Por una ley que impulsó durante su mandato el expresidente Néstor Kirchner, en Argentina, cada 24 de marzo es feriado nacional y se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La norma se sancionó en 2006, cuando se cumplían treinta años del golpe de Estado tras el cual se instauró la dictadura genocida que duraría hasta 1983. Pocos años antes, en 2002, la jornada había sido legalmente instituida como tal (como Día Nacional), pero sólo acotada al sistema educativo, donde debían realizarse actividades conmemorativas.
La ampliación del significado jurídico, institucional y social de la fecha con carácter de “feriado nacional” dio lugar a discrepancias públicas que incluyeron a algunos de los más reconocidos líderes del movimiento de derechos humanos y además referentes éticos del país, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas. Las críticas apuntaban al riesgo de que la recordación se frivolizara y se convirtiera solamente en un feriado festivo y despojado de su sustancia política e ideológica (el diario La Nación reflejó las posiciones planteadas en una nota del 15 de marzo de 2006. Como a veces ocurre en ese medio, a pesar de tratarse del tema más sensible para la ideología de la empresa editorial, dicha nota preservó el decoro informativo y la seriedad periodística).
Transcurrida más de una década desde aquellos legítimos debates, la realidad es contundente. Una parte considerable de la población dedica el feriado al turismo, la recreación, el descanso y el esparcimiento –algo que no ocurrió especialmente esta vez, porque la fecha correspondió a un sábado y porque además la acumulación de feriados más sábado y domingo ocurrirá la semana entrante–, pero otra parte protagoniza, incluso sin perjuicio de compartir los aspectos recreativos, una extraordinaria movilización colectiva en todo el país para defender y exaltar valores éticos y cívicos profundamente arraigados y vinculados, precisamente, con la memoria, la verdad y la justicia.
Los modos de esa movilización –tomando este último término en su sentido más amplio– no se limitan a manifestarse en calles, plazas y demás espacios públicos, sino que son infinitos e incluyen tareas específicas dentro del sistema educativo formal, así como recursos expresivos de la cultura y de la comunicación, y en ocasiones también del deporte.
Desde clases formativas para niños, niñas y adolescentes en escuelas y colegios, pasando por actividades artísticas y académicas en las más diversas modalidades, hasta la presencia del tema mediante narrativas periodísticas, literarias, cinematográficas y de variados formatos ficcionales, musicales, etcétera, en los medios de cualquier soporte tecnológico comunicacional (medios tradicionales, redes digitales, mensajería telefónica, etcétera).
De todos modos, la demostración más imponente, visible y emblemática de la jornada son las multitudinarias manifestaciones populares en el centro de Buenos Aires y en prácticamente todas las ciudades importantes de las provincias argentinas. Centenares de miles de personas de todas las generaciones y clases sociales –con predominio, pero no excluyente, de sectores de las clases medias progresistas–, así como de todas las regiones del país, se juntan en el espacio público y manifiestan con un cuerpo al lado del otro un patrimonio compartido de ideas y sentimientos humanistas y solidarios.
Una conmemoracion nada “natural”
Si bien las personas individualmente, o los grupos humanos pequeños, o las sociedades más ampliamente consideradas, tienden –tendemos– a naturalizar situaciones que se constituyen en nuestro contexto de socialización y de las cuales son –somos– parte, nada de lo que ocurre cada 24 de marzo en Argentina tiene algo de “natural” o casual. Todo lo contrario.
El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una construcción histórica colectiva iniciada, sin saberlo, en total soledad y bajo el terror, por personas que buscaban a sus familiares desaparecidos y por otras/os dignas/os y valientes militantes, más unas pocas personalidades públicas, y tiene pocos o ningún antecedente en el mundo y hoy es orgullo para nuestra patria.
Se trata de un caso excepcionalísimo o único a nivel internacional (cuál de las dos afirmaciones corresponde, queda sujeto a estudios y comprobación rigurosa), donde existe una jornada específica y oficial todos los años para repudiar un golpe de Estado, a sus perpetradores y todo el horror que significó aquella etapa.
Nacida de la más terrible tragedia política sufrida por el país en su historia contemporánea, pero resignificada y revertida como símbolo de reservas éticas e ideológicas atesoradas por una porción muy grande de argentinos y argentinas, la fecha expresa el repudio de la nación al gobierno de facto y terrorista de 1976-1983 y a todo régimen dictatorial, y al mismo tiempo reivindica la lucha y los derechos populares contra cualquier forma de opresión y violencia del poder, y reafirma el compromiso con los derechos humanos, la paz y los principios democráticos.
Hace un año, Mauricio Macri quiso convertir el 24 de marzo en un feriado móvil –trasladable a los lunes, para acoplarlo a un fin de semana largo sólo turístico y ajeno al hecho político– y se encontró con un rechazo generalizado que los reflejos marketineros del gobierno detectaron rápidamente. Por eso, el oficialismo reculó y la medida quedó en la nada.
Un mes y medio después, en mayo de 2017, la Corte Suprema de la derecha otorgó el beneficio del 2×1 –criterio según el cual cada día de prisión vale por dos– a un criminal de la dictadura que había sido juzgado y sentenciado, con la pretensión de empezar a dejar sueltos a los genocidas condenados. Pero nuevamente la respuesta política de un significativo conjunto social fue magnífica y asombrosa: una multitud en Buenos Aires y grandes manifestaciones en diferentes ciudades frenaron la escalada hacia la impunidad.
Hasta la pusilánime mayoría oficialista y opo-oficialista del Congreso, que desde fines de 2015 ha permitido todo tipo de atropellos al Estado de derecho, los intereses nacionales y las conquistas populares, tuvo que aceptar esa vez la sanción urgente de una ley para impedir que ese siniestro criterio “legal” pudiera extenderse y generalizarse.
Otro caso significativo de igual orientación ideológica es el rechazo de múltiples organizaciones y hasta del Concejo Deliberante de Mar del Plata, acompañados por vecinos movilizados, de la “prisión” domiciliaria del criminal de la dictadura Miguel Etchecolatz. Ese activismo político desde las bases sociales se tradujo en una decisión judicial que volvió a enviar a la cárcel al emblemático genocida.
Impunidad y resistencia
Igual que en los ejemplos anteriores, también lo que ocurre cada 24 de marzo es la reafirmación de una capacidad política potente que ejercen amplios sectores de la sociedad argentina para defender valores democráticos profundamente arraigados. Sin embargo, “potente” no significa “omnipotente” (valga el juego de palabras), porque nadie puede imponer completamente su voluntad en ninguna puja de poder, sino que todo depende de la fuerza que logre acumular cada quien en las respectivas disputas.
Nada garantiza, en consecuencia, que la derecha no consiga la impunidad de los genocidas como intenta continuamente, o que no consiga encubrir la violencia estatal del presente, como los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; el encarcelamiento de luchadoras/es populares como Milagro Sala y de dirigentes opositores, aunque felizmente algunos de ellos acaban de ser liberados; el hostigamiento mediante persecución y espionaje contra familiares de muertos por crímenes del Estado, como le ocurre a la familia Maldonado; los reiterados asaltos de personal armado del Estado a territorios y viviendas de la comunidad mapuche; el arresto, maltrato e invento de acusaciones penales contra personas que participan en protestas callejeras o que pasan circunstancialmente por el lugar; el asalto con fines intimidatorios a los domicilios de referentes del sindicalismo, los derechos humanos o el periodismo opositores al régimen gobernante; la persecución y censura contra periodistas críticos al oficialismo, etcétera, etcétera.
Lo que sí está garantizado gracias a la construcción germinada por la lucha de los militantes y dirigentes heroicos que enfrentaron a la dictadura genocida –proceso que tuvo, por supuesto, antecedentes en etapas anteriores– es que ese legado histórico que creció y se desarrolló durante más de cuatro décadas ha conquistado la conciencia de una parte muy grande de la población, particularmente en las generaciones posteriores a la época del terrorismo de Estado.
Por eso, aunque la derecha es capaz de perpetrar ataques a las libertades democráticas y a los derechos humanos como hace desde que tomó el control del Estado a fines de 2015, y aunque a veces lo consigue porque tiene maquinarias políticas, judiciales, del espionaje, mediáticas y económicas que son extremadamente poderosas, nunca le resulta fácil y en cada ocasión encuentra resistencia.
Es que en Argentina existen una sociedad civil muy activa y organizaciones populares en condiciones de movilizarse, que en las circunstancias menos esperadas por los enemigos del pueblo y de la democracia saben construir una barrera social y política difícil de atravesar.
