hasta hoy no se hizo-, y esa sarasa dio lugar a que un grupo de participantes fuera hasta el escenario y le cantara a los dirigentes “Poné la fecha la puta que te parió” (con la misma melodía cantada últimamente en canchas de fútbol y otros encuentros masivos contra Macri, para desconsuelo anímico suyo y muestra de rechazo a su gobierno). Esa vez la cúpula cegetista fue increpada severamente y sus jefes debieron salir del lugar a las apuradas y escondidos.
También un año atrás, el 8 de marzo, se realizó el primer paro de mujeres que, con el antecedente de las históricas movilizaciones previas (2015, 2016) contra la violencia machista y singularizadas por la consigna #NiUnaMenos, significó que los movimientos de mujeres en general y las organizaciones feministas en particular empezaran a ocupar un lugar central en la sociedad y la política argentinas, como resultado de décadas de lucha, organización y crecimiento de la conciencia de género.
Fue una magnífica jornada en todo el país pero que terminó mal en la zona de Plaza de Mayo e inmediaciones, donde, luego de una marcha enorme, policías uniformados y encubiertos (vestidos “de civil”) atacaron, golpearon, denigraron y metieron presas a unas veinte personas. La gran mayoría de ellas eran mujeres; varias fueron manoseadas y algunas sufrieron la humillación de ser obligadas a desnudarse (ocultada, como es habitual, por la cadena de medios oficialistas, la noticia trascendió gracias al periodismo que es independiente del régimen gobernante, como el diario Página/12: https://www.pagina12.com.ar/24859-un-descontrol-policial-para-cazar-mujeres).
Aquel fue uno de los más explícitos operativos de violencia estatal y violación del Estado de derecho que vienen perpetrando, desde que asumieron, el gobierno macrista de la nación y sus equivalentes de varias provincias. El ultraje a las libertades democráticas y las garantías constitucionales es parte constitutiva del régimen político gobernante. La estrategia comenzó con la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala, se agravó en el segundo semestre de 2017 con el encarcelamiento de dirigentes kirchneristas gracias a simulacros de juicio ejecutados por jueces y fiscales antidemocráticos, y tuvo su expresión extrema y mortal en los asesinatos de Santiago Maldonado -a quien hacen aparecer como que “se ahogó”- y de Rafael Nahuel durante sendas protestas de la comunidad mapuche.
El mes de marzo de 2017 volvió a tener otra expresión de participación multitudinaria y federal en la jornada del 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esa conmemoración fue instituida oficialmente en 2002 por una ley del Congreso que disponía actividades alusivas en el ámbito educativo, y luego establecida como feriado nacional por otra ley que impulsó Néstor Kirchner en 2006. Ambas normas legales recogieron un legado histórico del movimiento de derechos humanos y de todos los sectores que enfrentaron a la dictadura genocida (1976-1983).
Se trata probablemente de un caso único en el mundo donde existe una jornada específica y oficial todos los años para repudiar a un golpe de Estado y a sus perpetradores. Orgullo para los argentinos y argentinas, en la fecha referida el país condena a ese y a todo régimen dictatorial, reivindica la lucha y los derechos populares contra cualquier forma de opresión y violencia del poder, y reafirma su compromiso con los derechos humanos, la paz y los principios democráticos.
Poco antes del 24 de marzo de hace un año, Macri había decretado que sería un feriado móvil, es decir, trasladable a los lunes, como forma de convertirlo en una fecha despojada de su profundo sentido histórico. El rechazo generalizado lo hizo recular y tuvo que anular la maniobra. Los manipuladores de masas, como el asesor presidencial Jaime Durán Barba, siempre han creído que los “derechos humanos” son un tema que sólo importa a una minoría. Confunden el carácter de vanguardia que tuvieron desde la dictadura hasta hoy las minorías intensas, valientes e incluso heroicas de luchadoras y luchadores populares, con la legitimidad y el respeto que la causa que ellas/os lideran se ha ganado en una parte muy grande de la población, particularmente en las generaciones posteriores a la época del terrorismo de Estado.
Luchas, a pesar de la violencia represiva
Como es propio del devenir humano en general, y particularmente en los acontecimientos políticos y sociales, lo que ocurrió en marzo de 2017 tiene similitudes y diferencias con lo que prefigura, en este 2018, el mes recién comenzado. Pero, significativamente, las continuidades son muy poderosas: las huelgas de docentes y de otros trabajadores/as se multiplican, el paro de mujeres del día 8 muy probablemente tendrá una fuerza igual o superior al año pasado, y para el 24 cabe esperar otra jornada de altísima participación no sólo en Buenos Aires, sino en todo el país.
Uno de los atributos más potentes de la lucha popular en Argentina es que existe una parte muy significativa de la sociedad que no se intimida ni amedrenta por la represión y la violencia del régimen. La cantidad de personas que salen a la calle continuamente para protestar y defender sus derechos aumenta de manera prácticamente continua, y además crecen su organización, compromiso y conciencia política.
En similar sentido, un conjunto vigoroso de militantes y referentes, ya sean políticos, sindicales, de organizaciones sociales, del movimiento de derechos humanos, del empresariado pyme y de espacios de la comunicación, la academia y la cultura, entre otros, han mantenido dignamente -con todos sus eventuales errores, contradicciones y aun miserias políticas o personales- una actitud firme de defensa de los intereses mayoritarios del pueblo, y por lo tanto de resistencia al régimen que está perpetrando una masacre social a través de sus decisiones de política económica, y además instaurando un sistema de sometimiento basado en métodos antidemocráticos y violentos.
Paralelamente, sectores sindicales y políticos que mantuvieron prolongadas alianzas cómplices con el oficialismo últimamente vieron la conveniencia de cambiar de estrategia, y así se ha ido fortaleciendo el espacio opositor.
Hay particularidades que diferencian este marzo de lo que pasaba hace un año. Pero, en lo esencial, vuelve a ser un momento donde los discursos oficiales del primer día del mes se olvidan rápidamente, y en cambio la agenda pública es ocupada por las organizaciones libres del pueblo y el conjunto de la sociedad civil.
