El asesinato en Rio de Janeiro de la líder social y concejala (en portugués, vereadora) Marielle Franco es otro síntoma de la espiral de violencia política que se apodera de un país cuando se destruye el Estado de derecho y se habilitan los crímenes desde el aparato estatal. El hecho debería ser tomado como una advertencia para Argentina, donde el actual régimen gobernante despliega desde sus comienzos una estrategia violenta en muy variadas formas.
Ejemplos: hostigamiento contra luchadoras/es sociales (privación ilegal de la libertad de Milagro Sala y otras/os miembros de la organización Tupac Amaru); ataques a las personas, sus territorios, casas y demás bienes en poblados extremadamente humildes de una comunidad originaria considerada enemiga por el oficialismo (habituales allanamientos violentos a poblaciones mapuches); ultraje a las libertades públicas y las garantías constitucionales (agredir a personas que participan en protestas callejeras, o directamente meterlas presas, castigarlas físicamente, humillarlas moralmente, inventarles acusaciones penales y hasta causarles daños físicos para siempre, como a las víctimas que perdieron un ojo por las balas de goma policiales en los sucesos de diciembre pasado frente al Congreso), etcétera.
Asimismo, se ejecutan simulacros de juicio contra exfuncionarios u otros referentes opositores para justificar tenerlos prisioneros y denigrarlos políticamente (como Carlos Zannini, Julio De Vido, Luis D’Elía, Fernando Esteche o Jorge “Yussuf” Khalil, o como les ocurrió a los ahora liberados Amado Boudou, Héctor Timermann y Roberto Baratta, y como amenazan permanentemente hacerlo con Cristina Kirchner y miembros de su familia, y con Oscar Parrilli y una larga lista de dirigentes kirchneristas sometidos a ensañamiento político con apariencia “judicial”).
En una escalada que agrava infinitamente todo lo anterior, personal armado dependiente del gobierno nacional –de Gendarmería Nacional o de Prefectura Naval– ha perpetrado la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y también el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Meses después, el propio Mauricio Macri exhibió como héroe al policía Luis Chocobar por haber asesinado por la espalda a un ladrón.
En el último episodio de esa saga de criminalidad estatal explícitamente respaldada por el gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de justificar el asesinato –mediante un tiro en la nuca– del niño tucumano Facundo Ferreira, de doce años (lo hizo este viernes 16, entrevistada por Radio Nacional. El portal Diario Registrado publicó un extracto de sus declaraciones y el audio respectivo).
Dictadura judicial
En Brasil, la degradación del Estado de derecho fue iniciada por el propio Poder Judicial. Como parte de una estrategia diseñada en Estados Unidos para desalojar del poder a los gobiernos populares y, si les fuera posible, impedir que puedan volver, una judicatura antidemocrática desató una persecución política mediante simulacros de juicio contra Lula Da Silva, Dilma Rousseff y otros referentes del Partido de los Trabajadores (PT).
La figura rutilante de la corporación que se encamina a instalar una dictadura judicial en el vecino país y con proyecciones en toda Latinoamérica fue (es) el juez Sergio Moro. Todo su accionar insidioso de varios años tuvo (tiene) un efecto de envenenamiento político e ideológico sobre la sociedad debido a la acción psicológica desplegada veinticuatro horas al día por la cadena mediática O Globo (equivalente brasileña de la cadena Clarín, pero aun mucho más poderosa por tratarse de un país con mayor volumen poblacional y económico).
Ni a Lula ni a Dilma pudieron encontrarles delito alguno y debieron inventarlos. A él lo acusaron de haber cobrado en carácter de coima un departamento en un balneario del litoral marítimo en el estado de São Paulo. El inmueble ni siquiera es de su propiedad. El aparato judicial condenó a Lula en primera instancia a nueve años y medio de prisión, y en segunda instancia a doce años. Evaluaciones coincidentes de fuentes muy diversas consideran que en cualquier momento podrían meterlo preso, como forma de prohibirle ser candidato a presidente y evitar así que gane la elección de este año y vuelva al gobierno.
A la expresidenta la derrocó un Congreso inficionado por la corrupción, el autoritarismo y las mafias. Le atribuyeron “delito de responsabilidad” por haber modificado el destino de partidas del presupuesto nacional. En reemplazo de Rousseff asumió su vice, el tránsfuga Michel Temer. El actual presidente de facto es el ejecutor de una reestructuración de la economía y la sociedad, reclamada por las clases dominantes brasileñas aliadas a los cárteles capitalistas trasnacionales y a la geopolítica norteamericana, y destinada a eliminar los avances democratizadores y de reparto de la riqueza logrados en los catorce años y medio de gobiernos del PT (2002-2016).
Militarización brasileña
Los mecanismos de dominación, intimidación y represión contra el pueblo de Brasil incluyen una militarización creciente del poder político y de la vida social, en un país que entre 1964 y 1985 sufrió una de las más prologadas dictaduras latinoamericanas del siglo XX (una esclarecedora nota del periodista, escritor y traductor brasileño Eric Nepomuceno, habitual columnista de Página/12, puntualizó el domingo 11 cómo se lleva a cabo el paulatino copamiento militar de altos cargos de gobierno).
Como parte de esa ofensiva guerrerista y armamentista, el 16 de febrero Temer ordenó al Ejército asumir el control de las operaciones policiales y del sistema carcelario en Rio de Janeiro, y designó a un general como jefe de todas las tropas a cargo de la “seguridad pública”. Pocas semanas después, el jueves 15 de marzo, fue acribillada a tiros en plena ciudad, mientras viajaba en un auto, la concejala Marielle Franco. En el mismo hecho fue asesinada una colaboradora suya.
Marielle tenía 38 años y era favelada (es decir, nacida y criada en una favela, que es el nombre con que se designa en Brasil a los barrios de pobreza generalmente extrema que en Argentina se denominan “villas” o, un poco en desuso, “villas miseria”). Había estudiado sociología y era feminista, militante por los derechos humanos y de izquierda.
Brasil ha sido calificado como “el país con más asesinatos en el mundo”. Datos del Ministerio de Salud afirman que entre 2001 y 2015 sufrieron muerte violenta más de 786.000 personas. Observaciones comparativas indican que la cantidad de víctimas mortales es superior a la de países en guerra como Siria e Irak. Estos datos fueron divulgados por O Globo, la poderosa cadena mediática que constituye uno de los poderes de facto, corporativos y antidemocráticos más influyentes de Brasil.
La información está contenida en un documental emitido en diciembre de 2017. El efecto buscado por la pieza comunicacional era generar en la opinión pública una demanda de “mano dura”, favorable a la militarización del país. No obstante, por encima de esa acción psicológica que apela a una estética audiovisual y una emotividad cuidadosamente estudiadas para calar hondo en la subjetividad de las personas que ven/escuchan el documental, se trata de cifras verosímiles y eventualmente ciertas (en Argentina, el diario La Nación publicó un breve texto más el video de catorce minutos elaborado por la cadena brasileña y subtitulado en castellano).
“Guerra” mexicana contra los narcos
En la realidad contemporánea latinoamericana, otro proceso de violencia atroz tiene lugar en México. Allí se vive una cotidiana masacre donde es muy directa y explícita la relación causa-efecto entre ciertas decisiones gubernamentales y una criminalidad sin límites, ya que los asesinatos se multiplicaron al infinito desde 2006, cuando el entonces presidente derechista Felipe Calderón (del Partido de Acción Nacional, PAN) declaró la “guerra contra el narcotráfico” y otorgó poderes privilegiados a las fuerzas armadas.
Una información de hace pocos meses reveló que en los seis años del mandato de Calderón más los cinco que llevaba en el poder su sucesor Enrique Peña Nieto (del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y quien terminará su periodo en diciembre próximo) fueron asesinadas en el país 234.000 personas (las cifras provienen de dos organismos estatales, los cuales fueron reflejados en un nota del 23 de noviembre de 2017 de The Huffington Post, periódico digital de tendencia liberal editado en Estados Unidos).
Otra información señala que sólo en 2017 hubo en México más de 29.000 asesinatos, de los cuales 671 fueron femicidios, o “feminicidios”, según la fuente periodística aquí referida (son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los difundió a principios de este año Aristegui Noticias, plataforma digital que constituye una de las más valiosas fuentes informativas mexicanas que no responden al gobierno ni a las cadenas mediáticas privadas, y que dirige la prestigiosa periodista Carmen Aristegui).
Alerta para Argentina
Las violencias apocalípticas desatadas en países como Brasil y México son el resultado terrible de decisiones políticas semejantes a las adoptadas por el gobierno macrista, y por lo tanto constituyen un alerta. Argentina necesita reaccionar a tiempo y escapar de la escalada hacia un mayor armamentismo, militarización y cualquier forma de “guerra”, como impulsan el oficialismo y otras expresiones de la derecha política y mediática, ya sea contra “el narcotráfico” en general o contra lo que el discurso dominante llama “la delincuencia”.
Frente a esas dinámicas violentas extremadamente complejas, algunos de los problemas más difíciles de solucionar se deben precisamente a la penetración de las organizaciones delictivas en instituciones estatales, o sea, a la propia corrupción, ilegalidad y criminalidad en estructuras policiales, judiciales, militares, del espionaje y carcelarias.
Ante ello, el primer recurso indispensable es implantar el Estado de derecho en todas las instituciones ligadas al ejercicio de la fuerza pública legitimada por las normas jurídicas, lo cual implica como prioridad democratizar las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, el sistema judicial y los servicios de inteligencia. Además, también prioritariamente, implica humanizar los sistemas penitenciarios.
Es decir, todo lo contrario de lo que hizo México en los últimos años, de lo que está haciendo Brasil, y de la peligrosa estrategia “guerrerista” del gobierno de Macri y sus aliados de las corporaciones –judiciales, armadas, mediáticas, económicas, etcétera–, que ejercen actualmente el poder en Argentina.
