Por Pablo Pellegrino
“Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios deberían estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y Carlos De Sousa. No se necesitaría otra cosa que hacer un repaso por los más voluminosos procesos que transitan en sede comercial. Pero es evidente que la suerte no les sonríe a todos por igual…”.
La lapidaria frase forma parte de los argumentos que esgrimió el magistrado Jorge Ballestero de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Correccional Federal, que el viernes ordenó la “inmediata liberación” de los empresarios que se encontraban detenidos desde diciembre del año pasado acusados de “administración fraudulenta”, que con el fallo del tribunal de alzada pasó a ser “apropiación indebida de tributos”, en la que se les reclama una deuda con la AFIP de $8.000 millones.
A este fallo se sumó otro, quizás el más feliz de la semana, que fue el de la Cámara de Casación Penal, que revocó la prisión domiciliaria del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, que desde hacía algunas semanas gozaba del beneficio en el barrio Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata bajo la excusa de que su estado de salud no le permitía cumplir su pena en un establecimiento penitenciario común.
Pero además de estas noticias que se produjeron a las puertas del fin de semana, durante los días previos se conocieron importantes decisiones judiciales, cayeron operaciones mediáticas y hasta la Corte Suprema pateó el tablero judicial planteado por el macrismo.
Lorenzetti & Cia. contra el tribunal de Cambiemos
El 6 de marzo pasado, la Cámara de Casación Penal terminó de sortear las causas más resonantes contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que, por azar, cayeron en manos del polémico Tribunal Oral Federal N° 9, conformado por magistrados de reconocida parcialidad en contra de la exmandataria y que habían llegado a ocupar esos lugares por mayoría simple del Consejo de la Magistratura (con holgada mayoría macrista) y no por concurso.
Entre otras causas que tramitaba el tribunal, se encontraban las del supuesto encubrimiento a los ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA, por la que está procesada Cristina y están detenidos varios exfuncionarios y dirigentes políticos y sociales; la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero; y la del supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de ese empresario, que se había fusionado con el expediente de la anteriormente mencionada.
La Corte fue lapidaria: además de inhabilitar al TOF 9 y ordenar “de forma urgente” un nuevo sorteo de las causas, el máximo órgano de justicia del país también “exhorta enfáticamente a la Cámara Federal de Casación Penal a que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia”, como por ejemplo sortear causas a un tribunal que nunca fue habilitado por la Corte. Gravísimo revés en la estrategia del gobierno para que ese tribunal especial fuera el que desarrollara los “megajuicios” que desde hacía semanas venían anunciando los grandes medios de comunicación.
En diálogo con Contexto, el abogado Alejandro Rúa, que junto a Graciana Peñafort representan al excanciller Héctor Timerman en la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, celebró la resolución porque “se corresponde con las previsiones constitucionales en materia de nombramiento de jueces”, aunque consideró que “no dejó de sorprendernos porque se habían instalado ya de esa manera otros magistrados y no han recibido un cuestionamiento como este”.
“Hay otros casos de magistrados que no deberían continuar, como el caso del juez de Casación Mahiques”, recordó el letrado en referencia. Cabe recordar que a Carlos Mahiques lo unen varios lazos con el gobierno de Mauricio Macri: en 2015 dejó sus funciones porque María Eugenia Vidal lo nombró ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires; luego de su paso por la gestión bonaerense, volvió a la tarea judicial y accedió gracias al Consejo de la Magistratura -donde su hijo, Juan Bautista Mahiques es representante del Poder Ejecutivo- a la Cámara Federal de Casación Penal sin concursar.
“Los mismos motivos con los que ayer la Corte no habilitó al TOF 9 parecen de ineludible aplicación para otros jueces que están en funciones”, expresó Rúa.
La perlita de la operación “venta de libros” y la tardía evidencia norteamericana
«Yo lo que vi son los bolsos. Vi personas, vi movimiento, y después un compañero mío de trabajo me dijo ‘agarrá. Tomá el peso. ¿Cuánto hay acá? No tengo ni idea. Mucha plata’. Se pesa. Es más, dije ‘pasame algunos para mí. Están contados, están muy bien contados mejor dicho’, me dijo. Esos bolsos iban a Olivos y de ahí al sur”, dijo en el programa de Jorge Lanata en 2013 Miriam Quiroga, supuesta exsecretaria de Néstor Kirchner, y que dio testimonio sobre presuntas maniobras delictivas llevadas a cabo por el expresidente que involucraban bolsos, dinero y aviones con destino a Santa Cruz. “Los hechos no existieron” fue el motivo por el que la Justicia cerró esta semana la denuncia que originó Elisa Carrió.
El relato de la mujer se basaba en su naturaleza de testigo privilegiado que, desde una supuesta oficina cercana a la de Néstor, veía el movimiento de dinero sucio que circulaba impunemente (e increíblemente) por los pasillos de la Casa Rosada.
El fallo concluyó que Quiroga nunca fue secretaria de Kirchner y que los hechos denunciados no existieron. El caso, que tuvo alto vuelo periodístico en 2013, fue desmentido por un policía que fue pareja de la mujer. Todo lo dicho en el programa de Lanata perseguía un solo objetivo: incrementar las ventas de su libro Mis años con Néstor, lo que vi.
El lunes, aunque tarde, cayó otra operación periodística. Esta vez originada en el extranjero por la revista Veja de Brasil y retomada en Argentina por el periodista de Clarín Daniel Santoro. En 2015, la revista carioca publicó un artículo en el que aseguraba que Máximo Kirchner y Nilda Garré tenían una cuenta millonaria en el exterior, precisamente en el banco Felton de Delawere, reconocido paraíso fiscal norteamericano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos contestó un exhorto al juez federal Marcelo Martínez de Gioirgi que en esa entidad financiera nunca existieron cuentas con los nombres o números que se aseguraba estarían los 41 millones que ocultaban el hijo del matrimonio presidencial y la exministra de Defensa.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó dos años después que no era cierto. Sí, como lo leés: durante dos años mantuvo la confidencialidad de la información dejando correr una denuncia falsa desde 2015 hasta septiembre de 2017”, fue el descargo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en las redes sociales, en el que además mostró la tapa del diario que informaba sobre la presunta maniobra fraudulenta con la pregunta: “¿Te acordás de esta tapa de Clarín en 2015, año de elección presidencial?”
Al que le siguen encontrando cuentas en el exterior confirmadas por fuentes oficiales es al presidente y su familia y a su ministro de Finanzas. El martes, el diario Página/12 reveló la existencia de nuevas sociedades offshore controladas por la familia Macri en Londres, Paraguay y Uruguay con movimientos millonarios, y el sábado, la empresa Noctua que administra fondos de inversión radicada en las Islas Caimán, confirmó que Luis “Toto” Caputo, el ministro encargado de las finanzas nacionales, fue su dueño, a pesar de los sucesivos intentos del funcionario por negarlo.
La semana, como se dijo antes, cerró con al menos una buena noticia que llega desde los lúgubres espacios de administración de justicia: el único lugar para un genocida es la cárcel.
